Los ciudadanos movilizados con armas y arengas son un síntoma de la convulsión social y crisis política en Bolivia. Son evidentes sus provocaciones en busca de reacciones de ciudadanos opositores y gobierno. El pedido de renuncia a su condición de presidenta (Jeanine Añez) sobra y estorba porque las elecciones están garantizadas para el 18-O. Con el Mallku (Quispe) en busca de protagonismo político la cosa se vuelve más complicada.
Ahora bien, la falta de valor del gobierno para enfrentar el desorden con el amparo de las normas es evidente. Mucha gente siente que el Estado no existe cuando demandan y claman su presencia de forma urgente.
¿Por qué el Estado está ausente cuando ciudadanos no movilizados piden su rescate ante la amenaza de ciudadanos movilizados? El gobierno está en campaña y no quiere arriesgar mayor perdida de credibilidad de su candidata (Jeanine). Quizá ya es tardía la petición de renuncia a su condición de candidata porque las masas en agosto le piden su renuncia a su condición de presidenta. Quieren más sólo por hacer sentir su fuerza y porque nuevamente están activados sus mecanismos de odio a la «derecha y supremacía blanca». La reaparición del Mallku no es casual. Por lo tanto, su renuncia a la candidatura no sería relevante para los movilizados pero sí para sus contrincantes. Sin embargo, es posible que a la dirigencia del MAS le convenga que siga de candidata.
Dejando de lado la microcoyuntura, ahora se evidencia con mayor claridad el perjuicio consecuente de haber perdido la hoja de ruta de noviembre del 2019. Si Añez sólo se hubiera dedicado a la gestión pública y garantizado las elecciones en el 2020, considerando la pandemia, la situación sería menos caótica, pero no, sus cortesanos y ella se creyeron el cuento de que eran los salvadores de la patria y por tanto se merecían 5 años más en el puesto.
Hoy, estamos sufriendo las consecuencias de esa ilusión. Obviamente, no es la causa principal de todos los problemas actuales pero fue una condición suficiente para crearlos.
En síntesis, el gobierno es pusilánime con los ciudadanos movilizados para proteger a su reina hasta el 18-O por motivos obvios, no porque les tengan miedo o carezcan de estrategias para contener conflictos.
¿Cuántos ciudadanos más pagarán los costos de la activación de los mecanismos de odio racial e ilusiones políticas?
