Con tono teatralmente alarmado, el ministro de Justicia advierte que “el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) puede suprimir la elección de voto popular para los comicios judiciales”. Tanta simulación de quien ha demostrado que puede dar órdenes al TCP disfraza, apenas, una amenaza/invitación a la oposición parlamentaria, anunciándole que, si no apoyan a sus candidatos para la elección judicial, el TCP podría dar un nuevo golpe de estado, “tumbando” la elección popular de magistrados.
Esta vez no anularían la decisión soberana expresada en las urnas, como hicieron con el referendo del 21 de febrero de 2016, sino que se limitaría a “interpretar” la Constitución, eliminando la elección popular de magistrados. Reeditarían, lo que hizo el régimen con el trámite para reconocer el “derecho humano a la reelección continua”, que terminó, mediante sentencia 0084/2017 del TCP, otorgándole a ese organismo el “derecho” de reformar la Constitución, anulando parte de sus artículos, suspendiendo parcialmente su vigencia, o condicionándola a sus sentencias.
Esa sentencia dio curso a una alteración radical del orden constitucional, es decir un golpe de estado en su forma más pura, crimen por el cual ni han sido juzgados los que la dictaron, ni quienes la mantienen vigente, incurriendo en flagrante prevaricato, debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha negado la existencia y vigencia del “derecho humano” en que el TCP basó su decisión.
La no anulación de la sentencia golpista no obedece a un capricho del TCP, sino a la necesidad de mantener la base sobre la que se montan los juicios y persecuciones por la conspiración y golpe que dice haber sufrido el señor Morales Ayma y, más importante todavía, a la necesidad de justificar y mantener la prerrogativa del TCP para alterar la Constitución.
Como el Gobierno no se atreve a reconocer que seguir manteniendo la versión de que Morales Ayma fue derrocado por un golpe se ha convertido en una verdadera cadena que amarra el cuello del Sr. Arce Catacora a la de su exprotector y hoy encarnizado enemigo, experimenta con la posibilidad de reclutar a la oposición parlamentaria a su favor, para prevenir el muy probable empantanamiento de elaborar una lista de candidatos para las elecciones judiciales, debido a la pelea interna del MAS.
Su oferta, disfrazada de preocupación por lo que “pueda hacer el TCP”, se basa en que la oposición parlamentaria no ha realizado un solo intento de enjuiciar a los magistrados golpistas de 2017, ni a los prevaricadores actuales. Además, esa oposición es favorable a eliminar la elección de magistrados porque le atribuye ser parte de la quiebra total de la administración de justicia.
El problema de los magistrados corruptos, subordinados al poder político, no nace de la participación ciudadana; todo lo contrario, en las dos anteriores elecciones judiciales, los electores dieron una lección democrática rotunda, rechazando a todos los candidatos seleccionados por el parlamento, mediante los votos blancos y nulos y, también, una parte de la abstención. Una vez más, el pueblo boliviano expresó que no hay elecciones libres y democráticas si no se respeta su derecho a elegir y no solo a votar.
Los nudos están en la selección de candidatos sumisos, deudores de ayuda a quienes los habilitan en las listas; en dar licencia para delinquir a jueces y fiscales que, como contraparte aceptan cumplir el rol de policía política; en no juzgar a los que violaron la Constitución y mantienen sus puestos porque pueden ser requeridos para hacer un nuevo favor de la misma naturaleza.
La ruta para empezar una creíble reforma de la justicia es basar cualquier acuerdo en la completa e incondicional vigencia de la Constitución; en llevar a cabo una selección transparente de candidatos a magistrados, con base a su capacidad y experiencia y, desde luego, terminar con el eterno juego de complicidades e impunidad.
