Franco Gamboa Rocabado
La reciente alianza entre Samuel Doria Medina y Marcelo Claure, plantea un dilema político y ético de grandes proporciones: ¿estamos frente a un intento de reconstrucción nacional, o frente a una nueva forma de instrumentalizar el Estado? En un contexto marcado por el agotamiento del modelo rentista, el colapso institucional y la deslegitimación de los partidos tradicionales, esta convergencia de intereses empresariales, no puede interpretarse como un simple acuerdo electoral. Es, más bien, la expresión de una mutación en la lógica del poder, donde las élites económicas buscan reemplazar al viejo ciclo del populismo autoritario con una racionalidad instrumental, profundamente pragmática y carente de visión nacional.
Desde una perspectiva, el análisis comparado del libro Estado y poder empresarial en Bolivia, Ecuador y Perú, un estudio comparativo (2024), de John Crabtree, Francisco Durand y Jonas Wolff, ofrece una clave interpretativa relevante para comprender esta situación. Según sus hallazgos, el poder empresarial en estos tres países andinos ha operado de manera diferenciada pero convergente, en términos de sus efectos estructurales: la captura del Estado, la desinstitucionalización progresiva y la instrumentalización de recursos estratégicos bajo lógicas privadas de acumulación. Bolivia, en particular, exhibe una historia de cooptación empresarial que ha oscilado entre formas neoliberales abiertas (como en el ciclo de Sánchez de Lozada) y un “neoestatismo extractivista” durante el ciclo del MAS, donde la burguesía emergente también encontró formas de “asociación parasitaria” con el Estado.
Los que creen que siempre ganan
La alianza Claure-Doria Medina se inserta en esta genealogía crítica. Representa la emergencia de una élite post-populista que no busca necesariamente el fortalecimiento institucional, ni tampoco la diversificación productiva del país, sino más bien la ocupación de un vacío político para rearticular una nueva fuerza con acceso directo a rentas estratégicas como el litio. Claure, a la manera de un “inversor neopopulista”, opera con una lógica de globalización sin territorio, donde Bolivia solo aparece como enclave de oportunidad, no como proyecto nacional. Doria Medina, por su parte, se convierte en el operador político de esa lógica, reciclando su viejo capital simbólico empresarial para volver al ruedo, con una narrativa de modernización empresarial, pero sin una propuesta clara de reconstrucción republicana. Su papel como vicepresidente de la Internacional Socialista lo descubre como un líder sin identidad ideológica a favor de un Estado republicano.
El pensador boliviano, René Zavaleta Mercado, nos proporcionó una clave insoslayable. Para él, las élites bolivianas se han caracterizado por su irracionalidad en la construcción de la Nación; es decir, por su incapacidad de pensar el país como totalidad histórica y proyecto colectivo. Son “elites con poder, pero sin hegemonía”, incapaces de construir un horizonte de sentido nacional compartido. La alianza Claure-Doria Medina reproduce esa misma matriz: no es una alternativa de país, sino una jugada de poder cuya racionalidad está centrada en la apropiación estratégica de recursos, más que en la articulación de un nuevo pacto social.
A diferencia de los viejos liberales del siglo XIX, o incluso de algunos sectores nacionalistas de mediados del siglo XX, que al menos aspiraban a construir un Estado, esta nueva élite aparece desligada de cualquier compromiso institucional o ético con la democracia. La preocupación, no es solamente que los empresarios vuelvan al poder, sino que lo hagan sin ningún proyecto republicano, sin Estado y sin sociedad, o amparados únicamente en la eficacia técnica, la promesa de inversiones privadas y una supuesta capacidad de “gestión eficiente” que nunca ha sido demostrada en el sector público.
En definitiva, el retorno del empresariado al poder, en las condiciones actuales de una irrefrenable crisis estatal, representa una amenaza. No es el inicio de una recuperación, sino la posibilidad de una segunda gran ola de ceguera estratégica y crisis de soberanía estatal, esta vez, no en nombre del socialismo comunitario, sino del emprendimiento global. Una nueva captura de recursos estratégicos —como el litio— bajo fórmulas tecnocráticas, que esconden la misma ausencia histórica: la falta de un proyecto nacional pensado desde el país y para el país.
Precauciones sobre el litio y el rol del Estado
Aceptar que Bolivia requiere inversiones para desarrollar su potencial en el litio no significa, bajo ninguna circunstancia, entregarle las llaves del futuro a un empresario, por influyente o global que sea. Marcelo Claure ha afirmado, sin rubor, que el litio boliviano no es de su interés directo porque ya administra más de 200 empresas globales. Le faltó decir que no necesita a Bolivia, aunque sí desea “abrirla al mundo” —una expresión que esconde la vieja lógica desmedida del millonario antipolítico que quiere subordinar el destino nacional a ciertas decisiones exógenas, adoptadas en foros empresariales o gabinetes de estrategia financiera global.
En realidad, la afirmación de Claure encierra una paradoja peligrosa: proclamar su desinterés, mientras se posiciona como potencial intermediario estratégico en el futuro del litio. Es, en el fondo, una forma elegante de decir: “no necesito de Bolivia, pero puedo definir su futuro”. Esta actitud, propia de una élite transnacional sin compromiso con la historia, ni con el tejido institucional del país, no puede constituir la base de un proyecto nacional.
Lo que se requiere con urgencia es un reacondicionamiento serio de las capacidades estatales, una refundación técnica e institucional que permita diseñar, regular y ejecutar políticas públicas en torno al litio, desde una lógica de soberanía, eficiencia y sostenibilidad. Esto implica fortalecer empresas públicas con gobernanza transparente, consolidar marcos normativos que garanticen la participación del Estado sin excluir alianzas estratégicas y, sobre todo, formar cuadros técnicos con pensamiento nacional, alejados de las tentaciones del patrimonialismo o del favoritismo para quien cree saber todo, por sus relaciones con Harvard.
El litio no debe ser, ni la propiedad neopatrimonial de un caudillo, ni el botín tecnocrático de una élite empresarial globalizada. Es un recurso estratégico que puede servir como ancla de un nuevo pacto social, si y solo si, el Estado recupera su rol rector y la política abandona su condición de clientelismo disfrazado. Bolivia no necesita salvadores con capitales en el extranjero, necesita estadistas con visión republicana.
