El espíritu o esencia de los derechos humanos en su cumplimiento y vigencia es la garantía que todos tenemos acceso, sin ninguna restricción, a la vida, libertad, alimentación, salud, trabajo, educación, deportes, un salario digno, a elegir y ser elegido, participar. Es decir, todos somos iguales, sin discriminación, privilegios ni abusos.
Precisamente el mandato claro y contundente de la Constitución Política del Estado Plurinacional es que los más de 11 millones de bolivianos tenemos derecho a gozar y ser parte de la construcción de un mejor país, en base, a esos preceptos universales de condiciones dignas para vivir, trabajar, alimentar, estudiar, viajar, formar familias, etc.
No es sólo la Constitución Política que nos señala ese camino y que el Estado está en la obligación de respetar, hacer respetar y hacer todos los esfuerzos para su cumplimiento. También están los convenios y tratados internacionales de derechos humanos. Son muchos los que el gobierno de Bolivia, el actual y los anteriores han suscrito, pero solo vamos a mencionar tres: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 23 de marzo de 1976 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, del 22de noviembre de 1969.
Estos instrumentos legales y constitucionales exigen al Estado boliviano evitar toda acción que perjudique o atente a gozar de los derechos, que en el caso que nos ocupa: los bloqueos como vulneradores de los derechos humanos, no pueden ser considerados como un derecho a la protesta social, que se pueda atribuirse algún dirigente o movimiento político. No es un derecho, es una acción extrema y violenta de un grupo determinado frente al conglomerado de seres humanos que necesita trasladarse de un lugar a otro, ya sea para el trabajo, la escuela, transportarse con sus productos que le dan sustento diario o simplemente está de turista.
Y la Defensoría del Pueblo que tiene mandatos precisos y transparentes en la defensa de los derechos humanos del conjunto del pueblo boliviano, no cumplió con su rol constitucional, porque a lo largo de más de 19 días de los bloqueos ilegales, violentos y destructivos, no se percató de la vulneración a los derechos a la vida, al transporte, educación, alimentación, salud, seguridad, paz social que fueron objetos la mayoría del pueblo boliviano. Pero cuando detuvieron a algunos bloqueadores para que respondan ante la justicia, ahí sí apareció el Defensor del Pueblo, Pablo Calizaya, defendiendo o protegiendo a los bloqueadores. Paradojas sospechas del accionar de la autoridad defensorial.
En estos últimos días los bolivianos hemos sido prohibidos o cercenados en nuestros derechos por la realización de una serie de bloqueos, liderados por el ex presidente Evo Morales, que movilizó a sus bases a las carreteras nacionales y rutas departamentales, cuando existen procesos penales en su contra, como los abusos sexuales que cometió contra niñas y adolescentes.
¿Por qué no es un derecho recurrir a los bloqueos de las carreteras? Todo bloqueo, sea de las instituciones cívicas, vecinales, movimientos sociales, pueblos indígenas o demás sectores son ilegales y violentos, porque obstruyen, cercenan, niegan los derechos humanos de los otros, de los que no participan en esa acción de poner piedras, palos, arena, clavos en las rutas donde están asentados los bloqueadores.
Esa mayoría de personas que no son parte de los bloqueos tienen necesidades y prioridades para afrontar el diario vivir, luchar por sus familias, trabajar para ganarse el pan de cada día, esforzarse en sus estudios, tratar de vivir sin mayores sobresaltos, convivir en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, pero cuando de pronto un grupo a nombre del Estado Mayor del Pueblo, bloquea e interrumpe el normal desarrollo de las actividades, pues, sencillamente está violando esos esfuerzos y sueños de millones de personas.
La Constitución Política del Estado garantiza la libre circulación de cada uno de los habitantes de este país, exigiéndole al gobierno la ejecución de medidas preventivas para evitar esos bloqueos, y en último caso, el uso de la fuerza policial y militar, tal como ocurrió hace algunos días, operativos que lograron desbloquear y desmovilizar a un determinado sector que demostró su fuerza y sus garras para destruir empresas, emprendimientos y golpear la economía de los pobladores.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos manda respetar el derecho a la vida que es inherente a cada persona; en su artículo 12, señala: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él”. De igual manera, lo establece el Pacto de San José de Costa Rica, en relación a la libre circulación.
Si los movimientos sociales, sindicales o caudillos tienen alguna demanda y quieren hacerse escuchar, pues deben recurrir al sacrificio personal y grupal, es decir, ahí están los otros instrumentos de luchas: la huelga de hambre, que demanda honestidad y un enorme esfuerzo para su cumplimiento; las marchas permanentes; los paros; las demandas judiciales y muchas otras, pero ya no pueden fácilmente gritarnos “A los bloqueos hasta las últimas consecuencias”, porque este país y sus habitantes ya no aguantamos más a los destructores bloqueadores.
“Y ahora quién me devolverá la pérdida de mis productos, ya no se puede seguir así, porqué nos bloquean, porqué son tan malos”, dijo entre lágrimas un productor bananero que botó toda su mercancía en la ruta de Chimoré. Bananas podridas.
Esas lágrimas me recuerdan este mito griego sobre la Edad del Hierro: “A medida que pasan las generaciones se vuelven peores. Vendrá un tiempo en que serán tan malvadas que adorarán el poder; la potencia tendrá razón para ellas, y dejarán de reverenciar el bien. Finalmente, cuando nadie se indigne ante el mal ni se avergüence en presencia de un miserable, Zeus los destruirá también. Pero aun entonces podría hacerse algo si la gente del común se alzara y debelara a los gobernantes que la oprimen”.
