La magnitud del trabajo infantil en Bolivia no solo refleja una crisis nacional, sino que también impacta en el panorama regional. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 700.000 niños y adolescentes bolivianos trabajan, lo que representa cerca del 23 % de la población infantil entre 5 y 17 años. Esta cifra es tan elevada que significa que casi uno de cada diez niños trabajadores de América Latina y el Caribe es boliviano, en una región donde la OIT calcula 7,6 millones de casos.
La comparación es contundente: mientras países como Brasil y México han logrado reducir sus cifras en la última década gracias a programas de transferencias condicionadas y políticas de protección social más robustas, Bolivia se mantiene como uno de los países con mayor incidencia de trabajo infantil en la región. El contraste revela una realidad dura: la infancia boliviana está siendo arrebatada por la pobreza, la informalidad y la falta de oportunidades, en un contexto donde la agricultura, la minería y el comercio informal concentran la mayor parte de los casos.
Un problema global y regional
El trabajo infantil sigue siendo una herida abierta en el mundo. Según el Informe Mundial sobre el Trabajo Infantil 2024 de la OIT y UNICEF, 138 millones de niños y niñas trabajan en el planeta, y de ellos 54 millones lo hacen en condiciones peligrosas. Aunque desde el año 2000 la cifra global se redujo de 246 millones a 138 millones, el ritmo actual es insuficiente: para cumplir la meta de erradicación en 2025, la progresión tendría que acelerarse once veces.
En América Latina y el Caribe, la OIT calcula que 7,6 millones de niños y adolescentes están en situación de trabajo infantil. De ellos, 4,9 millones realizan labores peligrosas. La agricultura concentra la mayor parte de los casos, con más de 4,6 millones de menores trabajando en el campo, seguida por los servicios, donde alrededor de 2 millones de niños se desempeñan en tareas como el trabajo doméstico o la venta ambulante, y la industria, que involucra a más de 1 millón de menores en actividades como la minería y la manufactura.
Bolivia: cifras alarmantes y sectores críticos
En Bolivia, los datos del INE y la OIT revelan que más de 700.000 niños y adolescentes trabajan, lo que representa cerca del 23 % de la población infantil entre 5 y 17 años. Los sectores más afectados son la agricultura, con más de 33.000 menores en la zafra de castaña y otros 26.000 en la producción de coca; la minería, donde miles de niños trabajan en minas de Potosí, Oruro y La Paz pese a la prohibición constitucional; y el comercio informal urbano, donde decenas de miles de adolescentes se desempeñan como limpiabotas, vendedores ambulantes o trabajadores domésticos.
Estas cifras no solo reflejan explotación laboral, sino también un impacto directo en la educación. La necesidad de trabajar desde temprana edad abre una brecha que se traduce en deserción escolar, especialmente en áreas rurales, donde los niños abandonan las aulas para contribuir a la economía familiar. La OIT advierte que el trabajo infantil es uno de los principales factores que perpetúan la pobreza intergeneracional, al limitar las oportunidades educativas y profesionales de quienes lo padecen.
Normas, prohibiciones y cumplimiento
Bolivia ha ratificado los Convenios 138 y 182 de la OIT, que establecen la edad mínima de admisión al empleo y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. La Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548) prohíben expresamente el trabajo infantil en actividades peligrosas como la minería, la construcción y el trabajo nocturno.
Sin embargo, la aplicación de estas normas enfrenta grandes desafíos. La inspección laboral es insuficiente, especialmente en áreas rurales y en la economía informal, donde se concentra la mayoría de los casos. La falta de estadísticas actualizadas y de recursos para fiscalización dificulta el cumplimiento efectivo de la ley. La OIT ha insistido en que Bolivia debe fortalecer sus sistemas de protección social y garantizar educación de calidad para reducir la presión que empuja a los niños hacia el trabajo.
Acciones recientes y compromisos
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2026, Bolivia reafirmó su compromiso de erradicar esta práctica. La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, declaró: “Tenemos que ser los cuidadores de los sueños de los niños. No podemos permitir que la pobreza los condene a trabajos que les roban la infancia”.
El gobierno ha impulsado la agenda “Bolivia con la niñez”, que incluye operativos contra redes criminales, fortalecimiento de hogares de acogida y reformas para agilizar procesos de adopción. Asimismo, se han realizado operativos nacionales como “Roma 1”, que resultaron en la aprehensión de más de diez personas vinculadas a delitos contra menores. Estas medidas buscan reforzar la protección integral y garantizar que cada niño tenga acceso a educación, salud y una vida libre de explotación.
Comparación con América Latina
La comparación es contundente: mientras América Latina y el Caribe registran 7,6 millones de niños en trabajo infantil, Bolivia concentra 700.000 casos, lo que significa que casi uno de cada diez niños trabajadores de la región es boliviano. Además, la tasa nacional del 23 % es seis veces superior al promedio regional del 3,9 %.
En países como Brasil y México, las cifras han disminuido en la última década gracias a programas de transferencias condicionadas y políticas de protección social más robustas. En contraste, Bolivia sigue mostrando una prevalencia muy superior, lo que evidencia la necesidad de acelerar las medidas y cerrar la brecha con la región.
De Marrakech a la acción
El lema de este año, “Tarjeta roja al trabajo infantil: juego limpio para los niños, trabajo decente para los adultos”, coincide con la Sexta Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil celebrada en Marrakech. Allí se adoptó el Marco de Acción Global de Marrakech, que ofrece una hoja de ruta concreta para acelerar las medidas y traducir los compromisos en resultados tangibles.
El mensaje es claro: no se puede proteger a los niños sin apoyar a las familias. En Bolivia y en América Latina, la erradicación del trabajo infantil requiere políticas integrales que combinen educación de calidad, empleo digno para los adultos, protección social universal y responsabilidad empresarial en las cadenas de suministro. La “tarjeta roja” debe convertirse en acción concreta, porque cada día sin medidas efectivas es un día perdido para la infancia y para el futuro de nuestras sociedades.
