Desde Naciones Unidas, primero, el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, el peruano Diego García-Sayán –que hoy tiene previsto presentar en Ginebra su informe final sobre la justicia en Bolivia–, ha dicho que le causaba “mucha preocupación” lo revelado por el expresidente Evo Morales: que la decisión de llevar a Jeanine Áñez a un juicio ordinario y no de responsabilidades fue tomada por la cúpula del MAS, es decir, en un nivel político y no jurídico. Esto fue corroborado por el vicepresidente de ese partido, Gerardo García, quien, redoblando la apuesta y sin siquiera ruborizarse, anunció una nueva reunión para definir el futuro de la expresidenta en otro caso judicial, el denominado “Golpe I”.
Después, la Misión Técnica de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, ha comunicado una lista preliminar de observaciones al proceso de Áñez entre las que advierte vulneraciones a los Derechos Humanos de la acusada. Se esperaba el pronunciamiento de la política chilena de tendencia socialista para saber si, como viene ocurriendo con otros organismos internacionales, haría honor a su investidura y diría la verdad. Y así fue.
En 2019, durante 21 días, fuimos testigos de una inédita –para los últimos tiempos– movilización que buscaba impedir la consumación de un fraude electoral. Morales se había propuesto seguir en el poder a toda costa, prorrogarse con un cuarto mandato rompiendo las reglas de la democracia. Era evidente el hartazgo de la gente ante las triquiñuelas urdidas para desconocer la soberana decisión del pueblo en un referéndum: Bolivia había dicho no a la reelección, pero a sus mandantes no les dio la gana de aceptar su derrota.
Los “pititas” anudaron cuerdas y pegaron cintas con carteles en las esquinas para exigir el respeto al derecho de todos de continuar viviendo en una democracia con principios elementales y no en una secuestrada por un grupo de aprovechadores que se había acostumbrado a manejar la justicia a su antojo. Estos, tenían un solo fin: quedarse 50 o más años en el poder, tal como lo ha confesado públicamente el propio Evo Morales.
Pero esa misma población que se movilizó en 2019 asistió luego –pasivamente– a uno de los mayores atropellos jurídicos que se recuerde contra una mujer, la que había asumido el reto de tomar la presidencia cuando otros habían rehuido esa responsabilidad. Recordemos que la fuga de Morales no ha sido la única muestra de falta de valentía (así reclamada dentro del MAS); lo siguieron sus inmediatos en jerarquía, huyendo como él a otros países o refugiándose en embajadas; fueron cobardes. Y nada sería eso (al fin de cuentas, todos podemos serlo en algún momento: “un cobarde es una persona en la que el instinto de conservación aún funciona con normalidad”, decía Ambrose Bierce), si todo lo que hicieron no hubiera sido parte de una vil tramoya.
Al cabo de 16 años de un variopinto abanico de autoridades proclives a la defensa intransigente de un gobierno y no de su gente, ¿por qué indignan los procederes de Salvatierras, Riveros, Medinacelis y otros y no la pasividad, el silencio cómplice, la sonora indiferencia posterior frente al drama de una mujer sometida a un proceso que, más allá de las risibles acusaciones, pudo ser justo al menos en las formas, sin las arbitrariedades que van confirmando los entes internacionales neutrales? Áñez no recibió la misma manifestación de apoyo que la que imprevistamente la llevó al poder.
No fue ella ninguna santa (ningún político lo es, ninguna persona lo es), pero, aunque podía enfrentar juicios como cualquier otro presidente constitucional (a Áñez la reconocieron todos los poderes del Estado que, cínicamente, después perdieron la memoria), en esta historia sui generis es cabeza de turco. Si fuese culpable de algo, también lo serían varios más y no solo los juzgados en el caso “Golpe II”. Tenían que sacrificar a alguien y le tocó a ella… Y a ella, los suyos, la dejaron sola.
Hay en el MAS una pelea intestina. Luis Arce no es lo mismo que Evo Morales, pero, tal cual la lectura que hizo hace poco Germán Gutiérrez, la condena de Áñez pone en duda su legitimidad, para beneficio del exmandatario. Si el Presidente venía marcando una interesante distancia entre ambos, la decisión política-judicial sobre Jeanine lo aproxima a la línea del autoritarismo que el rechazado Evo se empeña en prolongar y que el país no quiere.
