Durante más de quince años de despilfarro y mala gestión de gobierno, el MAS ha creado empresas estatales deficitarias, elefantes blancos, rosados y celestes, para que le cueste al Estado y a los contribuyentes mantener a flote proyectos mal concebidos desde su inicio, caprichos del cacique que sigue mandando entre bambalinas.
No es de extrañarse que las empresas estatales quiebren, puesto que no se hacen estudios de factibilidad, y si se hacen, son obviados para contratar directamente a empresas fantasmas o de “cara conocida” (como la CAMC), pues las decisiones ya están tomadas de antemano. Crear empresas del Estado no es sino una argucia para beneficiar a seguidores masistas, así no tengan ninguna calificación para ocupar cargos y así esas empresas sean incapaces de generar ingresos.
El índice de productividad laboral de Bolivia era uno de los más bajos del mundo, pero en tiempos del masismo empeoró por esa costumbre perversa de convertir a las empresas en botines para pagar a obsecuentes y a familias enteras de oportunistas políticos.
El colmo de los colmos es cuando las empresas del Estado, ineficientes y corruptas, subcontratan a empresas privadas para que les hagan el trabajo, con frecuencia empresas “accidentales” que solo se crean porque hay un contrato a la vista, por el cual generalmente pagan una tajada al burócrata del gobierno que pone la firma.
Como no hay remedio para la ineficiencia y la corrupción, para el reparto de cuotas de poder y para el nepotismo, lo que hace el gobierno del “presidente” Arce es cambiar de rótulos para disimular.
De la misma manera que Ametex fue comprada para quebrarla con el nombre de Enatex (por corrupción, hasta ahora sin juicios), y que Cambio -el diario del Estado- se llama Ahora el pueblo (y recibe subvenciones millonarias para flotar con sus magras ventas), también le cambiaron de nombre a Aasana, para convertirla en Naabol, la misma chola con otra pollera, que permitirá reciclar masistas para continuar con la espiral de corrupción.
El MAS nos mete “naabos” en la boca para disimular su incapacidad administrativa y el alto grado de corrupción en el aparato estatal. Jamás en la historia de Bolivia hubo antes un gobierno que hiciera “florecer” de manera tan grosera la burocracia del Estado (la duplicó), para dar empleo a militantes obsecuentes que luego ponen parte de sus salarios y de su tiempo “para el partido”.
El mal ejemplo ha cundido incluso en gobiernos municipales como el de Santa Cruz, donde se descubrió el tráfico de dos mil ítems fantasmas, algo que se remonta a la gestión de uno de los mejores aliados de Evo Morales: el “hermano” Percy Fernández. Así funciona el aparato del Estado en todos sus niveles, la corrupción se ha vuelto “normal” en Bolivia.
El próximo “naabo” que nos quieren meter es el de la “reforma judicial”, que había sido anunciada por el ministro Lima-limón cuando asumió el cargo, luego descartada por órdenes superiores, y ahora otra vez sobre el tapete con las condicionantes que conocemos: la reforma no hará sino afianzar al MAS en la maquinaria judicial, manteniendo las piezas más fáciles de comprar y moldear.
Lo más seguro es que refloten los nombres de magistrados deshonestos que aparecen de tiempo en tiempo en las noticias (siempre por malas razones), desde Juan Lanchipa (que escondió en su escritorio el peritaje de la grabación de Evo Morales llamando a cercar las ciudades), y Omar Michel, hasta el último juez corrupto que libera a feminicidas cuando le pagan, pasando por los fiscales con prontuario como Omar Mejillones, Lupe Zabala, Rudy Terrazas, Harold Jarandilla o Edwin Blanco, que ahora embarazan de corrupción a la cegatona justicia.
Basta buscar esos nombres en internet para darse cuenta de lo que son: cada uno de ellos tiene acusaciones y juicios pendientes, y sin embargo la mayoría sigue ejerciendo la “justicia”, por ejemplo, los fiscales que determinaron el encarcelamiento arbitrario de la expresidenta constitucional Jeanine Añez. ¿Con qué ética o ley lo hacen?
Alfonso Gumucio es escritor y cineasta
