De todos los conceptos políticos el de pueblo conlleva una particular dificultad en su definición. ¿Qué es? ¿Quiénes lo componen? ¿Quiénes quedan fuera? ¿Es una construcción permanente o se transforma en el tiempo? Una de las desventajas de albergar más dudas que certezas, en un ambiente tan politizado como el boliviano, es que la potencia de las fuerzas en lucha constriñe para elegir un bando. Criticar la brutalidad del gobierno transitorio para perseguir, vulnerando garantías y derechos constitucionales, a guerreros digitales del MAS provoca que te etiqueten como filomasista, terrorista, evista-fraudulento. Recordar los delitos del gobierno masista y rechazar la manera descarada en que se niega el fraude electoral, causa ser adjetivado como fascista, racista y protoimperialista. La lógica amigo-enemigo vuelve a ser instaurada, el concepto de pueblo está atravesada por esa lógica, se constituye en contra de algo o alguien, un enemigo que oprime y es necesario vencer. Esta construcción está siendo impulsada por el MAS en una notable recuperación tras su caída a finales de 2019 y facilitada por el creciente malestar popular con las medidas gubernamentales tomadas en la cuarentena. El heroico grito de guerra: “volveremos y seremos millones” es una promesa de venganza contenida, un guiño a la simbología aymara para cohesionarse.
Sin embargo, el gobierno transitorio, haciendo gala de una penosa religiosidad, también insertó un nuevo concepto en esta disputa o más bien lo actualizó: la familia. En un sentido similar a pueblo, familia, en términos políticos, es también una comunidad de afines regida bajo una autoridad paterna encarnada en Jeanine Añez. Una madre sobreprotectora y autoritaria, una versión de Donald Trump en señora. Amorosa a veces, autoritaria la mayor parte del tiempo. Ambos conceptos tienen similitudes tenebrosas. Construyen un “adentro” y un “afuera” rígido. Es imposible construir una comunidad incluyente si la escisión de sus componentes acrecienta diferencias y rechaza la idea de bien común. Precisamente la lucha política intensa, que es siempre una lucha de intereses particulares, impide una convergencia para la construcción de un nosotros incluyente. El “pueblo” se desplaza en un enfrentamiento contra oligarcas y golpistas, culpables indiscutibles de haber perdido el paraíso macroeconómico construido luego de 14 años de Proceso de Cambio. La “familia” funciona implantando la idea de protección frente a un enemigo externo: el masista, el sedicioso, el salvaje devorador de niños.
La aprobación de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020, marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha política nacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional es la punta de lanza para reanudar el calendario electoral. El MAS sabe que sus posibilidades de ganar en primera vuelta se incrementan si logra capitalizar el descontento popular con el gobierno transitorio y mantiene dividida a la oposición. Los demócratas son conscientes que pierden apoyo a raudales pero tienen, en la atención de la emergencia sanitaria mundial causada por el COVID-19, la excusa perfecta para oponerse a la celebración de elecciones; necesitan tiempo para recuperar terreno y superar los últimos escándalos de corrupción que dañaron considerablemente la imagen de la presidenta transitoria. Su objetivo es desplazar a Comunidad Ciudadana y luego posicionarse como la única opción de oposición para enfrentar al partido de Evo Morales mientras mantienen una imagen de paladines de la salud pública.
Pero el MAS ha cometido un gran error. Fijar apresuradamente un plazo límite para la celebración de las elecciones nacionales implica entregarle la bandera de la defensa de la salud al gobierno transitorio. En plena subida de los contagios a nivel nacional, sin que se pueda prever con certeza la duración de la pandemia o su eventual reactivación en el tiempo y sin que exista todavía una vacuna, planificar un evento masivo en el que más de 7 millones de personas acudirán a espacios reducidos denota intenciones mezquinas. El malestar popular puede manifestarse en cacerolazos, difícil creer que espontáneamente migre a coloridos fuegos artificiales, pero el verdadero problema radica en la asombrosa velocidad con la que actuó la Asamblea Legislativa Plurinacional. En una sola jornada ambas cámaras aprobaron la ley 1297, rechazaron las observaciones planteadas por el órgano ejecutivo y Eva Copa la promulgó. Las decisiones del MAS no fueron tomadas bajo criterios científicos sino eminentemente políticos. Podía haberse considerado el plazo máximo propuesto por el Tribunal Supremo Electoral, alargar la postergación electoral hasta finales de septiembre, requerir informes técnicos que sustenten sus decisiones, generar debate, pero pudo más la ambición.
El MAS cree que puede acorralar a los demócratas, piensa que la presidenta transitoria estará demasiado agobiada combatiendo la pandemia como para hacer campaña electoral, de ahí surge la idea de acelerar el calendario electoral para precipitar su caída o, al menos, restarle apoyo popular. Es un error similar al cometido en Senkata. Pensar que el “pueblo” se levantará contra la “dictadura” es subestimar la brutalidad de los demócratas y la letalidad del COVID-19. El MAS no se da cuenta de que bajo las actuales circunstancias construir un frente popular movilizado es inviable. La pandemia es una amenaza real y al mismo tiempo la excusa perfecta para ejercer medidas extraordinarias en nombre de la salud pública. Además, es probable que los indecisos, quienes definirán la próxima elección, sean reticentes a apoyar mediadas manifiestamente políticas, la fidelidad dogmática ante la idea de que las elecciones nacionales solucionaran la crisis económica emergente es patrimonio de conversos. Sin embargo, la situación del gobierno transitorio es precaria. Alargar la cuarentena indefinidamente es una carga insoportable para los sectores sociales más vulnerables, si el malestar popular sigue incrementándose el MAS conseguirá articularlo a su favor. De nada servirán invocaciones medievales a dios y la “familia boliviana”, será el fin de Jeanine Añez. Así, pueblo y familia actualizan términos de lucha. Ayudan a identificar enemigos por derrotar y radicalizan aún más discursos de odio con la pandemia del COVID-19 como trasfondo amenazante. En Bolivia las divisiones sociales se agudizan.
