En plena desolación mundial debido al coronavirus, la esperanza puesta de la población boliviana en la adquisición de respiradores para terapia intensiva se vino abajo cuando se supo que los primeros 170 equipos que arribaron al territorio nacional no cumplían con las especificaciones técnicas para este propósito. El golpe fue letal, pero no terminaba ahí.
El viernes 15 de mayo la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, entregaba 20 de estos respiradores en Cochabamba, señalando: “Estamos haciendo todos los esfuerzos también por ayudar a que los bolivianos tengan condiciones dignas para ser atendidos en esta situación”.
Un día después la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva advertía que los equipos no podían ser utilizados en las unidades de terapia intensiva porque no cumplía ni con el 10 por ciento de las especificaciones técnicas mínimas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El daño a la población boliviana vulnerable ya por un sistema de salud precario heredado del Gobierno anterior era irreparable.
Ante este panorama que poco a poco se salía de las manos del Gobierno actual, el ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas junto a la Ministra de Comunicación, Isabel Fernández, salieron a dar una conferencia de prensa para defender la adquisición de los equipos resaltando sus bondades. Pero, además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitía un comunicado en el que se destacaba dicha compra y recordaba que no tuvo objeción a la misma.
Este teatro y todos los argumentos se desplomaron cuando las investigaciones periodísticas develaron que el Gobierno no solo había adquirido aparatos que no servían para terapia intensiva, sino que los habían comprado con sobreprecio y a través de intermediarios, obviando las propuestas de empresas nacionales.
Se descubrió que el Gobierno boliviano pagó por cada respirador básico con accesorios la suma de 28.080 dólares, cuando el costo por unidad directamente de la fábrica era de 7.194 dólares. La situación era insostenible.
Horas más tarde salía la burda respuesta de Áñez a través de su cuenta de Twitter indicando lo siguiente: “Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”.
Bolivia han soportado escándalos como el desfalco del Fondo Indígena o el caso taladros de YPFB, pero éste es en extremo vergonzoso al ejecutarse en plena crisis mundial por una pandemia. ¿Quién nos devuelve el tiempo perdido? ¿Cómo recuperamos las vidas que podían salvarse con estos equipos? Y finalmente ¿Jugar con la vida es un daño reparable?
