Gestión pública… a lomo de mula

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¿Cuáles son las cualidades que el ciudadano espera de un funcionario público? Pregunta que nos remonta automáticamente a las virtudes subyacentes en la lista de principios que rigen la función pública y que se inscriben en el art. 232 de la CPE, de entre los que se enfatiza, solo para los efectos de este escrito, aquellos que guardan directa relación con la idea de meritocracia, tan extrañada como venida a menos en los últimos años, destacando la ética (quien conoce se autoimpone límites morales, vínculo entre el pensar y el hacer), la transparencia (quien conoce y actúa éticamente, nada tiene que ocultar), la competencia (quien conoce debe saber cuándo y cómo aplicar lo que sabe), la eficiencia (debe hacerlo con economía de recursos), la calidad (excelencia y mejora continua), la responsabilidad (quien conoce se hace cargo de las consecuencias, buenas y malas, que ello implica) y los resultados (pues nada habrá servido sin un indicador cuantificable de logro y generación de valor). Sí, más allá de lo que muchos crean, yo creo firmemente que el ciudadano de a pie busca esos atributos en los burócratas a cuyos sueldos aporta con sus impuestos.

En este orden ideas y  aunque parezca un contrasentido, cabe preguntarse si los decisores de política, gerentes de entidades y empresas públicas, dirigentes políticos y, en general, quienes detenten un cierto grado de poder en la distribución y asignación de cargos públicos, comparten esa misma escala de valores, siendo para ello necesario considerar algunos elementos que considero centrales para el análisis: a) La subsistencia de un viejo sistema de acceso al poder político basado en los llamados “partidos empresa”, esto es, en mecanismos de intermediación que reclutan militantes en base a promesas futuras de rentas o cargos, pues está claro que nadie saldrá de buena gana a pintar paredes, colgar pancartas o aportar dinero sin ciertas expectativas de retorno (excluyo a los convencidos ideológicamente, que algunos debe haber); b) La ausencia de un adecuado y funcional sistema de carrera, lo que de inicio disipa límites y determina un nada despreciable margen de maniobra para quienes estén en condiciones de disponer de un cierto número de cargos o “pegas” en la administración pública; y c) Un sistema de condiciones de acceso y ejercicio muy laxo, con determinados requisitos legales, por lo general genéricos y de orden meramente administrativo, a los que se suman unos manuales de funciones y descripciones de cargo muy poco exigentes, ampliando el universo de postulantes a costa de la calidad.

De esta forma, ya desde la misma campaña política se van constituyendo ejércitos de potenciales aspirantes a funcionarios públicos, imbuidos de notables aptitudes y actitudes –lealtad con el candidato y/o partido, un fanatismo exacerbado muy cercano a la violencia, marcadas dosis de voluntarismo con las que se pretende sustituir el conocimiento técnico, ambición, etc.–, utilísimas en campaña pero bastante negativas para la gestión, muy alejados de las características que los ciudadanos esperan de sus burócratas. De ahí saldrá, finalmente, una gran parte de los cuadros que dotarán a la administración de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y ahí es donde también radican sus más deleznables taras y defectos. Emerge así una primera hipótesis, que indica que, por lo general, los dirigentes políticos no priorizan los valores del art. constitucional 232 en la selección del personal que dará cuerpo a la burocracia pública, anteponiendo al contrario iguales o parecidos factores a los que primaron durante la campaña proselitista.

Si esto fuera así ¿cómo es que finalmente funciona la burocracia? Simple, gracias a que un cierto número de decisores políticos asume consciencia de que si bien el conservar un potencial ejército proselitista (militancia “ocupada y contenta”) es importante, no lo es menos el mantener un cierto nivel de eficiencia en la gestión, eso como condición de legitimación a partir del logro de unos resultados concretos, logrando reservar, no sin fuertes resistencias internas, un determinado porcentaje de los puestos, generalmente muy pequeño, para profesionales y técnicos de comprobada capacidad, eso sí, siempre a cambio de un cierto grado de lealtad, quizás más personal que partidario. Se trata, al menos en parte, de una buena noticia, pues ante la imposibilidad de establecer un sistema meritocrático en toda regla, al menos permite que la maquinaria burocrática continúe operando, aunque bajo estándares mínimos, como es de esperarse, condiciones en las que pensar siquiera en procesos de mejora sustanciales resulta, cuando menos, ingenuo.

Como resultado final, se tiene un aparato público que funciona precariamente, débilmente asentado en un reducido grupo de profesionales idóneos, sobre los que se descarga casi todo el peso de la gestión, manteniéndolos saturados y bajo permanentes amenazas de despido, recordándoles a cada momento que su calidad de advenedizos sin militancia comprobada y sin pedigrí político hace de ellos funcionarios de segunda, operadores con escasa o nula influencia en las decisiones, gozando del privilegio/dádiva de un empleo que debe ser pagado redoblando esfuerzos, laborando hasta más tarde de lo habitual e incluso fines de semana. Así, a contrapelo, el conocimiento y la capacidad terminan siendo penalizados en vez de premiados, haciendo que quienes gocen de tales virtudes trabajen, en resumen, como mulas.

De ahí el título de la columna, pues se trata de un estilo de gestión basado en el esfuerzo y conocimiento de unos pocos, sobre cuyos hombros se carga la cotidianidad de todo el funcionamiento organizacional, mientras el resto no logra aportar lo esperado, por mucho esfuerzo y voluntad que demuestre, aquejados de un déficit crónico de saber técnico. Esto no hace más que visibilizar la urgente necesidad de un adecuado sistema de carrera administrativa en toda la administración pública.

Téngase además en cuenta que todo lo relatado no es más que una cadena de hipótesis por comprobar, un conjunto de explicaciones probables a una vieja problemática; por consiguiente, cualquier parecido con la realidad debe ser filosóficamente asumido, científicamente abordado, técnicamente procesado y adecuadamente presentado. Solo así se podrá mejorar.


El autor es doctor en gobierno y administración pública