La Comunidad Andina de Naciones (CAN) brindó su respaldo al reclamo realizado por el Gobierno de Perú contra el de Bolivia, por la venta de gasolina a precios internacionales para los extranjeros que circulan por el Estado Plurinacional y que, en el caso específico de 2.800 transportistas peruanos, afectaría la “igualdad de condiciones” en las que brindan sus servicios entre ambos países.
La CAN considera que Bolivia ha vulnerado los principios de No Discriminación, Trato Nacional y Libre Competencia establecidos en las decisiones 398 y 837 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas internacionales que regulan el transporte por carretera entre ambas naciones. La secretaría general de la CAN otorgó al Estado Plurinacional de Bolivia un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del dictamen en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, para que informe las medidas que adoptará para corregir el incumplimiento, y así acatar estos principios vinculantes.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú fueron los encargados de presentar el reclamo ante el organismo internacional, del cual también forma parte Bolivia, y argumentó que dicha diferenciación pone en desventaja a los transportistas peruanos debido al menor flete cobrado por sus pares bolivianos.
“El MTC reafirma su compromiso con el país y con los transportistas del Perú para que puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales al hacer respetar los derechos consagrados en las normas internacionales que regulan el transporte por carretera entre el Perú y los países de la región sudamericana”, dijo el titular de este ministerio, Carlos Estremadoyro, ante el pronunciamiento de la CAN, que fue dado a conocer el 21 de agosto.
En diferentes reuniones, las autoridades peruanas buscaron persuadir que la administración boliviana retire dichas restricciones, que establecen un precio del combustible mayor para los transportistas extranjeros, respecto al precio pagado por los bolivianos, por ese insumo.
Ante este rechazo, Perú acudió a la secretaría general de la Comunidad Andina, de la cual forman parte ambos países, y el 21 de agosto, este organismo emitió su respaldo al Estado peruano en su reclamo contra Bolivia, por la diferenciación de precios del combustible para el transporte internacional por carretera, a través del Dictamen 001-2020.
