Al principio lo hacen sutilmente; después, sin mayor disimulo. Si eres empleado público en época preelectoral debes acceder, sin chistar, a que te descuenten un porcentaje de tu salario o a dar una cuota de vez en cuando, dizque, a favor del partido. Es un contrato no escrito y al mismo tiempo un círculo vicioso: “pagas para la campaña, mantienes tu pega”; en casos de aspirantes: “apoyas, te damos pega”. En definitiva —a esta altura del año ya debes saberlo—, tú, funcionario, eres lo que aportas para la proclamación; poquito, digamos, 30 bolivianos. Y hasta la próxima. Lo bueno es que tu valor va en aumento. Lo malo: si antes tuviste suerte y reconocieron tus méritos profesionales, hoy, lo siento, valen más tus contribuciones a la causa.
Muchos conocen la incómoda sensación de injusticia que deriva de esa mercantil obligatoriedad no inserta en ningún manual de funciones ni pliego de contrataciones (la sinceridad es un valor escaso en el aparato estatal). La van acumulando en silencio, con la cara tiesa ante la pantalla, en una sumatoria de días que se vuelve interminable.
Una curiosidad: ¿serían ellos capaces de votar contra sí mismos? En otras palabras —o al menos—, ¿cuántos se ven en la disyuntiva de votar por lo que significaría mantener la pega y hacerlo por lo que les dicta su conciencia, cuando esta muestra enojo por el maltrato o las arbitrariedades (o las “pruebas de amor”) del partido?
En medio de su impotencia, estos funcionarios alcanzan a comprender que sus méritos no son respetados dentro de la institución pública y que finalmente están obligados a deberse al partido porque, si el partido sale del Gobierno, con toda probabilidad ellos saldrán también. (Da la impresión de que, con lo difusos que se ven los límites del poder, esto mismo podría aplicarse a otros órganos, como al Judicial o al Electoral).
Incluso fuera de la órbita del Estado, muchos han aprendido, a golpe de realidad, que el esfuerzo no siempre trae recompensa —y lo peor es que nadie se ocupa de reparar este gravísimo daño que como sociedad arrastramos por décadas—. Ellos pensarán: ¿para qué estudiar si mañana otro, que tal vez no leyó ni un solo libro en su vida, un acomodado sin ningún mérito valdrá más que yo, que acumulé títulos académicos?
En definitiva, ¿quiénes se merecen los cargos públicos? Y al revés, ¿las instituciones se merecen gente sin mayor valía que la de haberse aplicado en una campaña política o alguien que se quemó las pestañas durante años? Son preguntas bastante obvias y me disculpo por ellas ante el inteligente lector. Pero no por obvias, creo, deben ser soslayadas en la actual coyuntura del país.
Sigamos con el ejercicio inicial. Si tú, funcionario, vales lo que pagas para la campaña y ya no por tus méritos, tú, candidato, vales lo que te adulan (y no siempre te adulan por tus méritos). Pero antes, ojo, vales lo que aportas. Como un empleado público que está obligado a contribuir a la causa porque de lo contrario, quizá, perdería la pega.
La diferencia está en que tú, candidato, vales lo que aportas para tu propia campaña (“total, después se recupera”). Por un pase mágico de la política, de repente apareces en las listas y tú, sinceramente, que ni siquiera te habías dado a conocer en tu barrio, te conviertes en alguien “importante” para el partido.
Esto no es muy distinto en el partido de la oposición, en cualquier otro partido. El candidato —así, en general, y me disculpo por las honrosas excepciones— no parece constituirse en alguien idóneo para protagonizar un genuino acto de desprendimiento a favor del pueblo sino, más bien, en un emprendedor —como todos— dispuesto a sacar provecho de una inversión económica. Sería penoso concluir que, en elecciones, gana entonces el que mejor invierte más dinero.
A propósito de esto, alguien dijo que “el mejor político es el que no necesita la política para vivir”. Y si así fuera (que suena lindo, pero sería ingenuo si me lo creyera del todo), ¿cuántos de los candidatos no la necesitan para eso que llaman vivir
