El precepto constitucional es contundente. La inocencia prevalece hasta que mediante proceso se pruebe la culpabilidad. Eso en cuanto al delito, pero ¿qué hay de la honra o el honor de las personas?
La honra es la estima y el respeto de la dignidad propia. Es la buena opinión y la fama, adquiridas por la virtud y el mérito. Todos cuidamos nuestra honra; es la medida de nuestros actos. Por nuestra honra nos conocen y nos valoran, inclusive a nuestra familia.
Si somos sospechosos de un delito, podemos, conforme a ley, probar nuestra inocencia y pedir resarcimiento del daño causado por la sospecha. Pero si simultáneamente nuestra honra es puesta en duda, ¿cómo limpiarla? ¿Cómo recuperar la fama, el honor, la dignidad?
Cuando nuestra honra es mancillada resulta prácticamente imposible limpiarla del todo. La duda siempre queda en la malicia del pensamiento humano. Una afrenta a la honra es un daño casi irreparable.
Uno mismo es el encargado de cuidar su honra por sobre todas las cosas. Pero son otros –en la mayoría de los casos– los que tienen una especial prerrogativa de mancharla. Por eso, unos y otros tenemos el compromiso social de cuidar la honra. Los unos la propia, los otros la ajena. Ese es uno de los pilares de la convivencia pacífica.
Somos atónitos testigos de que fiscales solícitos y complacientes –no todos por suerte, porque los hay probos e idóneos– se erigen en rectores de la honra ajena. Son los supremos jueces que, ante la opinión pública, deciden quiénes son o no son delincuentes, y se dedican a la infame tarea, propia de ellos, de acomodar indiscriminadamente sus acusaciones.
Ya no es el precepto constitucional el que cuenta. Lo que vale es la frívola declaración o infundada acusación de un fiscal servil al poder político de turno.
Así, la honra y el honor de las personas es puesta en duda en forma pública por quienes tienen escasa o ninguna formación jurídica o que no tuvieron otra opción profesional. La ciudadanía toda se encuentra a merced de lo que haga, con pruebas o sin ellas, algún servil fiscal.
No sólo ahora, sino con anteriores gobiernos, los fiscales se han tornado en rectores de la honra ajena. Es aterradora la situación de nuestro sistema judicial en el que todos parecemos cómplices al aceptar este estado de cosas como algo normal y procedente. Así, nos sumamos, de alguna manera, al sainete digitado por políticos allegados al poder que controlan a estos fiscales solícitos.
No se trata de defender a nadie en particular. Se trata de defender el principio constitucional para que nadie sea detenido sin debido proceso, como sucede ahora, o para que nadie sea presentado, maniatado, con chaleco antibalas, rodeado de policías encapuchados, como ocurría en el anterior gobierno o, finalmente, para que no se inventen exóticas figuras jurídicas, como la “alerta migratoria” que no figura en nuestra economía jurídica.
Observamos que el proceso de cambio –dizque descolonizador– se olvidó que la inquisición era una perniciosa institución colonial que ahora, en pleno siglo XXI, es replicada con todo su rigor contra el adversario político.
Los que sí tengan culpa comprobada tendrán que enfrentarse al rigor de la ley, porque así lo exige la honra de nuestra sociedad. De lo que se trata es de dar voz de alerta en defensa de un principio básico de la sociedad boliviana que se funda, entre otros valores, en el respeto a la honra ajena.
En mis épocas universitarias, era la universidad y en especial la facultad de Derecho, la que salía a dar esa voz de alarma hasta con rebeldes acciones de hecho; ahora parece que la academia prefiere encerrarse en sus paredes y hacer abstracción de lo que está pasando con la justicia boliviana.
A comienzos del siglo XVII, el autoritario cardenal Richelieu decía “Dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar”. Pareciera que el tristemente célebre cardenal es el arquetipo de ciertos fiscales serviles que anidan en la justicia boliviana. ¡Qué lamentable!
Fernando Salazar Paredes es abogado internacionalista.
