La sumatoria de las rentas que se les paga a los expresidentes y exvicepresidentes de Bolivia mes a mes, en términos netamente cuantitativos, es insignificante (con las disculpas del caso, pues esa suma pagada por no hacer nada es una afrenta a los pobres o, incluso, a quienes sudan la gota gorda diariamente a cambio de unos pesos bien y honradamente ganados) comparada con la millonada que el país gasta (y malgasta) en otras fruslerías diariamente. Sin embargo, su vigencia en el ordenamiento jurídico es significativa por otros motivos, los cuales trataré de desglosar sintéticamente en este artículo.
Hace unos días, el diputado de Comunidad Ciudadana Óscar Balderas ha presentado un proyecto de ley para eliminar esta pensión que cobran los exmandatarios bolivianos todos los meses y desde hace muchos años, una pensión jugosa que sobrepasa los 22 mil bolivianos. Entre todo el torbellino de hechos malos que están ocurriendo a nivel país —como las muertes de policías debidas al crimen organizado, las violaciones y asesinatos diarios o los hechos de corrupción en el seno de las instituciones del Estado—, aquella iniciativa del susodicho parlamentario me pareció interesante, y así lo expresé en mi cuenta de la red social Twitter.
Al punto el economista Antonio Saravia me respondió diciendo que la eliminación de esta renta supondría un ahorro ridículo para el Estado y que, además, su razón de ser está en que el presidente necesita contar con un seguro financiero a posteriori, que le permita hacer, decir y obrar no en función de cálculos de popularidad a futuro, sino en razón de lo que es perentorio y responsable para su país.
A mí me parece que, aunque ciertamente el ahorro pecuniario eliminando la renta vitalicia sería risible comparado con el dineral que el Estado malversa día a día, la supresión de la pensión que los presidentes cobran de por vida supondría un avance hacia esa sociedad abierta y de iguales a la que, por lo menos los liberales, queremos avanzar. O sea, una ruptura que, aunque simbólica, sería muy saludable. En primer lugar, si bien el fundamento de Saravia es correcto, aquí la pensión vitalicia nunca ha impelido lo más mínimo a los primeros mandatarios a obrar y hacer de manera más responsable y sin fijarse en el rédito de popularidad de sus acciones y palabras. (Un Sucre, un Linares, un Frías, son excepciones, como rosas en un campo de zetas…). Segundo: la de Saravia es la razón oficial y la explicación economicista de la tal renta, pero en el fondo todos sabemos que se paga vitaliciamente a los expresidentes por la labor tan alta, digna, rimbombante e ilustrísima que desempeñaron, lo cual hace que todo trabajo posterior (como el de secretario, consultor o asesor dependiente o empleado en alguna empresa privada) pueda ser no solo indigno para ellos, sino quizás incluso degradante. Y esto no deja de tener un tufillo monárquico.
La renta vitalicia, que se paga en muchos países del primer mundo como Alemania o los Estados Unidos, no se paga en otros tantos de no menos progreso y civilización, como Noruega, por los motivos que estoy exponiendo y tratando de argumentar. De lo que se trata es de caminar hacia una sociedad sin dejos de monarquía, como la de Suecia, en la que las altas autoridades, como los parlamentarios, no tienen ningún privilegio porque son ciudadanos comunes y corrientes en una función pública y con mucha responsabilidad. Son autoridades, no “dignatarios”.
Ahora bien, los países del primer mundo en los que sí se paga la tal renta pueden seguir haciéndolo, creo, justamente porque son países del primer mundo y sus exautoridades públicas no se sienten dioses, mesías ni monarcas, como generalmente sí sucede aquí. Ergo, romper con esta vieja tradición de pagar de por vida a alguien por no hacer nada sería un movimiento interesante y estratégico hacia una sociedad realmente democrática y de iguales, en la que todos deben trabajar para ganarse el pan del día. Y, por favor, no se diga que un expresidente no tiene posibilidades de hallar un buen trabajo, pues, de hecho, yo considero que éstas se duplican o triplican en comparación con las que tenía antes de acceder a la silla presidencial, lugar que, en los países postergados, es asumido no tanto como silla de presidente, sino más bien como trono de rey.
Ignacio Vera de Rada es profesor universitario
