El país vive la apertura de una nueva época, la que debe ser enfrentada saldando cuentas pasadas y dando explicaciones de lo sucedió en los 20 años de gobierno del neopopulismo autoritario
Los periodos políticos deben ser evaluados y explicados en busca de la verdad de los hechos y aprender de lo sucedido, dejarlos en la nebulosa es una decisión peligrosa, porque todo queda como si nada hubiese pasado o fuese normal, la memoria de los pueblos no debe ser descuidada.
De este modo la rendición histórica de cuentas es necesaria porque permite a la sociedad mirarse asi misma con el fin de no repetir errores y efectuar una catársis en vistas a construcciones futuras que pasen del momento puramente económico al momento ético político.
Las gestiones de los presidentes Morales Ayma y de Arce Catacora, fueron estructuradas bajo una misma visión de país que forzó la creación de un modelo de estado, de sociedad y poder político, sustentados en ejes ideológicos destinados a consolidar un régimen autoritario, más propiamente, una dictadura electoralizada, que debe ser evaluada de manera integral y no parcelada.
Los hechos, deben ser tratados ordenadamente y desmenuzados críticamente en espacios destinados al efecto y ajustados a procedimientos previamente establecidos en el ordenamiento jurídico nacional.
En días pasados el presidente Paz Pereira ha denunciado de un posible daño económico de más de 15.000 millones dólares al estado boliviano; el Canciller nos alerta, que se debe cerca de 42 millones de dólares a organismos internacionales por cuotas no canceladas, otros confirman que los Ministerios de Justicia y de Gobierno fueron los promotores de procesos penales en contra de opositores en connivencia con jueces y fiscales, implementando un régimen de terror. Es previsible que se diga mucho más y con ello se copen las primeras planas de los medios de comunicación.
Estas denuncias públicas, no deberían quedar en la pura delación sino, ser el punto de partida que active los procedimientos legales para que se procese a los responsables en las instancias llamadas por ley, debido a que los autores de semejantes comportamientos no fueron ciudadanos comunes y corrientes sino gobernantes responsables de la cosa pública, en dicha condición sus actos tuvieron efectos internos y externos comprometiendo la fe y credibilidad del estado.
La palabra del presidente o del Canciller no debe quedar en duda, dejar lo dicho en el copamiento mediático o en iniciativas parceladas que se perderán en el papeleo improductivo en las oficinas de algún fiscal o juez, no corresponde.
No deben olvidar, que a las autoridades juridiccionales no les compete emitir fallos en temas de orden político por mandato de la constitución, pero además, porque se estaría contribuyendo a fracturar la débil institucionalidad existente, como sucedió en el pasado.
Las organizaciones políticas y, en particular, los diputados y senadores oficialistas deben obrar en consecuencia respaldando lo dicho por el presidente y otros funcionarios estatales, pasando de la denuncia al esclarecimiento de los hechos.
Veinte años es un tiempo demasiado largo en el poder, su estructuración concentrada, derivó en un manejo autoritario con perversos ejercicios, que es algo que debe ser debatido y esclarecido en un juicio de responsabilidades.
No se trata de responder con odio o venganza a las muchas injusticias que promovieron o cometieron sino, buscar esclarecer los hechos y desnudar la esencia autoritaria del neopopulismo fascistoide, cuyos efectos han sido experimentados dolorosamente por gran parte de los bolivianos.
Esta es una tarea de recuperación y consolidación de la democracia frente a la dictadura. Los actos personales llenos de pura voluntad tendrán resultados pírricos y, cuando más, provocarán peleítas entre el acusador y el acusado. No se debe renunciar al debate político democrático de fondo que visibilizará el carácter de un régimen autoritario y corrupto canalizando las denuncias de las más altas autoridades por donde corresponde..
La afirmación metafórica de que el estado esta muerto, impele al gobierno y, sobre todo, a sus parlamentarios, a dar una respuesta política. Se suponía que el estreno de muchos o la repetición de mandato de otros, además de lavar su imágen marcando diferencia con el pasado inmediato, iba a provocar una explosión de iniciativas destinadas a saldar cuentas con el pasado ominoso, pero, hasta ahora nada, su liviandad es insorportable.
Sucre, 23 de noviembre de 2025
