En Bolivia, gracias al trabajo comprometido del movimiento feminista y de mujeres, se cuenta con la Ley Integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y la Ley Nº 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas. Sin embargo, las altas cifras de feminicidios y desapariciones forzadas cada día son más preocupantes. Antes de que termine el año se registran 105 feminicidios y alrededor de 30.000 denuncias de otras formas de violencia.
Entre algunos de los problemas para la implementación adecuada del marco normativo para garantizar a las mujeres una vida sin violencia, encontramos que las víctimas cuentan con medidas de protección adecuadas por la ausencia de un plan marco para prevenir y proteger a todas las víctimas y procesar a los responsables. El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades: “Mujeres Construyendo la nueva Bolivia para Vivir Bien” (2009-2020), nunca contó con recursos ni humanos, ni financieros suficientes para su implementación. Lo mismo pasa hoy con la Ley 263; hasta ahora no se realizó la evaluación de la implementación del Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la lucha contra la trata y tráfico de personas (2016-2020), y es necesario elaborar uno nuevo.
Otro gran déficit es que el mecanismo institucional para el adelanto de las mujeres en Bolivia es casi inexistente. No hay una instancia dentro de ningún nivel del Estado que se haga cargo de las políticas para la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la despatriarcalización, de manera estratégica y con jerarquía dentro del Órgano Ejecutivo.
La existencia de vacíos en materia judicial- normativa y en la formulación e implementación de políticas y planes, así como la inacción ante una cadena de prácticas discriminatorias machistas en el sistema educativo y los medios de comunicación, constituyen factores que contribuyen a perpetuar graves abusos, además de las propias desigualdades que los provocan. Por otro lado, el derecho de reparación para las mujeres víctimas de violencia y sus familias en la práctica no se ejerce, ni se encuentra reconocido.
Prevenir, proteger y procesar son los tres conceptos clave sobre los que se debe fundamentar una estrategia destinada a poner fin a los abusos y violencias que sufren las mujeres y niñas. El derecho a una vida libre de violencia y discriminación debe ser protegido, tanto por planes eficaces como por medidas ejecutivas, legislativas y judiciales que deben ser impulsadas por el nuevo gobierno, como uno de sus principales retos.
Entre otras limitaciones se destacan la escasa producción de información y datos fiables sobre violencia y trata de personas; la falta de sensibilización y preparación de las y los administradores de justicia y operadores/as de la Policía para asegurar una atención y tratamiento adecuado de los casos, y la existencia de obstáculos para el acceso de las víctimas de trata a la atención, protección y justicia necesarias.
En cuanto a violencia sexual comercial contra las niñas y jóvenes la falta de penalización “al cliente” y de preparación del entorno judicial, crea márgenes de impunidad y provoca desprotección en las víctimas.
Como afirma Laura Astorga, mientras en el día las mujeres tejemos estrategias, leyes, normas y propuestas contra el machismo, por la noche los medios de difusión, comunicación, música, espectáculos, destejen nuestros esfuerzos, fortaleciendo estereotipos machistas y patriarcales que se sitúan en el corazón mismo de nuestras culturas que se tienen que desmontar.
Elizabeth Salguero Carrillo es comunicadora social.
