Ante la crisis desatada por la cuestionada calidad de la gasolina distribuida por YPFB, las más altas autoridades del Estado han salido al frente en un intento desesperado por contener el descontento social. El escenario es terreno fértil para que muchos intenten «hacerse tapizar el vehículo» aprovechando el yerro estatal; después de todo, en Bolivia, la viveza criolla no distingue regímenes ni ideologías. Sin embargo, el discurso oficial ha encontrado un culpable recurrente para justificar las fallas de gestión: la supuesta permanencia de una «quinta columna» de servidores del anterior régimen que, lejos de cumplir sus funciones, se dedicarían a boicotear las políticas implementadas desde hace apenas tres meses.
La presencia de funcionarios de la gestión pasada en la estructura gubernamental —desde embajadores hasta ujieres— es un hecho que está a la vista de todos. En la administración pública boliviana, la lealtad política ha mutado en una estrategia de supervivencia biológica y administrativa. Lo que debió ser una transición de mando habitual se ha degradado en una guerra de trincheras dentro de los pasillos estatales, donde la figura del «funcionario masista» persiste no por mérito ni eficiencia, sino a través de un sofisticado entramado de obstrucción interna y recursos legales de última hora.
Sobre el boicot, si bien no es posible dar fe absoluta de un plan orquestado, la permanencia de un porcentaje considerable de la burocracia anterior hace que tal posibilidad sea imposible de descartar. Estancar la gestión y frenar resultados en áreas críticas como la industrialización y la economía es una táctica predecible para quienes conocen los métodos de la política nacional desde la oposición. No debemos olvidar que, durante la recepción de despachos en varios ministerios, la orfandad documental —física y digital— fue la norma. Esta parálisis no es casual: la desaparición de archivos y el borrado de bases de datos se traducen en una inacción deliberada que estrangula la capacidad del Estado para resolver las crisis actuales, dejando a los nuevos administradores navegando a ciegas en un mar de trámites truncados.
Sin embargo, el fenómeno más inquietante y surrealista ha sido revelado recientemente: una epidemia de certificados de inamovilidad laboral con la que legiones de funcionarias han bloqueado cualquier posibilidad de relevo. Bajo el generoso amparo de la CPE y el D.S. 0012, que garantizan la permanencia laboral de gestantes y progenitores hasta que el hijo cumpla un año, han surgido «embarazos por doquier» en el servicio exterior y diversos ministerios.
Esta actitud, que involucra tanto a gestantes como a padres, es el culmen del oportunismo para evitar el reemplazo institucional. El efecto inmediato es un estancamiento burocrático asfixiante, ya que el Estado se ve imposibilitado de renovar su personal mientras los funcionarios cuestionados gozan de un blindaje legal infranqueable. Se crea así una casta de intocables que, amparados en la biología, secuestran la institucionalidad.
El corolario de instrumentalizar a un hijo refleja un escenario que trasciende la pugna partidaria. La administración pública se llena de funcionarios que priorizan la permanencia sobre el servicio, y el resultado es un aparato estatal ineficiente. Este boicot interno no solo golpea al régimen de turno, sino que estrangula las soluciones que el país requiere con urgencia ante la escasez de divisas y el contrabando de carburantes. La lealtad al partido parece haber sido reemplazada por la lealtad absoluta al ítem, bajo cualquier sacrificio ético.
En la política boliviana, la creatividad para el aferramiento al poder no parece tener límites. Lo que antes eran barricadas y cercos, hoy se ha trasladado al plano de lo biológico. Asistimos a un fenómeno que roza lo absurdo pero que golpea lo profundamente moral: el uso del embarazo como salvoconducto administrativo. Es la degradación del servicio público convertida en obstetricia de conveniencia.
El derecho a la maternidad es una conquista social irrenunciable. Sin embargo, cuando el acto de traer una vida al mundo se sincroniza milimétricamente con los calendarios de destitución o reestructuración estatal, la nobleza de la maternidad se ve empañada por el cálculo político. Aquí reside la profunda inmoralidad de esta práctica: no se trata de un ejercicio de derechos, sino de una instrumentalización de la ley para forzar la permanencia en un puesto que ya no les corresponde por confianza ni por meritocracia. Utilizar un escudo legal diseñado para proteger la vida con el fin de asegurar un sueldo político es, simplemente, una perversión del espíritu de la norma.
Augusto Vera Riveros es abogado
