Sin ánimo de atribuir responsabilidades a como dé lugar al Gobierno del MAS por cosas que antes de él no sucedían, ocurre que desde hace 16 años —y mientras los procesos judiciales cada vez incrementan sus conductas venales e incompetentes ante la avalancha de denuncias contra opositores generalmente sin ningún sustento, así como por delitos comunes sobre los que generalmente se dictan fallos inicuos— desde hace 16 años, decimos, no hay un solo día que los noticieros no contemplen alguna noticia o crónica sobre temas judiciales.
Ello tendría que obligar a una permanente capacitación de los periodistas, porque no solo hacen una narración informativa, sino que para “orientar” a sus televidentes u oyentes se enfrascan en riesgosos y a veces supinos comentarios jurídicos, temas en los cuales sus palabras distan mucho de ser edificantes o aclaratorias, pues a veces ponen énfasis en un morbo estimulante de la violencia que azota a la sociedad, simplemente porque ese estilo comunicacional de espectacularidad es una veta valiosa y rentable, más cuando la información está relacionada con hechos de sangre.
Aunque en el espectro de canales de televisión y estaciones de radio hay algunos periodistas que son entendidos en derecho, la gran mayoría no tiene siquiera una básica formación jurídica (no obstante que el periodista en los últimos años se ha convertido en actor de la administración de justicia, ya que se ha instalado una fiebre por esta área, y por eso mismo debería ser absolutamente especializada).
La continua presencia —antes excepcional— de periodistas en los pasillos de los tribunales de justicia, debió ser el impulso para que las empresas comunicacionales promuevan una mayor preparación de sus informadores judiciales en aras de la calidad y veracidad de las informaciones que elaboren para su medio, evitando los frecuentes gazapos jurídicos. En general, se puede decir que la participación de la prensa en la carga procesal que tienen los juzgados y tribunales, goza de libertades para cubrir la información, y salvo en los casos en que al gobierno le interesa que determinadas causas se mantengan en absoluta reserva, los medios de comunicación hacen seguimiento de los procesos, lo que no significa garantía de correctos informes, pues sin dejar de lado el deber de informar, muchos periodistas incurren en faltas de respeto al principio democrático de protección a la privacidad, al honor y a la piedad, que tendría que ser una cuestión de autorregulación más allá de lo que en este campo prevén las leyes. Es decir, la veracidad de la información judicial debe ir de la mano de la contrastación de hechos.
Es en este ámbito que varios canales de televisión entrevistan con mordacidad a personas generalmente sumidas en llanto, quienes exponen la tragedia que viven a causa de los agravios sufridos, olvidando los medios que el ejercicio periodístico exige un código de ética no solamente escrito, sino natural, que impide emitir —como lo hacen frecuentemente— juicios de valor sin antes investigar los móviles o circunstancias de los atropellos que sus “infortunados” entrevistados les relatan, o incluso sin indagar si ellos son realmente ciertos. Supongo que a veces lo hacen por llenar sus espacios, pues las revistas matinales y los programas nocturnos, que son los que usualmente publican ese tipo de información, con eso han salvado por lo menos veinte minutos de programa.
Por otra parte, el periodista, quien no está obligado a ser un versado en derecho, debe tener una solvencia en este campo de la información utilizando una nomenclatura adecuada, haciendo una diferenciación precisa de todos los organismos que tienen que ver con la administración de justicia (aun en boca de los más destacados del oficio, que muchas veces pretenden una versación que no tienen, se pronuncian yerros inauditos). El periodismo judicial demanda que el periodista tenga dominio sobre el universo conceptual y técnico para desempeñar idóneamente su labor y el mensaje llegue sin distorsiones. La deontología en el ejercicio periodístico judicial impone que ese oficio no sea para un periodista “todoterreno”, sino para alguien especializado.
La influencia que el periodismo de esta área tiene en quienes están facultados para juzgar ha dado lugar a lo que se conoce como “juicios paralelos”, que no pueden continuar por la salud de una profesión tan noble y la iniquidad que puede cometerse con quienes están sometidos a la acción de la justicia.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
