Ya no cabe duda de que el futuro del régimen se juega a dos niveles, primero con la elección de jueces y la posible reforma del Poder Judicial, y la segunda manipulando los datos del censo de manera que en 2025 se cuente con una distribución de población masista más o menos manejable; este sin embargo es un objetivo mucho más complicado de lograr, pese a que, como ya se denunció, tempranamente se han iniciado los movimientos de contingentes que se registraron en determinadas regiones a fin de votar en ellas. Todo habla de un plan de fraude hecho con precisión venezolana y eficiencia cubana. Lo que nos interesa sin embargo es reflexionar sobre la elección de jueces que se debe realizar en breve (Dios mediante).
La primera certeza es que el régimen masista no está dispuesto a que candidatos independientes y probos sean electos y en consecuencia aun nos falta vivir muchas sorpresas. La razón de esta posición oficialista estriba en que el único sustento real de legitimidad que posee el Gobierno de Luis Arce deriva de ese poder del Estado, es decir, el único dispositivo que le garantiza gobernabilidad son los jueces y los fiscales; podría decirse que esta afirmación desconoce la legitimidad que le dan los movimientos sociales, empero tales movimientos son en realidad dispositivos prebendales, altamente cuestionables y en muchos casos de dudosa reputación, propiedades que los transforman en entidades endebles, poco fieles y demasiado ambiciosas.
En pocas palabras, todos los esfuerzos que hemos visto por bloquear la reforma judicial y prescindir de ese ejército de sicarios judiciales obedece a que sin ellos el Gobierno sería una barcaza endeble en la mitad del océano, fácil presa de las propias fuerzas internas del MAS que hoy se disputan desesperadamente el Poder.
Queda claro que en este impase jurídico, al Gobierno le interesa muy poco o nada garantizar la institucionalidad democrática que supone un poder independiente; al contrario, mantener su estado de desinstitucionalización actual, o profundizarla, supone mantenerlo como un dispositivo represivo bajo control del Poder Ejecutivo y sus caudillos.
Arce sabe perfectamente de lo que se trata tanto como lo sabe Evo Morales; al final del día los jueces y fiscales les fueron útiles a ambos así que por ahí no hay roces, pero podría haber conflicto de intereses. Evo Morales sabe que dependiendo de quienes asuman esos roles judiciales su suerte podría cambiar diametralmente y Arce Catacora está consciente que si Evo controla la justicia su legitimidad política se reduce a la mínima expresión.
Poniendo esto de forma literal, quien se quede con el botín judicial podrá disponer del dispositivo político más poderoso al interior de las fuerzas gobernantes, algo muy parecido a lo que otrora suponía (durante el ciclo de dictaduras militares) contar con el respaldo de los generales de las FFAA. El hecho es que el producto de esta elección conlleva la clave para mantener en el poder a quien eventualmente ejerza de caudillo.
