Según abogados constitucionalistas el doble aguinaldo sería una medida confiscatoria de las utilidades de las empresas, pero, además, economistas consideran que provocaría el cierre de empresas y el aumento del déficit fiscal.
Por otra parte, las multinacionales carecen de una ley de inversiones que verdaderamente atraiga el capital privado al país, especialmente en el sector de la minería y los hidrocarburos. El año 2014, en el que se promulgó la nueva Ley de Inversiones No. 516, el economista Armando Méndez afirmó que la entonces reciente norma jurídica, lejos de atraer inversiones extranjeras a Bolivia, se ciñe al viejo modelo de economía planificada antes que a las leyes que rigen el libre mercado y la libre competencia en el contexto de la actual globalización económica. En efecto, Méndez lamentó el caso en los siguientes términos: “nos guste o no, la Constitución Política del Estado en su artículo 311 determina que el Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación. Por tanto, la ley denominada de Promoción de Inversiones se inserta en esta fundamental determinación, razón por la que esta ley comienza reiterando que Bolivia se declara como una economía planificada por el Estado. El Estado orienta la inversión. Esto nos debería recordar el fracasado modelo de planificación, tanto en la exURSS como en Cuba”.
Un balance mesurado de la cuestión, deja entrever que la empresa en Bolivia no vive su mejor momento. Pese al crecimiento macroeconómico de la última década que tiene fuerte ligazón con el precio de las materias primas en el mercado internacional, son muchas las protestas de diferentes organizaciones gremiales y particulares.
Es necesario que el gobierno de Bolivia garantice la seguridad jurídica, el respeto por la libertad de empresa, un nivel de compromiso real con las inversiones extranjeras y nacionales que son motores de la economía, y a la par, una materialización de un sistema impositivo en el que las empresas informales caminen en sintonía con aquéllas formales y se logre así incrementar la renta interna de manera equilibrada en todo el país.
El autor es abogado.
