Instituciones de la sociedad civil presentaron este martes 22 de diciembre a la Asamblea Legislativa Plurinacional la “Agenda Ambiental para Bolivia 2020-2030” que contempla nueve ejes estratégicos, entre ellos: el modo actual de desarrollo, el cuidado de los bosques, la diversidad biológica, las áreas protegidas, los incendios, los recursos hídricos, la minería, las ciudades sustentables y el cambio climático.
La entrega pública de la Agenda Ambiental Legislativa se realizó la mañana del martes, a las 10.30, en el exbanco Minero ubicado en la calle Comercio esquina Colón.
“La intención es iniciar un proceso participativo e inclusivo para que los diferentes actores involucrados en la gestión ambiental del país asuman la necesidad de avanzar en el tratamiento prioritario de las temáticas expuestas y trabajar con urgencia en su solución o mitigación”,explicó Jenny Gruenberger, asesora estratégica de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema).
“Para nosotros es una alegría recibir este aporte, vamos a tomar como documento base de discusión y debate esta propuesta para ver qué normas necesitan ajustes, actualizaciones y que otras normas se deben proyectar desde cero, para regular la conducta de los habitantes y vivir en equilibrio y armonía con la madre tierra”, explicó Hector Arce Rodríguez, presidente de la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
A su turno la senadora Cecilia Requena, secretaria del Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático de la cámara de senadores, explicó “estoy feliz de hacer la conexión de la sociedad civil y las dos cámaras, me pongo a disposición para la coordinación y el trabajo de ambas comisiones, coincidimos enormemente con la propuesta expresada en este documento, queremos darle una señal de coordinación al pueblo boliviano en torno a lo que respecta al cuidado de la vida”.
Ambas Comisiones firmaron un acta de compromiso para hacer el seguimiento correspondiente para debatir, analizar y viabilizar las propuestas de la Agenda Ambiental Bolivia 2030 .
El documento fue redactado en encuentros que comenzaron en septiembre pasado y en los que participaron actores de tierras altas, valles y tierras bajas de Bolivia, quienes precisaron las necesidades y proyectos estratégicos que deberán ser considerados en sus regiones.
Según los impulsores de la Agenda, también se desarrollaron mesas de trabajo con más de 70 organizaciones de la sociedad civil de los nueve departamentos. Entre las acciones venideras están previstos espacios de socialización con asambleístas de cada región para abordar temas relacionados al estado ambiental de Bolivia, las presiones sobre el patrimonio natural y las propuestas para la década venidera.
El objetivo es lograr que “se reconozca la necesidad de orientar al país hacia un modo de desarrollo sostenible, en el que las personas y la naturaleza sean el centro de atención”, comentó Gruenberger.
La Agenda Ambiental 2020-2030 señala que Bolivia es uno de los 15 países mega biodiversos del mundo. Agrega que el territorio boliviano representa el 0,2% de la superficie global, sin embargo contiene alrededor del 3,5% de los bosques del planeta y entre el 45 y 55% de toda la biodiversidad mundial.
En las últimas cuatro décadas, esta biodiversidad se ha visto cada vez más amenazada, principalmente por la pérdida y degradación de hábitats, la sobreexplotación de los recursos naturales renovables, el cambio climático, la introducción de especies exóticas, el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre y el conflicto entre fauna silvestre y seres humanos.
El reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Tras las huellas del cambio climático en Bolivia”, establece que el país no cuenta con información científica para afrontar los efectos del calentamiento global y que, en los últimos 25 años, la temperatura subió entre 0,08 y 0,34 grados centígrados en diversas regiones del territorio boliviano. El reporte pronostica que habrá aumentos de 1 a 2 grados hasta 2030 y de 5 a 6 hasta 2100 que se expresarán en cambios más drásticos de los patrones de distribución e intensidad de las lluvias.
Para evitar que estas proyecciones se hagan realidad, finaliza el documento del PNUD, es necesario que las autoridades del Estado implementen medidas de adaptación con una perspectiva de justicia ambiental, a partir de acciones que reduzcan las vulnerabilidades presentes y aumenten las capacidades para hacer frente a los efectos del cambio climático.
