Christian Jiménez Kanahuaty
Si todo lo que implica contingencia hace referencia a que algunas de las cuestiones que más nos preocupan tienen una delimitación temporal, se nos olvida que también existen dentro de la contingencia, resistencias y periodos donde la crítica se realiza desde dos vertientes. Por un lado, la crítica hacia dentro y luego, la crítica exterior.
La contingencia se relaciona con ambas de modo diferente, la crítica externa, es una lectura sobre el Estado y sus transformaciones a partir de lo que se diluye o no se cristalizó. En cambio, la crítica interna es sobre los procesos que se hicieron para que aquello se diluyera y saliera mal.
Ambas se conectan en el mundo de la política desde el punto de vista de la ideología dominante en contraste con la ideología de oposición. Las dos juegan en el mismo nivel de la contingencia, pero mientras una opera con los aparatos del Estado y del poder, la otra se mueve dentro de la conciencia colectiva y la imaginación social.
No se complementan sino en apariencia y por medio de fines racionales que tienen que ver con alcanzar el Estado para transformarlo y hacer que el Estado sirva a los intereses de una determinada estructura de dominación, que teme por la contingencia porque no desea desaparecer en el tiempo.
Toda esta dinámica entre contingencia, Estado, estructuras de dominación e ideologías, están en juego hoy en día en la arena política boliviana. Se haya el cruce entre visiones de un país que se intenta construir desde una modernidad institucional que apunta a la eficiencia y la despolitización. Pero también desea el recambio de la élite política al interior de las organizaciones sociales. Despojándolas de su identidad combativa para que funcione de modo más servil al poder.
Esta forma de accionar la política desde el gobierno implica pensar las organizaciones como sólidas e inamovibles en el tiempo. Se desconoce por tanto las propias dinámicas internas de las organizaciones, sus crisis y contradicciones. Pero también las múltiples maneras en que cada organización de acorde a su propia historia, encuentra mecanismos para reorganizarse y presentarse con renovada faz en la arena de la política.
Aquí, lo que hace el gobierno es recurrir a esquemas generales: eficiencia, eficacia, control, regulación y saneamiento de los canales institucionales que regulan la vida estatal. Sin embargo, esto revela tanto una crisis del Estado como una saturación negativa en el modo en que se entiende la acción política desde el partido de gobierno. Y este puede que sea el canal de ingreso para entender esta fricción social.
El Estado y el gobierno son cosas muy diferentes, pero cuando el que gobierna no tiene un partido organizado e históricamente competente, lo único que le queda es hacerse del Estado para amparar sus decisiones, haciendo indistinta la diferencia entre ellos y la institucionalidad.
Cuando el gobierno intenta hacer pasar sus preocupaciones como preocupaciones de Estado, realiza un desplazamiento en su identidad, para camuflarse y así instigar al cambio social, no como un proyecto o un programa de gobierno, sino como un mandato desde el poder con el que el partido en funciones de gobierno se inviste al convertirse en un Estado, aparentemente efectivo y regulado.
Al hacer este desplazamiento, la sociedad queda excluida, queda por fuera del esquema porque no encuentra razones que justifiquen su inclusión ni su posición en el debate. El debate vuelve a las calles, porque resulta que las calles de nuevo pasan a ser el escenario del conflicto, pero también de la democratización. Y es democratización porque es ahí donde se discute, delibera y gobierna.
Y se gobierna en un sentido muy distinto al que entiende el poder político amparado bajo las reglas institucionales del Estado: gobierna porque congrega la opinión pública, gobierna porque querella las leyes y sanciona sus equivocaciones. Limita la fuerza política al postular el verdadero estado de situación del país.
Es esto al final lo que a mediados de 2006 se buscaba al instalar la Asamblea Constituyente, que la ciudadanía se convirtiera en constituyente y desde sus demandas y sugerencias y deliberaciones, construyera desde abajo el Estado Plurinacional. Porque lo plurinacional no significaba en aquel momento sólo el reconocimiento y la inclusión de las 36 nacionalidades, ni la gestión y administración pública de la diversidad social y natural.
La plurinacionalidad significaba un sistema de múltiples procesos de toma de decisiones, donde cada región, comunidad, organización e identidad, podrían deliberar y gobernar a través de sus usos y costumbres, lo que significa: desde su saber hacer y desde su memoria política y desde la historia de sus propias luchas.
Entonces, de lo que somos testigos es del retorno de la plurinacionalidad, propiciada de manera contradictoria e indirecta gracias a aquellos que desean desarmarla y erosionar las bases sociales que le pueden dar forma una vez más.
Mientras el gobierno se empeña en desmontar la fuerza social y deslegitimar la acción colectiva de las organizaciones, más y mejor es la articulación entre organizaciones y sociedad civil. Hay una alianza como lo ha demostrado la correlación de fuerzas en procura de la abrogación de la Ley 1720.
El significado de esta acción no ha sido interpretado por el gobierno, pero las organizaciones han leído en esta acción un momento de apertura para el reinicio de la imaginación sindical, que pretende de nuevo generar una convergencia sobre el sentido de la soberanía estatal alrededor de los recursos naturales, la representación política, el patrimonio estatal, los sistemas de salud y educación como partes fundantes de un Estado que intente generar seguridad social y horizonte cultural.
Por estas razones y bajo este contexto, la plurinacionalidad vuelve a ser pensada, ya no en los marcos propuestos por el MAS o las propuestas del Pacto de Unidad. Ahora la plurinacionalidad, se presenta desde otras características que son más profundas porque retoman el ideario del Pacto de Unidad sobre el gobierno con mentalidad propia y bajo usos y costumbres, pero va más allá al pensar la descomposición del Estado moderno liberal y verificar que otro horizonte político es posible, al postular que el Estado puede y debe ser modificado.
Sin pensarlo ni necesitarlo, el gobierno ha colocado las bases para un nuevo proceso constituyente, porque el Estado neoliberal convive con el Estado del MAS, y estas dos formas estatales, todavía conviven con resabios del Estado que dejó el nacionalismo revolucionario. Estas tres formas de organizar la política estatal, ejercen el poder desde el gobierno y jerarquizan las relaciones Estado-sociedad civil, pero hoy se manifiestan en las calles porque el proyecto de muchas caras y temporalidades históricas ha encontrado su contingencia al chocarse con que la sociedad una vez más está necesitada de participar y pensar colectivamente el sentido del Estado en Bolivia y los modos en que se han generado los procesos de acumulación capitalista.
Esto tiene que ver con los propios orígenes del Estado como una estructura de dominación de clase, pero en Bolivia clase está unida a condición étnica. Son ambas las que dan legitimidad y sentido al Estado, pero ambas, durante los últimos diez años, han sido erosionadas desde sus bases al dividir organizaciones y estratificar desde el gobierno procesos de diálogo y entrega de recursos.
Hoy, las calles se hacen eco de nuevo de la voz popular que demanda un cambio, y las reminiscencias podrían saltar por los aires y devolvernos al tiempo de la UDP, pero en realidad la similitud está más cercana. Este escenario se parece mucho más al de los años 2002-2003 porque el significado de las luchas no va contra un plan económico, sino contra el Estado como autoridad que administra desde la identidad hasta la riqueza del país.
Así, de nuevo el tiempo histórico en el país, acelera la crisis y la descomposición de la clase política, y al hacerlo una vez más, dirime la cuestión de la representación legitima de la política. Y es que cuando gozan de mayor legitimidad los que marchan que los que gobiernan desde la Asamblea Legislativa, el gobierno es desacreditado y el poder retorna a las bases sociales para ser administrado de forma colectiva y bajo lógicas campesinas y obreras y vecinales que portan cada una, un modelo futuro de organización social y política. El Estado es diluido, entonces, por la propia acción del Estado. Y mientras lo hace, la sociedad se hace más fuerte, dinámica, diversa y abraza la contingencia porque la piensa como una oportunidad para establecer las transformaciones y retomar la agenda pendiente de octubre de 2003.
