El domingo 13 de enero, medios nacionales dieron las primeras noticias sobre la detención del italiano Cesare Battisti ejecutada por agentes italianos y brasileros de la Interpol. Pocas horas después, autoridades bolivianas autorizaron su salida con rumbo a Italia, en un avión de bandera de ese país.
El caso provocó un vendaval de críticas de parte de connotados miembros del partido de gobierno y también de políticos de la oposición. Cada quien desde su propia óptica repudiaron la entrega de Battisti, sobre quien pesaba una orden de detención expedida por un juez brasileño con fines de extradición solicitada por Italia, por la comisión de delitos comunes.
En ese momento no había mayor información sobre la sucesión de hechos. Recién el 18 de enero, el periódico La Razón proporcionó algunos datos que señalan que el 16 de noviembre de 2018 Cesare Battisti se habría hospedado en un hotel en la ciudad de Santa Cruz, hospedaje que fue garantizado por uno de los ciudadanos bolivianos que lo acompañaban. El 4 de diciembre dejó el alojamiento y al día siguiente agentes italianos y bolivianos llegaron al lugar en su busca. Según La Razón, no hay datos sobre la fecha exacta de su ingreso a territorio boliviano.
El ministro Carlos Romero justificó la captura del italiano en virtud a una orden de detención con sello rojo, que a decir de Romero ya era de conocimiento de las autoridades bolivianas desde diciembre de 2018, motivo por el cual la Conare le había denegado la solicitud de refugio, presentada el 21 de diciembre.
Reseñando este caso de larga data, Cesare Battisti, miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo, en la Italia de los 70, fue sentenciado por la justicia de ese país a cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas. En 1981 fugó de la cárcel y estuvo prófugo por un largo periodo. Vivió en Francia desde 1990 a 2004, con status de refugiado, al amparo del compromiso asumido el año 1985 por el entonces presidente Francoise Miterrand de no extraditar a los activistas italianos de extrema izquierda refugiados en Francia (doctrina Mitterrand).
En 2004, Francia le revocó el status de refugiado y de ese modo huyó a Brasil, donde vivió prófugo por tres años. En 2007 fue detenido en Río de Janeiro por la Interpol, en virtud del pedido de extradición que hizo Italia. En enero de 2009, las autoridades brasileñas le concedieron refugio político a instancias del entonces presidente Lula Da Silva. Posteriormente, en diciembre de 2010, con la potestad de su investidura, Lula Da Silva vetó la extradición solicitada por el Gobierno italiano.
Los cambios políticos en Brasil no favorecieron a Battisti y en diciembre de 2018 le fue revocado el refugio, Michel Temer autorizó su extradición y la Corte Suprema ordenó su detención con fines de extradición. Despojado del estatus de refugiado huyó de Brasil.
Según fechas señaladas en La Razón, Battisti habría permanecido de forma ilegal en Bolivia por más de un mes, antes de solicitar refugio. Es normal que por las circunstancias especiales, los perseguidos ingresen de manera ilegal al territorio del Estado donde piensan solicitar refugio. A fin de evitar estadías ilegales dilatadas, la norma jurídica señala que el injustamente perseguido debe presentarse sin demora ante las autoridades nacionales y solicitar refugio.
Por extraña razón, Battisti -conocedor de estas lides- no pidió refugio inmediatamente y pasó semanas en Santa Cruz, en evidente ilegalidad.
Battisti siempre negó la autoría de los crímenes que le imputaron. Su caso fue procesado en diferentes instancias de la justicia italiana y todas ellas sostuvieron la imputación por la comisión de delitos comunes.
Tribunales como la Corte Europea de Derechos Humanos, que goza de singular prestigio por cautelar el respeto y la protección de los derechos humanos, conoció el caso en toda su dimensión jurídica y humanitaria, y calificó los hechos como delitos comunes. Estas conclusiones calificaron a Cesare Battisti como delincuente común y no como perseguido político.
Si bien es cierto que no hay uniformidad doctrinaria ni legislativa respecto a la definición de delito político; sin embargo, el elemento común que lo caracteriza es el ataque a la organización política del Estado cometido con fines altruistas por motivos políticos o de interés colectivo. El bien jurídico tutelado y el elemento volitivo son aspectos que establecen la diferencia entre el delito político y el delito común. Pero hay hechos antijurídicos de enorme complejidad que pueden atentar de manera simultánea contra la organización política estatal y contra el interés privado. En esos casos la práctica internacional aconseja otorgar refugio únicamente a quien ha cometido un delito político puro.
Las críticas por la detención y entrega de Battisti acusan al Gobierno de haber vulnerado principios, normas internacionales y locales sobre refugio y las garantías del debido proceso.
A saber: Battisti fue detenido por la Interpol con una orden de aprehensión con sello rojo y fines de extradición. Es obvio que el Gobierno conocía con antelación dicha orden, de otra manera la Interpol italiana y brasileña no hubiesen podido investigar, y seguir al extraditable en territorio boliviano, sin la cooperación de la Policía Nacional.
Se habla de “expulsión ilegal”, pero no hubo expulsión, sino más bien “entrega de persona” mecanismo previsto por el procedimiento de la Corte Penal Internacional aplicable a personas que cometieron delitos contra el derecho internacional. No era el caso de Battisti, él fue sentenciado por delitos comunes.
Finalmente, la prohibición de expulsión y el principio de “no devolución”, normados por los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado favorece únicamente a quienes tienen estatus de refugiado, tampoco era el caso de Cesare Battisti.
Karen Longaric R. es profesora de Derecho Internacional de la UMSA
