La bofetada

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El juez estadounidense James Cohn ha decidido, el pasado 30 de mayo, contradecir el veredicto firmado por diez miembros de un jurado federal de La Florida en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. El 3 de abril, dicho jurado había acordado que ambas ex autoridades debían pagar diez millones de dólares a las víctimas del ejército boliviano, que entre septiembre y octubre de 2003, le quitó la vida a 64 personas.

Cohn fue nombrado juez precisamente ese 2003 por el entonces presidente George Bush. Ese mismo año, Sánchez de Lozada huía de Bolivia a Estados Unidos, donde recibió una protección oficial que se extiende hasta nuestros días. La bofetada que Cohn le propina ahora a nuestro país es congruente con su nombramiento. Bush apiló muertos por centenares. Su juez valida ahora una operación criminal.

Cohn ha escrito que los demandantes no pudieron probar que esas muertes hubieran surgido de una intención deliberada. El juez simplemente no entendió el veredicto del jurado que pretende refutar. Acá te lo explicamos. A la pregunta de si las muertes conocidas por el tribunal fueron “ejecuciones extrajudiciales”, éste respondió que sí. Ello significa que no hubo un proceso judicial previo, sino que cayeron abatidas en manos del Estado sin chance de defenderse. Luego se les consultó si ellos creen que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tuvieron “responsabilidad de comando” sobre los soldados que ejecutaron a los civiles. La respuesta fue nuevamente afirmativa. Enseguida se les preguntó si los Sánchez conspiraron con otras personas para provocar las muertes. El jurado lo rechazó. La siguiente pregunta fue si los acusados se pusieron de acuerdo con los soldados para acabar con esas vidas. El jurado volvió a negarlo. La pregunta final inquirió si los soldados tuvieron intenciones de matar. El jurado dijo no, nuevamente.

El veredicto no es inconsistente, como dice Cohn. Es obvio que no hubo la intención de matar a esas personas en particular, las cuales eran sujetos desconocidos tanto para los altos mandos como para los que jalaron el gatillo. El objetivo del Estado en ese momento era aplastar las manifestaciones con el uso de la fuerza. Se buscaba provocar el mayor daño necesario con el fin de hacer retroceder las protestas. La identidad de quienes se manifestaban o la de quienes reprimían era irrelevante. Ni unos ni otros se conocían personalmente. En tal sentido, no hubo un acto deliberado de fijar blancos específicos. Moría todo lo que se ponía delante del convoy o amenazaba con frenar su paso. Lo que el jurado en Estados Unidos aquilató con claridad es la “responsabilidad de comando”. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sabían que enviar soldados con armamento letal a las calles iba a causar muertos. Ese es el costo que asumieron pagar y por supuesto no emitieron orden alguna de disparar. No les hacía falta. Bastó con escribir el verbo “garantizar” para referirse al suministro de combustibles. La “responsabilidad de comando”, que el jurado de Miami, les atribuye, los hace responsables de los daños ocasionados por anónimos soldados disparando sobre anónimos manifestantes. De ahí surge la obligación de pago. Diez millones de dólares es lo que se supone podría ayudar a reparar los quebrantos provocados por el paso de la caravana artillada de camiones cisterna. Esa es la mínima compensación; ese, el indispensable fallo de la Historia, que muchos celebramos el 3 de abril. Mientras tengamos cabeza, seguiremos reafirmando que quien dirige una tropa de asalto es responsable de cada uno de sus pasos y eso vale tanto para el que alquila buses para transportar marchistas maniatados como quien permite que un oficial de policía dispare canicas con una escopeta.

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