Nuestra imagen de ser un país díscolo y rebelde, pero finalmente apegado a prácticas ajenas a la violencia abierta, empieza a desvanecerse por la firme alza de asesinatos, ejecuciones, secuestros, incendios premeditados, invasiones, focalizadas de momento, pero con un potencial considerable de expansión e impregnación. El asesinato de un juez encargado de litigios de tierra y territorio subraya que mantener una mirada exclusiva policial y criminal, no atiende ni entiende el tamaño del problema.
Los bolivianos nos hemos refugiado, durante las múltiples oportunidades en que se dibujaba un inminente estallido de violencia a gran escala, en la idea de que en nuestra historia la tendencia social predominante se ha inclinado por impedir situaciones de choque abierto, prefiriendo salidas negociadas y pacíficas.
La resistencia social ante expresiones de violencia desatada ha afectado tanto a organizaciones insurgentes, que nunca consiguieron una amplia irradiación de su influencia, como al terrorismo de Estado. Inclusive las organizaciones criminales más proclives a vivir alimentando espirales violentas, como las dedicadas a la producción y tráfico de cocaína, experimentaron ese freno durante un largo período, como puede comprobarse al comparar nuestra experiencia con varios países, incluyendo el vecindario.
Ese dique se ha roto, no en uno sino en varios frentes, empezando con el tráfico de drogas ilegales, igual que con la minería ilegal y el tráfico de tierras (el mayor y más rentable de los tráficos durante el régimen del MAS), con indicios de que puede extenderse al plano político con relativa facilidad.
Hoy llama la atención pública la multiplicación de ejecuciones realizadas por sicarios con automáticas y montados en motocicletas, mientras merecen poco eco y atención, a escala nacional, el movimiento de milicias armadas para asaltar yacimientos minerales, tierras y territorios, incluyendo a algunas propiedades trabajadas y en plena producción, o de cuadrillas estructuradas para la incineración de bosques. Estos hechos, igual que la organización de comandos civiles que protegen rutas y caravanas de contrabando, se están presentando desde hace años.
La indiferencia y complicidad o pasividad estatal, han sido continuas. Lo novedoso es la expansión elástica de indiferencia y pasividad de la sociedad. La reacción social que se produjo en Santa Cruz, hace 40 años, ante el asesinato de Noel Kempff, Juan Cochamanidis y Franklin Parada, detuvo la multiplicación de esos episodios. Hoy, ante “el triunfo del sicariato”, se propone militarización, o crear nuevos aparatos de seguridad, desdeñando el compromiso de la sociedad como el camino que conocemos y que funciona.
En este momento Santa Cruz es el escenario principal de los hechos más resonantes, seguido por el trópico cochabambino; pero también en La Paz, el Beni, Pando, Oruro, Potosí se nota una tendencia al incremento de casos.
Organizaciones como la COB y centrales departamentales, la Federación de Mineros se mantienen al margen y en silencio porque, aparentemente, suponen que se trata de cuestiones ajenas a su misión y espacio de funcionamiento. La ausencia también abarca a las universidades, fundaciones, ONG, iglesias.
La reciente experiencia de Ecuador (antes la de Perú) demuestra cuán erróneo es adoptar la prescindencia. Una vez que se presenta un período de reproducción ampliada de violencia, sus víctimas principales son la base de las grandes organizaciones sociales; sin importar si el derramamiento de sangre se inició dentro o fuera del espacio que imaginamos y llamamos político.
El tráfico de drogas, de tierras, la explotación depredadora de recursos naturales y otros ilícitos atacan la seguridad colectiva, la soberanía del país. La captura e instrumentalización de la administración de justicia, a la policía y fuerzas especializadas de seguridad, nos ametralla, simbólica y materialmente, individual y colectivamente, atrapándonos en la línea de fuego de sus enfrentamientos e instrumentación de sus intereses.
Callarse y resignarse tiene un precio demasiado alto que no debemos pagar. La lucha por la vida, la libertad y nuestra dignidad pasa por generar respuestas y propuestas desde el espacio en que nos desenvolvamos. El Estado penetrado, cooptado y secuestrado no lo hará, ni con todas sus tropas uniformadas. La seducción económica amarra al poder político haciendo que se limite a responder con gestos y simulacros, vacíos y estériles.
Crear e impulsar alianzas, acuerdos y acciones contra la expansión de la violencia viene a ser una decisión política indispensable. El cuidado social básico requiere de respuesta rápida, categórica; de un mensaje concluyente y movilizado del conjunto de la sociedad.
