Miércoles 23 de octubre 2019: Evo Morales denuncia un golpe de Estado, y convoca a las organizaciones sociales del partido oficial a defender en las calles su victoria electoral, argumentando la exclusión colonial y discriminatoria del voto rural. ¿Qué entiende él por golpe de Estado? En febrero de 2016, afirmaba que desconocer el voto contrario a la reelección era sinónimo de golpe de Estado. Desnuda una vez más su esencia autoritaria.
Al 96,78 por ciento del cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) faltan 0,5 por ciento para asegurar la “victoria en primera vuelta” de Evo Morales. Esta definición contradice los resultados, altamente confiables, de tres ejercicios estadísticos independientes que confirmaban la segunda vuelta (VíaCiencia –oficialmente reconocida– Tu voto cuenta, vetada por el TSE, y el conteo que contempla el protocolo reservado de observación de la OEA). ¿Se cocina a fuego lento la ínfima diferencia que confirme esa ilegítima victoria?
Sin embargo, no nos engañemos. Desde una perspectiva de proceso, el fraude no se originó ni consumó el pasado 20 de octubre, fue precedido de una cadena de actos fraudulentos que se impusieron a punta de maniobras políticas, mediáticas y legales desde febrero de 2016. Y es que la sospechosa e inexplicable interrupción de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue la gota incendiaria que atizó el fuego de la desconfianza y la bronca en el comportamiento de un órgano electoral sumiso a las órdenes del poder ejecutivo. Sobran razones para sustentar este extremo.
Un primer hito: la engañosa y costosa convocatoria a elecciones primarias obligatorias, que inauguran prematuramente un maratónico e inédito proceso electoral en condiciones de desigualdad. No solo se intentó legitimar la candidatura del binomio ilegal, sino desnudar la precaria situación de un bloque de organizaciones políticas opositoras imponiendo un calendario y reglas de juego que condenaban a un juego desigual. Un verdadero vía crucis.
Segundo: El adelanto de una semana de los comicios para garantizar el voto de los bolivianos en la Argentina, donde de manera clientelar el MAS hizo campaña persistente. Y ¡vaya coincidencia! el TSE no reglamentó la segunda vuelta como lo hizo en 2014.
Tercero: La habilitación “antirreglamentaria” de nuevas candidaturas tras la renuncia de candidatos de la alianza Bolivia dice No y del PDC.
Cuarto: Ninguna falta electoral denunciada contra el abuso del MAS fue resuelta por el Órgano Electoral, la justicia electoral (ausente) no se atrevió a tramitar casos contra el partido oficial, menos contra Evo. Es más, guardó silencio frente a manifestaciones públicas de amenaza y restricciones de los derechos políticos de terceros, por parte de organizaciones sociales oficialistas.
Quinto: Con guirnaldas ante el ofrecimiento de viviendas y publicitados actos de entrega de obras, el binomio inconstitucional rompió el silencio electoral de dos días antes de los comicios.
Sexto: Nada se dijo del uso y abuso de ingentes recursos públicos por parte del binomio oficialista durante este maratónico proceso. La restricción de propaganda gubernamental no se extendió a empresas públicas que hasta el mismo día de elecciones exaltaban las bondades de la gestión de gobierno. Para el TSE esos mensajes no convocan al voto a favor del MAS. Sin embargo era posible inferir todo lo contrario.
Séptimo: Los bolivianos pagamos la más costosa e ineficaz propaganda gubernamental a favor de una candidatura oficial en gestión. El gasto de 329,2 millones de bolivianos, reportado entre enero y septiembre (aproximadamente 175.000 dólares por día), es un dato escandaloso.
No es la primera vez que Evo burla y escamotea la decisión del soberano. Si bien algunos proponían no participar en estos comicios de origen fraudulento, valió la pena hacerlo para desnudar una vez más la impostura de Evo y sus talibanes. Por primera vez en la historia democrática se cuenta con una fracción política con un 37 por ciento de respaldo, superando un 50 por ciento de rechazo al MAS. ¿Oportunidad para invitar a la convergencia y construcción de un proyecto político democrático que encauce esta diversa energía ciudadana? La contradicción democracia-autoritarismo, antes difusa, cobra sentido en tiempos de una democracia cada vez más “aparente”.
La autora es psicóloga, cientista política y ex parlamentaria
