El presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó esta semana la Declaración de Chapultepec, mediante la cual su gobierno se compromete a que ninguna ley o acto limite en el Perú los derechos de libertad de expresión y de prensa durante su mandato, informó el periódico El Peruano
La firma del documento se concretó en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en una ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno, en presencia de representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de la prensa local.
“Firmo este documento con mucho agrado, mucho patriotismo, mucha emoción, y nunca olvidemos lo que dice esta declaración porque no son meras palabras, se tiene que ejecutar, tenemos que cumplir lo que firmamos”, señaló.
La actitud del Dignatario no es solo protocolar, sino que también se da cuando en el Congreso de la República se han presentado hasta dos iniciativas que plantean poner parámetros al ejercicio periodístico, lo que ha generado rechazo de diversos sectores.
El Jefe del Estado ya había señalado antes, a propósito de estos proyectos, que no firmaría ninguna ley en contra de estos principios esenciales en toda democracia.
De esta manera, el Poder Ejecutivo marca una posición clara y firme por el respeto a estas libertades, en un país que ha escrito páginas oscuras contra la prensa, desde la expropiación de los medios en la década de 1970 hasta la ‘compra’ de la línea editorial de los canales de televisión y la aparición de la prensa chicha en los 90. Ahora mismo, los periodistas de provincias sufren amenazas cuando denuncian actos de corrupción o se enfrentan al crimen organizado, como el narcotráfico o la minería ilegal.
La Declaración de Chapultepec se basa en el concepto de que “ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión y de prensa, sin importar el medio del que se trate”. Fue redactada y aprobada en marzo de 1994, en México, después de un debate en el que se examinaron los desafíos y presiones que la prensa enfrenta en las democracias del hemisferio.
Debemos llegar al bicentenario como una sociedad consolidada en sus libertades, y en el caso del periodismo libre, desterrar todo atisbo de intervención del poder, pero también defender al ciudadano ante la información falsa o injuriosa.
Por eso es importante renovar el concepto de la autorregulación, para que los medios sean los que evalúen su impacto en la sociedad, en los ciudadanos, sin esperar a que lo hagan los políticos.
Es fundamental asimismo que se termine con esa espada de Damocles que significa para los periodistas que el delito de difamación tenga una pena de tres años de cárcel en el Código Penal, cuando la jurisprudencia moderna indica que debe tratarse como un tema civil, sujeto a una reparación económica.
La libertad de expresión es una tarea que compete a los medios, a los profesionales de la comunicación y al Estado, pero cada uno en su fuero y pensando en el ciudadano.
