Rechazo a la minería en todas sus formas y eliminación de la importación de mercurio por el daño que provoca al medio ambiente y la salud fueron las conclusiones más importantes a las que se arribó en el “Segundo foro sobre minería del oro en la amazonia boliviana”, organizado por la Pastoral Social Caritas Reyes (PSCR), efectuado los días 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Rurrenabaque, en el cual participaron especialistas nacionales y del Perú, instituciones que trabajan la temática y comunarios indígenas mosetes y chimanes.
El documento emanado de este foro que cuenta con diez conclusiones destaca, en sus partes más importantes, que “la Amazonia boliviana es una región llena de vida, donde habitan actualmente 29 pueblos indígenas, además de miles de especies de plantas, animales vertebrados, aves y especies de peces, reptiles y anfibios, entre otros, que lo hacen una riqueza invaluable para el mundo”.
En ese contexto se afirmó que la actividad minera del oro, particularmente la cooperativa, se encuentra explotando este mineral que ha conllevado a desmontes, uso de dragas y mercurio que alteran el medio ambiente, con la particularidad de que este último contamina ríos, aire y tierra con efectos devastadores para la salud humana y de los animales.
Se destacó que, de acuerdo con estudios al respecto se ha podido constatar que las concentraciones de mercurio en los organismos de las poblaciones indígenas de la región de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey tienen un nivel más elevado de lo que es permisible para el organismo humano, lo cual pone en riesgo sus vidas.
Entre las consecuencias sociales que provoca la explotación del oro en la región se destacó la división entre las comunidades, la migración y la pérdida de la cultura, lo cual se constituye, además, en una violación a los derechos de los pueblos indígenas, tales como a la vida, salud y alimentación, establecidos en la Constitución Política del Estado.
Así, tras un intenso análisis y debate, se planteó que el Estado debe responsabilizarse por los efectos ocasionados a las personas, a través de una compensación económica y social proporcional a los daños ocasionados por el uso de mercurio y otros elementos químicos; exhortar al pueblo boliviano y la comunidad internacional a trabajar por la unidad y defensa integral de la Casa Común; exigir a los gobiernos departamentales y municipales tomen acciones para que las empresas cooperativas mineras se responsabilicen por el estudio y monitoreo permanente de la contaminación de los ríos, flora y fauna, además de la pérdida de capacidad productiva en los suelos y la vulneración de derechos fundamentales.
Por otra parte, se planteó socializar los efectos de la actividad minera con miras a la concienciación de la población, socializar la Justicia Indígena Originaria y Campesina entre los pueblos indígenas para fortalecerla y que se constituya en una herramienta importante para la lucha de las comunidades para el ejercicio y defensa en distintos ámbitos de la justicia; trabajar en nuevas formas de lograr ingresos y una mejor vida, tales como las experiencias de los Sistemas Agroforestales, el ecoturismo, producción orgánica y otros; exigir leyes acordes y específicas que permitan a las comunidades indígenas originarias tomar decisiones sobre su territorio bajo normas y procedimientos propios de forma autónoma; y rechazar toda concesión minera en las áreas protegidas y territorios indígenas originarios.
