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Descontrolada proliferación de candidatos

¡Bienvenido 2026!, pese a las asperezas que en materia política, social y económica este año nos esperan y a que el anterior año ya terminamos con algunos esbozos de resistencia a las medidas del nuevo gobierno nacional por parte de radicales que son caricatura de la otrora gloriosa organización de los trabajadores, el débil sistema de partidos ya muestra algunos de sus resultados, como la reproducción de frentes, alianzas, partidos, agrupaciones y ramas más afines al compadrazgo y ambición de poder que a la política y al servicio que de su ejercicio debe desprenderse. Con tanta sigla, y sobre todo con alrededor de 35.000 aspirantes a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, nuestra democracia muestra una vez más su debilidad.

Sobre ello, muchos dirán que más bien es una prueba de la fortaleza de nuestra institucionalidad democrática que permite a todos ser electos, pero en un escenario donde los méritos son nulos en por lo menos el 80% de los postulantes a gobernadores y alcaldes y donde cualquiera se siente capacitado para ser autoridad, lo único que se logrará es que el ciudadano esté obligado a elegir entre dos o tres como máximo en los municipios más grandes del país como Santa Cruz, La Paz o El Alto, haciendo un guiño despreciativo por los restantes a tiempo de emitir su voto, cuyo aporte al sistema se redujo únicamente a hacer de la papeleta una brutal sábana electoral. Y no faltará quien piense que la amplitud de candidaturas también puede permitir al elector optar por quien en los papeles previos tiene casi nula posibilidad de triunfo, tal como se vio en los comicios generales, en que ni al propio presidente, en sus más dulces sueños, se le pasó ganar cómodamente como en la vida real lo hizo. Pero eso no es más que un accidente de la política cuyo juego, en Bolivia más tirado al interés personal que pensando en el servicio al país, no es lo que, en términos de lo usual, ocurre.

Consiguientemente, pretender ser candidato a cargo público tendría que demandar cierto grado de escrúpulos y consideraciones formativas, morales y técnicas. La inocultable tradición corruptiva de nuestra política, traducida en un desmedido interés de mejorar su economía personal y, como yapa, adquirir poder, hace que todos los “salvadores” tejan hipócritas esperanzas de bienestar.

Aunque aún no estamos en la etapa de campaña oficialmente autorizada por el TSE, los candidatos de La Paz, Santa Cruz y El Alto ya optaron por hacer sus primeras ofertas en el caso de los que buscan las alcaldías y gobernaciones, y es seguro que la mayoría de ellos no podrá mostrar públicamente una trayectoria de acción ciudadana, cívica o de conocimientos del entorno que aspiran representar. No, no es suficiente haber sido periodista, activista, cantante, artesano o futbolista, como generalmente nuestros partidos políticos buscan como credenciales de una segura carnada que el elector pique, sin importar la ausencia de compromiso ideológico con quien auspicia su candidatura.

Muchos de los candidatos han tenido una vida política gitana en diferentes tiendas políticas, indicador de que no tienen una posición clara al respecto, o si la tienen, la subordinan al oportunismo de los partidos. Muchos de los candidatos, sin rubor, representan a partidos o agrupaciones que en el pasado fueron sus enemigos. Esto no tiene nada que ver con el mandato bíblico de perdonar 70 veces siete, y sí con la picardía criolla de nuestra gente.

La democracia solo se vería fortalecida si la profusión de candidatos a los gobiernos departamentales y municipales del eje también fuera de calidad, pero la mayoría adolece de aptitudes para el cargo que optan, de modo que sobran los dedos de una mano para en cada uno de los departamentos del eje central contar candidatos a los dos niveles de gobierno en conjunto, que tengan estatura moral y técnica para ser candidatos. Que el ordenamiento jurídico les permite serlo, claro que sí, nadie lo niega, pero en unas semanas más veremos acalorados discursos con simplificaciones vulgares de la realidad. Y la bandera anticorrupción —ya lo verán— la izan todos, hasta los más corruptos, aunque eso no es un proyecto de gestión porque es una condición mínima que exige lo público y la decencia, pero como al pillaje estamos tan acostumbrados entre nuestros gobernantes, es ineludible para los candidatos o precandidatos —para el caso es lo mismo— referirse a ella.

Augusto Vera Riveros es jurista y escritor

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