El peso específico de Santa Cruz en la dinámica política de las elecciones presidenciales de agosto de 2025 es decisivo y estructural. No se trata solo de un bastión electoral con alta densidad demográfica o un simple referente productivo, sino de una región que ha consolidado un liderazgo económico nacional, capaz de proyectar una visión alternativa de país. Entre 2023 y 2024, Santa Cruz se ratificó como el motor económico de Bolivia, aportando aproximadamente el 31,5% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Este liderazgo se apoya en una estructura diversificada y predominantemente privada, con fuerte dinamismo en los sectores agropecuario, industrial y de servicios.
La diferencia estructural es contundente: en el año 2023, el agro cruceño representó el 20% del PIB departamental, la industria el 15% y la administración pública solamente el 11,5%. En el ámbito nacional, en cambio, la administración pública aún concentra el 17,6% del PIB, mientras que la agropecuaria alcanza un 13,5% y la industria apenas un 10,2%. Estos datos revelan no solo una asimetría productiva, sino una divergencia profunda en los modelos de desarrollo: mientras que Santa Cruz avanza hacia una economía de mayor productividad y menos dependencia estatal, el resto del país sigue anclado en un patrón rentista y subsidiado.
En segundo lugar, Santa Cruz se perfila como una fuente esencial para la estabilidad política y la reinvención del modelo económico. Durante los años de auge de la renta gasífera, la burguesía agroindustrial cruceña —junto a otros sectores productivos— se benefició ampliamente del subsidio a los hidrocarburos y de una relación ambivalente con el centralismo estatal del Movimiento Al Socialismo (MAS). Esa etapa, sin embargo, ha llegado a su fin. Bolivia enfrenta hoy el agotamiento del modelo subvencionado y la urgente necesidad de una reestructuración económica profunda. En este contexto, Santa Cruz debe asumir una responsabilidad histórica: contribuir activamente al diseño de un “crecimiento de base ancha” que supere el extractivismo y la dependencia estatal, al mismo tiempo que genere valor agregado con equidad territorial.
El concepto de “crecimiento de base ancha”, implica una distribución más equilibrada de los beneficios del desarrollo, una mayor inclusión de todas las regiones y los sectores tradicionalmente marginados, así como un compromiso explícito con la diversificación económica y la sostenibilidad fiscal. Santa Cruz, con su capacidad productiva, su infraestructura logística y su base empresarial, está en una posición privilegiada para catalizar esta transición. No se trata de cargar con todo el ajuste estructural que Bolivia necesita, sino de liderar con visión y corresponsabilidad, abriendo el juego a nuevas formas de cooperación interregional, inversión público-privada y políticas descentralizadas que empujen el desarrollo desde las autonomías.
El crecimiento de base ancha, significa también una expansión económica sostenible y diversificada, que no dependa exclusivamente de la extracción de recursos naturales, ni del gasto público centralizado, sino que articule distintos sectores productivos y actores sociales en un nuevo pacto nacional. Santa Cruz ya tiene indicadores concretos que pueden apuntalar este proceso. Sectores como la agroindustria, la manufactura, la industria forestal y el turismo de naturaleza, tienen un potencial directo de generación de divisas y empleo formal. Actualmente, el departamento concentra el 70% de las agroexportaciones del país y posee ventajas comparativas logísticas, tecnológicas y de mercado que permiten proyectar una agenda renovada de crecimiento orientado a las exportaciones.
El sector agroindustrial, que representa cerca del 30% del PIB cruceño, podría elevar sus exportaciones a más de 4.000 millones de dólares anuales al mediano plazo, si se consolida un entorno favorable de inversión, tecnificación y apertura comercial. De igual manera, la industria manufacturera y los encadenamientos productivos asociados, pueden aportar significativamente a la sustitución selectiva de importaciones y al fortalecimiento del mercado regional sudamericano. La industria forestal sostenible, con certificación internacional, también puede ampliarse en el marco de una bioeconomía moderna con impacto ambiental positivo.
Para que este proceso se traduzca en un crecimiento de base ancha real, es necesario superar viejas formas de concentración de riqueza o exclusión regional. Santa Cruz tiene la posibilidad de liderar políticas territoriales de desarrollo, tales como corredores logísticos productivos, distritos agroindustriales, sistemas de crédito para pequeños productores, y alianzas público-privadas de transferencia tecnológica. La experiencia brasileña de clústeres agroindustriales en Mato Grosso y Paraná, así como las políticas descentralizadas de inversión de provincias argentinas como Córdoba, pueden servir como referencia concreta.
Es vital activar el régimen autonómico como palanca de políticas económicas regionales adaptadas al perfil productivo cruceño. No se trata únicamente de autonomía política, sino de diseñar políticas propias de industrialización, comercio exterior, educación técnica y sostenibilidad, con capacidad de negociación y corresponsabilidad fiscal.
Tercero, todos los candidatos presidenciales, de manera explícita o implícita, reconocen la centralidad de Santa Cruz en el futuro del país. El dilema no radica únicamente en capturar su voto, sino en articular una propuesta de país donde Santa Cruz deje de ser el “otro” frente al altiplano y se convierta en el articulador de una nueva geografía del poder y la prosperidad. Las élites cruceñas, por su parte, enfrentan una prueba de madurez política y democrática: abandonar el repliegue de una identidad camba-regionalista, superar el cortoplacismo económico y comprometerse con una agenda nacional que priorice la reactivación productiva, la integración junto a la descentralización eficiente y la reconciliación democrática.
En un país fracturado por el centralismo, el clientelismo y la polarización ideológica, Santa Cruz puede —y debe— jugar un papel clave en el relanzamiento del pacto social boliviano. No desde la confrontación, sino desde la audacia estratégica de ofrecer un camino posible hacia un futuro compartido.
