El último domingo de mayo, Sayuri Loza publicó una columna sobre los figuretis en el ámbito político. Personajes que tenemos como autoridades y que son conocidos también de manera burlesca como lo “peor es nada”. En su columna, ilustró con ejemplos el caso de varios políticos que buscan (y obtienen) la exposición pública, aunque sin ningún resultado visible para la población.
La semana pasada aparecieron nuevas noticias sobre el uso de un helicóptero del Ejército por Yván Espada, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, y su hijastra Alejandra López, funcionaria del Impuestos Nacionales. Esta aeronave está destinada a mitigar incendios y lucha antidrogas, pero fue utilizada para un frívolo paseo aéreo por Sucre. La palabra figureti no solamente refiere entonces a la búsqueda de notoriedad, sino a la frivolidad.
Estos casos me trajeron a la memoria varios tristes eventos que involucran a las autoridades potosinas. El primero ocurrió en octubre de 2022 en el Tribunal Departamental de Justicia. Varios funcionarios judiciales se embriagaron en el despacho de un vocal. El vídeo del medio El Federal muestra de manera fehaciente como estos funcionarios estaban totalmente alcoholizados. Vladimir Velásquez y Marco Miranda fueron los magistrados involucrados en estos hechos. Meses más tarde, en febrero del 2023 se produjo otro evento similar en las oficinas de Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia Potosí. Estos espacios se convirtieron en ambientes de fiesta de “compadres”. Alrededor de quince funcionarxs libaron whisky (y otras bebidas espirituosas) hasta quedar en estado de ebriedad dando un espectáculo que hubiera sorprendido al mismo Baco. Tanto Velásquez como Miranda continúan ejerciendo sus funciones judiciales, así como los otros funcionarixs de las Defensorías, según lo ha podido confirmar Erwin Valda, periodista potosino que hizo público estos bochornosos sucesos.
Estos ejemplos son una muestra de la terrible partidización y patrimonialismo del Estado. Los partidos políticos se reparten el Estado como un botín desatendiendo las necesidades de la población. Sabemos que la mayoría de lxs funcionarixs que ingresan a las instituciones públicas hicieron campaña política y sirven a un partido. Muchos son “intocables”, por eso siguen ejerciendo sus funciones a pesar de sus faltas puesto que cuentan con el aval de su partido político. En este contexto, el Estado ha perdido su verdadero sentido de existencia porque no vela ni por el bienestar social ni por el cuidado de los ciudadanos. Al contrario, se preocupa por los grupos políticos que usufructúan posiciones de poder. Instituciones como el Tribunal de Justicia o la Defensoría de la Niñez y Adolescencia son instancias que deberían ser impolutas. Ellas cumplen un rol central en la administración de justicia y en el cuidado de la niñez y adolescencia. El término popular de mank’agastos se aplica perfectamente aquí a esa oligarquía política que malgasta el dinero público.
Es difícil creer que el Estado pueda canalizar las demandas sociales cuando tenemos autoridades y funcionarios de esta calaña. Por ello, es inevitable preguntarnos ¿qué podemos hacer? y ¿cómo podemos revertir esta situación? La primera respuesta que se me viene a la mente es la mejora de la cultura política en nuestro país. Si como ciudadanos hiciéramos una gestión ciudadana de fiscalización, el trabajo de lxs funcionarios podría mejorar. A mediano plazo nos corresponde ser exigentes con las candidaturas de autoridades que, al decir de Sayuri, demuestran la decadencia de la política boliviana. En pocas palabras, debemos exigir propuestas, seriedad, trabajo y menos espectáculo. La frivolidad de los personajes públicos es irritante. Ante esta situación es pertinente mencionar un ejemplo positivo (y proactivo) en la fiscalización pública: el caso de María Galindo. Ella a través de su programa y su trabajo cuestiona a autoridades y funcionarios. Esta es una fiscalización que procede de la propia sociedad civil que vigila, así como el Estado utiliza el dinero público. El ejemplo de Galindo debemos replicarlo en otras regiones y así iniciar un proceso sostenido de fiscalización.
Si hiciéramos un balance de costo beneficio de los funcionarios y autoridades podríamos concluir que estamos ante mank’agastos, personajes que producen un despilfarro frívolo y gastan los recursos del pueblo. Frente a esta situación irritante debemos reaccionar y reafirmar la importancia de la sociedad civil. El dinero público debe utilizarse de manera responsable y orientado siempre al bien común.
