Aunque son de dominio público las insensateces que Evo Morales y sus autodenominados movimientos sociales han venido profiriendo durante veinte años, desafiando las reglas de la democracia y todavía siguen arguyendo, como es su estilo para imponer los destinos de Bolivia, muy brevemente pongo en contexto la decisión del presidente electo, Rodrigo Paz.
En uso de sus atribuciones, la primera autoridad que en pocos días asumirá formalmente el mando de la nación manifestó que la Drug Enforcement Administration (DEA) volverá al país como parte de la cooperación extranjera para la lucha contra el narcotráfico, que durante veinte años hizo del Chapare algo así como su feudo. El déspota Evo Morales, por su parte, manifestó públicamente que para que se adopte esa medida debe haber un referéndum vinculante.
El último boliviano de los aproximadamente 12 millones que habitamos este golpeado suelo, que puede hablar con autoridad moral de ese tema, es precisamente Evo Morales, quien a lo largo de 14 años de gobierno adoptó medidas trascendentales que afectaron no solo coyunturalmente a su régimen, sino que comprometieron la fe del Estado, como el inicio de una demanda por la reivindicación marítima, de resultados desastrosos como ya todos sabemos; en muchas oportunidades, el ingreso de tropas militares venezolanas; la “invasión” de súbditos chinos para actividades ilegales que todavía las practican; la “nacionalización” de los hidrocarburos, o el rompimiento de relaciones con los Estados Unidos y por muchos otros casos que el autoritario expresidente incluso sobrepasó las facultades privativas de la Asamblea Legislativa. El único referéndum al que por iniciativa propia se convocó, Evo lo desconoció con un argumento inmoral y antijurídico, que la justicia a la que sometió por todo su mandato se encargó de cohonestar. Luego, mucho después tal injusticia fue medianamente reparada, pero al cocalero ninguna responsabilidad ni penal ni civil le llegó.
Como en todo régimen totalitario, Evo Morales impuso una manipulación ideológica de los movimientos sociales, lo que generó que una parte de la población sea constantemente movilizada a cambio de prebendas que crearon un vínculo de compromiso mutuo entre un corporativismo y un gobierno que periódicamente accedía a sus demandas.
¿Por qué motivo legal o constitucional el nuevo gobierno tendría que consultar vía referendo la ayuda internacional (sobre todo si va a tener una aplastante mayoría legislativa que autorizará la adopción de cualquier medida permitida por la Carta Magna)?
Pero más aún: si Evo Morales, y todos sus cuadros encarnados en varios grupos corporativos, unos más violentos que otros, sostienen que gracias a ellos la dupla Paz-Lara ganó los recientes comicios, ello de ninguna manera les confiere derecho a exigir formar parte del gobierno ni a amenazar con disturbios, a los que Bolivia dijo no en las últimas elecciones, no solo a través del binomio ganador, sino de la suma de votos de todas las candidaturas todavía de oposición. Ello incluye todo el programa de gobierno del futuro presidente, como la intervención de la DEA. Y a aquellos movimientos sociales tampoco les asiste el mínimo argumento para oponerse a la reposición del escudo nacional como el símbolo oficial del Estado, en lugar de la cruz chakana, que carece de la más mínima representatividad, en tanto Arce Catacora la hizo “símbolo” sin consultar a nadie.
Y respecto al inexistente derecho de formar parte del gobierno, porque la conformación del gabinete es atribución privativa del presidente, Evo Morales o Arce Catacora ¿incluyeron a uno solo que no formara parte del Movimiento Al Socialismo o no estuviera alineado ideológicamente con él? ¿Tomaron en cuenta al 45% de electores que no estuvo de acuerdo con el continuismo de un régimen como el de Evo, que ya fue ilegal, por uno que, como estamos viendo, fue aún más corrupto y negligente como el del actual presidente?
En todo caso, el sentido común indica que, si alguien vota por un candidato, es porque está de acuerdo con su programa, y el programa de Paz Pereira es una aleación de una socialdemocracia y un liberalismo muy elástico con el que el populismo masista nada tiene que ver, y por tanto ningún derecho le asiste al MAS a exigir la aplicación de políticas que, por lo menos por los próximos cinco años —y ojalá por siempre—, quedaron enterradas. Enhorabuena.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
