Melissa Ruby Algarañaz Estrada
Pocos festejos Patrios encontraron a Bolivia tan maltrecha como este año: azotada por la pandemia del coronavirus, el deficiente sistema de salud heredado del gobierno anterior y agravado por los actos de corrupción del gobierno transitorio, las frescas heridas causadas por las fraudulentas elecciones del 20 de octubre de 2019 y los hechos luctuosos de Senkata y Sacaba; los incendios que nuevamente amenazan con extinguir la vegetación de la Chiquitanía y la urgencia de acudir a las urnas para tener un gobierno electo mientras el número de contagios y muertos por COVID-19 se incrementa diariamente; al igual que las protestas exigiendo elecciones el 06 de septiembre, que agudizan la emergencia sanitaria.
La más reciente postergación de las elecciones por parte del Órgano Electoral avivó las protestas de organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS), quienes sin temor al contagio se concentraron en las carreteras para realizar el bloqueo de caminos, acusando al presidente del Tribunal Supremo Electoral (designado por la actual mandataria) Salvador Romero, de propiciar la prórroga de mandato del gobierno de transición de Jeanine Añez.
A la luz de los acontecimientos sociales y normativos, ¿Es posible que el Tribunal Supremo Electoral esté favoreciendo subrepticiamente la prórroga del gobierno transitorio de Jeanine Añez, tal como se insinúa desde sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo MAS[1]?
La realidad normativa demuestra que Salvador Romero, pese a ser el actual Presidente del Tribunal Supremo Electoral, no puede por sí solo mover la fecha de las Elecciones: Una resolución como la última requiere necesariamente el apoyo de al menos cuatro vocales de los siete que conforman la Sala Plena, conforme manda el artículo 17 parágrafo II de la Ley del Órgano Electoral; vocales que, exceptuando a Romero, fueron elegidos y posesionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional al mando de Eva Copa; es decir, seis (6) de siete (7) magistrados que conforman el Tribunal Supremo Electoral fueron seleccionados por el Movimiento Al Socialismo MAS.
Para explicar lo arriba expuesto es preciso hacer un repaso cronológico de los acontecimientos normativos y sociales que motivaron las sucesivas postergaciones de la fecha de los nuevos comicios electorales que Bolivia requiere con tanta urgencia.
El pasado 12 de noviembre, Jeanine Añez Chávez asumía la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia con el mandato de llamar a elecciones, o más bien, con el mandato de posesionar a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, órgano autónomo e independiente del Ejecutivo (que, además, tiene igual jerarquía que el Órgano Ejecutivo, Legislativo o Judicial); quienes tendrían la facultad de organizar y dirigir los nuevos comicios electorales tras el fracaso de las elecciones del 20 de octubre de 2019 que provocó la renuncia del ex presidente Evo Morales acusado de fraude por la misma OEA (organismo que antaño había avalado la repostulación de Morales pese a que un referéndum le había cerrado esa posibilidad).
La composición de las autoridades que deben fungir como árbitros imparciales de las Elecciones en Bolivia, está detallada en la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que en su artículo 12 ha previsto que el Tribunal Supremo Electoral esté compuesto por un total de siete miembros, de los cuales al menos tres deben ser mujeres y al menos dos deben ser de origen indígena originario campesino. Así mismo, el artículo 13 de la citada norma otorga a la presidente del Estado Plurinacional de Bolivia la facultad de designar a uno de los vocales del mencionado Tribunal; atribución que Jeanine Añez usó al día siguiente de promulgada la “Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales” el 25 de noviembre de 2019 que permitiría la celebración de nuevas elecciones presidenciales, exactamente 12 días después de su posesión como mandataria (tal como en su momento Evo Morales designó a la ex vocal Lucy Cruz).
La Ley de Régimen Excepcional, compuesta por 24 artículos y 5 disposiciones finales, determinaba dejar sin efecto legal las Elecciones Generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados, (que como bien conoce la opinión pública, estuvieron llenos de vicios de nulidad y las acusaciones de fraude hacia el eventual “ganador” Evo Morales); dispuso la realización de nuevos comicios para elegir a las nuevas autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo del país, y finalmente, abrir la inscripción de nuevos votantes y actualización de datos por un periodo excepcional de siete (7) días calendario.[2] Dicha norma había sido previamente aprobada por el Órgano Legislativo presidido por Eva Copa, y daba un plazo máximo de tres semanas para la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral; es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional debía trabajar en la designación de los restantes seis vocales del TSE.
Posteriormente, el 27 de noviembre de 2019 la Cámara de Diputados aprobó el Reglamento transitorio de selección y elección de vocales de los tribunales electorales departamentales. La norma que consta de 17 artículos estableció los procedimientos, y plazos para la elección de los vocales titulares y suplentes de los Tribunales Electorales Departamentales, otorgando a las Asambleas Legislativas Departamentales un plazo de 20 días tras su promulgación para elegir a los Vocales del Tribunal Departamental Electoral de cada departamento, de las ternas remitidas por la Cámara de Diputados en el día de la selección.[3], y abriendo un plazo de ocho días tras la promulgación de la convocatoria para que los postulantes a Magistrados tanto del Tribunal Supremo Electoral como de los Tribunales Departamentales presenten la documentación necesaria para participar del proceso de selección, plazo que empezó a correr el 29 de noviembre de 2019; cumpliendo así el mandato del artículo 9 de la citada Ley de Régimen Excepcional para la Realización de Elecciones Generales.
Finalmente, el 19 de diciembre de 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional presidida por Eva Copa, posesionó a los seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral[4], pese a que varios de ellos fueron cuestionados al momento de su posesión por su afinidad con el Movimiento Al Socialismo MAS.[5] En similar escenario, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió y posesionó a cuatro de cinco vocales para cada Tribunal Departamental Electoral en los nueve departamentos del Estado Boliviano, de las ternas enviadas por cada Asamblea Legislativa Departamental. Las nuevas autoridades junto a las designadas previamente por la presidente Añez, asumieron el cargo con al reto de encarar las elecciones presidenciales y defender celosamente la independencia del Órgano Electoral para así garantizar la transparencia de una operación tan compleja como el proceso electoral.
Aunque inicialmente se había previsto que las recién posesionadas autoridades electorales llamaran a elecciones en un plazo máximo de 120 días tras su posesión, el 03 de enero de 2020 el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, anunciaba que el Órgano Electoral fijó como fecha de elecciones el 03 de mayo de 2020, arguyendo la necesidad de sanear el padrón electoral, la inscripción de los jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones, la actualización de la dirección del domicilio y la depuración de los fallecidos.
Con datos inciertos sobre la cantidad de infectados e información difusa sobre el avance del COVID-19 en Bolivia, el TSE pospuso la fecha inicial (03 de mayo) para la celebración de elecciones para antes del 02 de agosto y posteriormente, volvió a postergar para el 06 de septiembre; en todos estos casos se realizó un consenso con la Asamblea Legislativa Plurinacional y los frentes políticos.
Tras el último anuncio de postergar las elecciones para el próximo 18 de octubre por parte del Tribunal Supremo Electoral (que no tuvo consenso previo con el Órgano Legislativo como las anteriores modificaciones a la fecha de elecciones), empezaron las protestas por parte de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo MAS, quienes acusan al Órgano Electoral y específicamente a su presidente, Salvador Romero, de obedecer órdenes de la actual mandataria Jeanine Añez para prorrogar indefinidamente su mandato.
Ahora bien, ¿Puede Salvador Romero, Presidente del Tribunal Supremo Electoral y designado por Jeanine Añez modificar por sí solo la fecha de elecciones? La respuesta es sencillamente no, y es que conforme al artículo 17 parágrafo II de la Ley del Órgano Electoral, el Tribunal Supremo Electoral adopta sus decisiones “con la mayoría absoluta del total de sus miembros”; miembros que, conforme se ha expuesto, fueron previamente seleccionados y posesionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que el Movimiento Al Socialismo tiene el control absoluto de las decisiones en virtud de los 2/3 que ostenta.
Es reprochable la actitud del Movimiento Al Socialismo MAS quienes conscientes de la importancia que tiene la confianza de la sociedad en la institución que organiza y dirige el proceso electoral como condición imprescindible para dar legitimidad a las autoridades electas democráticamente, pretenden cuestionar la independencia e imparcialidad del Órgano Electoral; más aún si se tiene en cuenta que la sigla de Evo Morales conoce por propia experiencia las consecuencias de que la sociedad desconfíe de la imparcialidad de las autoridades electorales, ya que durante su gobierno la independencia del Órgano Electoral fue puesta en duda por la sociedad boliviana debido a la notoria subordinación de los anteriores vocales al Órgano Ejecutivo; que fue evidente en las elecciones subnacionales de 2015 cuando dieron por ganador a Esteban Urquizu (MAS) y negaron la segunda vuelta a Damián Condori (BST), cuando inhabilitaron a Ernesto Suárez o cuando finalmente, ordenaron parar la transmisión del conteo de los votos en las fallidas elecciones del pasado 20 de Octubre de 2019.
Todo lo dicho genera fundadas dudas sobre si el MAS reconocerá o no los resultados emergentes de las urnas si éstos fueran desfavorables para sus aspiraciones de volver al poder. Y ya existen antecedentes.
[1] En el cabildo realizado el pasado 28 de julio de 2020, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Juan Carlos Guarachi, dio 72 horas al TSE para retractarse de su decisión de postergar las elecciones para el 18 de octubre. En su discurso acusó al gobierno de Añez «usa el coronavirus para quedarse en el poder para seguir desfalcando al Estado», dando a entender que la postergación de las elecciones obedece al interés del Ejecutivo de prorrogarse en el poder.
[2] Con información tomada de “Cámara de Diputados sanciona el Proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales”. 23 de noviembre de 2019. En línea, disponible en <<http://www.diputados.bo/prensa/noticias/c%C3%A1mara-de-diputados-sanciona-el-proyecto-de-ley-de-r%C3%A9gimen-excepcional-y-transitorio>>. Acceso 06/08/20.
[3] Con información tomada de “Cámara de Diputados agilizó la aprobación del Reglamento para Elección de Vocales de Tribunales Electorales Departamentales con miras a las Elecciones Nacionales”. 27 de noviembre de 2019. En línea, disponible en <<http://diputados.gob.bo/prensa/noticias/c%C3%A1mara-de-diputados-agiliz%C3%B3-la-aprobaci%C3%B3n-del-reglamento-para-elecci%C3%B3n-de-vocales-de>>. Acceso 06/08/2020.
[4] Con información recuperada de “Asamblea Legislativa elige a nuevos Vocales del Tribunal Supremo Electoral”. 19 de diciembre de 2019. En línea, disponible en << http://www.diputados.bo/prensa/noticias/asamblea-legislativa-elige-nuevos-vocales-del-tribunal-supremo-electoral>>. Acceso 06/08/2020.
[5] Daniel Atahuichi Quispe, Oscar Hassenteufel Salazar, Rosario Baptista y Francisco Vargas fueron cuestionados por una supuesta afinidad con el MAS. En el caso de Atahuichi, trabajó como consultor en el Ministerio de la Presidencia en el período 2006-2010, llegando a publicar un libro en coautoría con el ex ministro Juan Ramón Quintana. Francisco Vargas, por su parte, fue desde 2014 responsable del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Órgano Electoral dependiente del Órgano Electoral, hasta antes de ser nombrado vocal del TSE. Ambos vocales tuvieron voto disidente sobre la forma en que el TSE decidió la postergación de las elecciones para el 18 de octubre de 2020.
