El senador del Movimiento al Socialismo Leonardo Loza reiteró hace poco que serán los cocaleros los que decidirán si pagan o no impuestos. Silencio en el Poder Ejecutivo. El súper Estado chapareño define sus intereses particulares. Ni los patriarcas de la plata en el siglo XIX ni los barones del estaño en el siglo XX se atrevieron a tanto. Además, su actividad económica era legal y generaba divisas legítimas.
La producción de coca y de cocaína sigue próspera en plena emergencia sanitaria. Aparte, los cocaleros y sus familias cobran” bonos contra el hambre” porque sus nombres no figuran en planillas del trabajo formal. Así, Andrónico Rodríguez estaba habilitado para recibir 1.000 bolivianos generados por los bolivianos que sí pagan tributos.
El súper Estado creado por el MAS, aprovechando fondos públicos, goza de beneficios que no tienen los empresarios formales. No es posible comparar los abusos del capitalismo clásico de los Aramayo o Patiño con el capitalismo salvaje en Chapare. Ahí el Índice de Desarrollo Humano sigue bajísimo y no cuenta con buenos hospitales, parques recreativos, teatros, bibliotecas.
En el recorrido del circuito coca cocaína dentro del territorio del Estado Plurinacional, el súper Estado chuto transita en vehículos sin placas. El exvicepresidente de la República Álvaro García Linera alentaba a adquirir “esos instrumentos de trabajo”.
Los autos chutos han invadido poblaciones rurales en proporciones fantásticas. Sorata, Chulumani, Challapata y todo el trópico entre Cochabamba y Santa Cruz están inundados de autos chutos que no pagan impuestos, ni aduaneros, ni municipales ni tienen SOAT. En las afueras ya hay cementerios de chatarras. El Poder Ejecutivo calla. ¿Acaso se atreverá a exigir que paguen lo que deben? ¿Quién osará poner un cascabel a ese gato azul?
Las largas colas para pasar la tediosa inspección vehicular no son para los chutos. Son los bolivianos legales, los “burros” dirán algunos, los que hacen fila, llevan documentos, fotocopias de documentos, botiquines, extinguidores, faroles. Los chutos cargan gasolina sin problema, mientras los legales deben inscribir sus propiedades en el sistema. Son los escasos bolivianos que cumplen las normas los que terminan financiando a los ilegales.
El súper Estado chuto ha expulsado de varios lugares a los policías y fiscales. Es una condición siamesa de un método masista basado en burlar las leyes, desde la Constitución hasta las normas municipales o las mínimas condiciones de educación ciudadana. Evo Morales tuvo el coraje de declarar desde el inicio, cómo ordenaba a sus abogados acomodar la ley a su antojo.
¿Cuántas de las 150 personas que deberán pagar el llamado “impuesto a las fortunas” son narcotraficantes? ¿Dónde está la UIF, tan callada para seguir el enriquecimiento ilícito de las Zapata, las hermanitas Terán, los clanes benianos, los cárteles futboleros? Se castiga a los que crean empleos, a los que invierten en Bolivia, a los que transparentan sus ingresos. Ser informal es el camino más expedito.
Hace poco, un importante grupo de medios europeos difundió una profunda investigación sobre la fuerza del narcotráfico en América Latina, en Bolivia. Con datos, cifras, nombres, rutas, métodos, el reportaje revela cómo estos nuevos magnates sin corbata han capturado el Estado. Es la única actividad económica que seguirá boyante el 2021. Dejará migajas en Bolivia, farras y lujos. Es un callejón sin salida.
