La gobernabilidad política en los sistemas democráticos es una tarea de nunca acabar pues la dinámica de los conflictos permanentes a lo largo y ancho de la región, pone en serio riesgo a las instituciones más importantes, así como tiende a quebrarse la durabilidad de las reglas del orden político. Hablar de gobernabilidad era la moda hace treinta años (1990-1992); posteriormente se transformó en un tema aburrido, hasta convertirse en un elemento incómodo y, a momentos, inútil (2011-2021). Sin embargo, en una gran parte de los países de América Latina, las reformas institucionales fueron encaradas de manera ineficiente, sin integrar de manera consistente los problemas que traen las ansias por lograr un cambio social de largo plazo, junto con las dimensiones socio-culturales donde varios actores exigen transformaciones inmediatas.
La gobernabilidad regresó con fuerza para replantear temas muy graves como la permanente violación a los derechos humanos desde el Estado, la manipulación de la justicia por parte del presidencialismo y la corrupción incontrolable al interior de las fuerzas de orden público y las mismas Fuerzas Armadas. Asimismo, los dramáticos conflictos del narcotráfico, las desapariciones constantes de personas que son víctimas del abuso de poder en México, la inseguridad ciudadana y la crisis del Estado anómico que es rebasado por el crimen organizado, expresan claramente de qué manera las élites políticas se han deslegitimado, sin poder llevar adelante varios cambios económicos y políticos importantes.
Los movimientos sociales exigen también una participación intensa en el diseño de cualquier política pública, junto con sus propias ambiciones para cuestionar al poder. Este caso, varios actos de insurgencia civil en Chile, Brasil, Bolivia, Perú o Nicaragua señalan por qué la democracia representativa y la estabilidad gobernable dejaron de ser factores de negociación, convirtiéndose en todo lo contrario, ya que la ruptura del sistema democrático regresó como una nueva estrategia para el ejercicio del poder a manos de actores sociales convulsionados.
Los conflictos en un régimen democrático nunca mostrarán un sistema de equilibrios intocables porque los actores políticos involucrados en la resolución de los problemas pretenden resultados rápidos y momentáneos, sin intentar sacrificarse para beneficiar a toda la sociedad. Los actores conflictivos buscan proteger el máximo de sus intereses y es por esto que no toman en cuenta las consecuencias posteriores de sus acciones, sino que más bien piensan en su propio hedonismo, degenerando en conductas unilaterales y cada vez más violentas. Por lo tanto, las viejas estrategias de negociación asentadas en la inclusión de los excluidos, pierden relevancia para dar paso a múltiples actores sociales que irrumpen a como dé lugar en el sistema de toma de decisiones, con el objetivo de ganar el todo por el todo, inclusive a pesar de sucumbir en medio de acciones sangrientas.
A momentos todo parece estar fuera de control, aunque un probable equilibrio en los conflictos significaría tener la posibilidad de articular los intereses de varios actores, que, si bien en un momento están enfrentados, podrían lograr varios acuerdos en relación con diferentes objetivos de desarrollo que apunten hacia un beneficio colectivo para todos. Sin embargo, los actores en conflicto únicamente se miran a sí mismos como los vencedores supremos por fuera de la sociedad.
En América Latina, el posicionamiento de los actores conflictivos muestra que durante el periodo democrático 1985-2021 se formaron dos frentes: a) por un lado se encuentran las posiciones de los “actores corporativo-sociales”, y b) por otro lado se hallan los “actores institucionales”. Los actores corporativo-sociales influyen en la sociedad civil organizada con demandas y reivindicaciones de carácter político muy fuertes, pero no pueden alcanzar resultados eficaces en materia de gestión pública, debido a sus divisiones internas y a la inestabilidad que ellos promueven tratando de incumplir todo tipo de reglas y resistiéndose a esperar pacientemente para que maduren las soluciones a sus problemas.
Estos actores corporativo-sociales se agrupan en las clases sociales, sindicatos, agrupaciones ciudadanas y aquellas organizaciones que dicen promover la lucha de los de abajo y todo tipo de grupos marginales. En este caso, no importa mucho la preservación del sistema democrático, sino la efervescencia de los actores movilizados, sobre todo pobres y carentes de poder cuyo objetivo es satisfacer sus intereses de inmediato, inclusive a costa del quiebre del orden democrático.
Los actores institucionales están en las esferas de gobierno, organismos de cooperación y los partidos políticos modernos tendientes a lograr acuerdos negociados, sobre la base de normas duraderas. Estos actores asumen una posición más mesurada respecto a la proyección de las políticas públicas, son más reacios al control social reclamado por algunas organizaciones de base, estando al mismo tiempo atrapados en consideraciones de análisis de mercado y posibilidades financieras sostenibles, llegado el momento de evaluar sus propias alternativas de subsistencia futura.
Estos actores institucionales, supuestamente son más racionales porque saben muy bien que no pueden ofrecer aquello que la realidad no es capaz de dar. De todos modos, estos actores cuando buscan ganar elecciones o perjudicar a los enemigos políticos de la oposición, también amenazan la racionalidad de los sistemas democráticos al negociar soluciones, muchas veces imposibles, pensando en objetivos coyunturales y de corto plazo.
La polarización entre los actores social-corporativos, impacientes por arrancar sus demandas a cualquier precio y los actores institucionales, constituye un equilibrio inestable donde las negociaciones violan sistemáticamente las reglas democráticas y atentan contra la estabilidad por temor o chantaje de los grupos movilizados. La consecuencia es una cultura política informal donde es preferible el desorden y las contradicciones, antes que la racionalidad previsible de una democracia estable. La cultura política informal está atravesada completamente por la anomia donde todos los sectores sociales quieren ganar en río revuelto, pensando en sus intereses restringidos y promoviendo la evaporación del interés colectivo y la unidad como Nación.
Los conflictos en América Latina se alimentan de la anomia y viceversa. Las reglas democráticas se rompen fácilmente. Al final, ningún actor o nivel institucional obtiene resultados eficaces porque todos están afectados por el cálculo egoísta donde el único triunfador es la violencia descontrolada y el retorno de la ingobernabilidad que tiende a convertirse en la identidad única de la política.
Franco Gamboa Rocabado es sociólogo.
