En septiembre del presente año se cumplirán 40 años de entrada en vigor de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de Naciones Unidas. Su primer artículo define como “discriminación contra la mujer” toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Bolivia, en el año 1990, ratificó la CEDAW y es prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia lograr el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, como mandato constitucional establecido por el bloque de constitucionalidad del art. 410.II. de la CPE.
En el séptimo informe periódico que el país presentó en 2019, se destacan avances como el lanzamiento del Decálogo que declara Prioridad Nacional, la Lucha contra el Feminicidio y la Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes, a través de 10 Pactos Intersectoriales, bajo el lema: ¡Hagamos un Pacto! “Vivamos sin Violencia” y las estrategias para las “Jornadas de Sensibilización para la Prevención de la Violencia”. También sobre la obligatoriedad de formación académica en prevención de la violencia contra la mujer para servidores públicos, personal militar, policial y de empresas públicas, como hitos cumplidos en la tarea para la eliminación de la discriminación y violencia contra las mujeres. Así mismo, se relieva, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres que introduce modificaciones trascendentales al régimen de protección de las mujeres y lucha integral para eliminar toda forma de violencia en su contra, incorporando nuevas regulaciones y reforzando las ya existentes. A su vez, la obligatoriedad de los servidores públicos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) “Genoveva Ríos” para su cualificación, formación y capacitación en prevención de la violencia y la creación del Sistema de Alerta Temprana “ADELA”.
Sin embargo, a la fecha, según la Fiscalía, se registran 48 feminicidios a nivel nacional. En La Paz 14 casos, en Cochabamba y Santa Cruz nueve en cada región, en Oruro seis; Potosí y Chuquisaca a tres por departamento, en Beni hubo dos, y en Pando y Tarija un caso en cada uno. Por otro lado, entre los meses de enero y mayo se registraron 16.930 casos relacionados con la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Ante esta situación se identifican varias causas estructurales para que esto siga sucediendo. Primero, no se cuenta con un Plan integral de igualdad de género y lucha contra la violencia con recursos humanos y financieros suficientes. No existe una estrategia amplia y sostenida destinada a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar las actitudes patriarcales y estereotipadas basadas en el género en relación con el papel y las responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad. Tampoco existen campañas de sensibilización a nivel comunitario donde los derechos de las mujeres indígenas sean respetados en todos los procesos de adopción de decisiones relacionados con las leyes y prácticas culturales nocivas que afectan a las mujeres. Así mismo, hace falta crear conciencia sobre la igualdad de género entre l@s trabajador@s de los medios de comunicación públicos y privados a fin de evitar los estereotipos de género en los medios y en los anuncios publicitarios, en cooperación con las organizaciones de mujeres e impartir la formación correspondiente. Algo fundamental, es el acceso de las mujeres a la justicia sin discriminación y se asegure que las mismas tengan un acceso efectivo a la asistencia gratuita para reclamar sus derechos. Es indispensable facilitar la capacitación especializada a tod@s l@s funcionari@s públicos involucrad@s en casos relacionados con la prevención, protección y garantía de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos específicos del derecho.
Pero en un sistema de justicia débil y corrupto, lo que ha estado ocurriendo es que varios feminicidas sentenciados consiguen beneficiarse con arresto domiciliario y siguen cometiendo delitos, como violaciones o incluso nuevos feminicidios y los problemas estructurales se mantienen intactos.
Elizabeth Salguero C. es comunicadora social.
