En los países que practican la democracia representativa, es sabido que el sistema electoral es el que, a través de sus reglas y procedimientos, permite la constitución de los poderes públicos. De la transparencia de estos mecanismos, por ello, depende y deriva la legitimidad de la institucionalidad estatal y la de los de los actores políticos.
El padrón electoral, por su parte, es la base y el núcleo del sistema electoral, de manera tal que la transparencia de éste, en gran medida, se asienta en las propiedades cristalinas del padrón, es decir de la confianza que la ciudadanía le asigna al registro público de las personas habilitadas para constituir los poderes públicos mediante su voto.
Visto lo mismo en fórmula negativa: si el padrón electoral arroja dudas y éstas, una vez identificadas, no son convincentemente esclarecidas por los responsables de su organización y aprobación, la credibilidad del padrón entra en cuestión y, consecuencia directa, el sistema electoral va tornándose opaco. Consecuencia final, los poderes públicos y la institucionalidad estatal pierden legitimidad, instalándose en el cuerpo social fuertes tendencias de conflictualidad.
En nuestro país, el Tribunal Supremo Electoral acaba de publicar el padrón electoral con el que se realizarán las próximas elecciones del 20 de octubre. Revisados sus datos y comparados con los de las elecciones generales de 2014 y 2009, puede asumirse que entre una y otra elección general (cada cinco años) el crecimiento promedio nacional del padrón, basado en los crecimientos departamentales promedio, puede racionalmente ubicarse en un intervalo de entre 15% y 20%.
Nótese empero que estamos hablando de un promedio nacional, fuertemente influido por las grandes ciudades que captan los flujos migratorios internos, especialmente El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y, en general, casi todas las capitales de departamento respecto a sus jurisdicciones. De manera que si prestamos atención a las tasas de crecimiento de los padrones provinciales y municipales, constataremos rápidamente que en casi dos tercios de éstos esas tasas se ubican por debajo del 15% y en una gran mayoría incluso debajo del 10%.
Aquí surge una enorme y peligrosa duda: las variaciones que registra el padrón actual en relación al padrón de 2014 revela crecimientos superiores, grandemente superiores al promedio nacional y, ni que se diga, a los promedios municipales. Son setenta y un (71) municipios en total cuyo padrón habría crecido en magnitudes inverosímiles. Como la lista es larga y no la podemos insertar en esta pequeña columna periodística, mencionamos a continuación unos cuantos ejemplos, por departamentos:
Crecieron en Pando los padrones electorales de Ingavi (Humaita) 86%, El Sena 74,8%, Santos Mercado 71%, Nueva Esperanza 59,4%, y otros.
En Santa Cruz lo hicieron La Guardia 56,3%, Porongo 53,2%, Pailón 42,5%, Cabezas 36,3%, San Ignacio de Velasco 35,2%, más otros dieciocho municipios.
El departamento de Cochabamba muestra incrementos del 38% en Arbieto, 31,8% en Bulo Bulo, 27,5% en Puerto Villarroel y cifras igualmente excepcionales en otros nueve municipios.
Mencionemos tres ejemplos en La Paz: el padrón de Achocalla engordó un 43,2%, el de Laja 36,7%, el de Viacha 35,6%, además de otros seis municipios.
Paremos el listado aquí, ya que como muestra es más que suficiente y detengámonos en las interrogantes que, seguramente, rondan ya las mentes de las y los lectores, aunque no sin antes señalar que en los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro, Tarija y Beni se encuentran otros dieciséis municipios con crecimientos irregulares semejantes.
Conocidas las cifras anteriores, está claro que la transparencia del padrón electoral está en duda y si la claridad de éste no es repuesta, con las necesarias explicaciones que debe proporcionar el Tribunal Supremo Electoral, el sistema electoral carecerá de la credibilidad suficiente para dar legitimidad a los poderes públicos salidos de las ánforas el próximo 20 de octubre. ¡Tienen la palabra las y los vocales del Tribunal Supremo Electoral!
Carlos Bohrt es ciudadano crítico.
