Escribo estas líneas a propósito de los recientes hechos de violencia y tensiones registradas en La Paz y en el bosque chiquitano. Una breve radiografía de la conflictividad en el país, devela que el partido de gobierno instrumentaliza el conflicto a su favor.
Sin embargo, tras 14 años en el poder, la fórmula de nacer, vivir y sobrevivir en el conflicto ya no funciona. Según estudios, en la era del MAS se habrían registrado el mayor número de conflictos no desestabilizadores respecto a otros gobiernos democráticos. Se observan mutaciones respecto a las tensiones persistentes entre “Estado y sociedad”. Desde 2007 somos testigos del enfrentamiento entre gobierno central y gobiernos subnacionales opositores. Una suerte de conflicto “Estado vs. Estado” al que se suma la intermitente y cada vez más “normalizada” conflictividad entre sectores de la misma sociedad, tipificada por la Fundación UNIR como conflictos de “sociedad vs. sociedad”.
La relación parcial de estos últimos confirma esta tendencia.
Octubre 2006: Mineros cooperativistas y asalariados se enfrentan en Huanuni dejando un saldo de 16 muertos y decenas de heridos. El gobierno no intervino. El vicepresidente Álvaro García Linera en “su impotencia” se ofreció a “regalar ataúdes para los muertos”
11 de enero del 2007: la ciudad de Cochabamba vivió una luctuosa jornada que enfrentó a cocaleros y a vecinos de la ciudad, derivó en la muerte de tres personas y más de 200 heridos.
11 de septiembre de 2008: La “masacre de Porvenir” detonó en el marco de la lucha por la autonomía, conflicto que escaló con la confrontación entre lugareños y campesinos afines al gobierno. Diez años después hay elementos que apuntan a que la violencia fue atizada por el mismo MAS, a fin de justificar la militarización y control de un departamento opositor.
Septiembre de 2008: el “cerco a Santa Cruz” por parte de las organizaciones sociales campesinas afines al MAS en contra del movimiento autonómico propiciado por las prefecturas y organizaciones civiles del Santa Cruz. Se registraron algunos choques violentos.
Septiembre de 2011: la represión de Chaparina para impedir la marcha de defensa del Tipnis justificada por la confrontación entre colonos e indígenas de tierras bajas. El caso develó la ruptura del sujeto indígena originario campesino del proceso de cambio. No faltan quienes se refieren a estos avasallamientos en tierras bajas como neocolonialismo andino. El incendio del bosque chiquitano se explicaria bajo esta lógica.
Julio y Agosto 2012: El enfrentamiento entre comunarios, cooperativistas y mineros por tomar la mina de Mallku Kotha fue emblemático. Provocó la expropiación y nacionalización de la mina y un conflicto arbitral que le costó al Estado 25,5 millones de dólares.
Estos y otros hechos confirman que el MAS pierde el control y la capacidad de montar escenarios de “guerra” cuyo primer momento se caracteriza por inducir a la confrontación entre bolivianos. Un modus operandi tóxico que descompone las bases de convivencia social, debilita instituciones y exacerba la ritualidad de la protesta y otras expresiones violentas. Para el MAS la política es un campo de lucha, sembrador de tensiones e incertidumbre.
