Atalia Loyda Maldonado Cáceres
A lo largo de los años el proceso de adecuación del orden jurídico en América Latina, ha tenido distintas formas de construir la legalidad, ya que la lucha constante por alcanzar la igualdad plena ha sido una cuestión de supervivencia y la razón de ser de cada país, que se caracteriza por tener distintas percepciones sobre un tema de responsabilidad legal, tan complejo para la futura transformación normativa, institucional, cultural y social, que tiene el objetivo de establecer nuevos sistemas jurídico-legales que den una respuesta concreta al problema crítico de todos los días, buscando implementar una seguridad ciudadana, con el propósito de implantar estándares nacionales e internacionales en materia penal juvenil, para obtener mejores resultados en los próximos años.
Por lo mismo, en la década de los 80 es que la gran mayoría de los países latinoamericanos han estado sometidos, durante períodos variables, a regímenes autoritarios y generalmente militares, que a lo largo del tiempo han conocido procesos de democracia, que buscan establecer la modernización en los sistemas de responsabilidad legal obsoletos, que están destinados a enfrentar los próximos desafíos del mañana dentro de un nuevo marco de política criminal, debido a que, tristemente, este sistema legalista ante todo, se presenta incompleto por las inexplicables fallas que tiene este sistema inquisitivo disfrazado de sistema acusatorio, donde por ejemplo el supuesto imputado, que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero que por el hecho de ser menor de la edad de acuerdo a la legislación penal en este caso, no se le aplica castigo alguno, sin contar con una víctima que se queda a merced de la desesperación y del miedo por los traumas causados, tal es el caso de que los mismos no reciben una ayuda profesional psicológica y clínica para poder dejar atrás su miedo y continuar con su vida normal.
Lamentablemente, esto se da por la falta de reconocimiento de los derechos humanos a los niños, adolescentes, jóvenes y al público en general en todo el mundo, ya que es un claro reflejo del manejo de sistemas de justicia y de protección que supuestamente están llamados a buscar específicamente la aplicación de forma integral y disciplinada de bases de construcción para erradicar la delincuencia juvenil que mayormente es la raíz de los conflictos delictivos que ocurren día a día, por lo mismo y más allá de la necesidad de establecer una sanción penal que disminuya la edad de imputabilidad actual, es que se necesita la seriedad jurídica e institucional de autoridades judiciales competentes que rijan el monitoreo y supervisión de adolescentes, donde hace falta que se aplique la transparencia y confiabilidad de que se permitirá instaurar una justicia donde los jóvenes podrán restaurarse, y posteriormente ir en busca de establecer una vida pacifica en armonía con los demás individuos, donde no sé atente contra sus derechos humanos y garantías constitucionales.
Es así que con la ayuda de un análisis exhaustivo del sistema de justicia se puede realizar la construcción necesaria, sobre una serie de elementos que participan en la solución de aquellos conflictos derivados de la existencia de ciertas pautas de comportamiento consideradas como delito como ser las normas que rigen tanto la determinación de las conductas prohibidas, la organización de cada uno de sus componentes legales y el funcionamiento real del sistema a través del procedimiento penal para que las instituciones encargadas que las promulgan, reformen o deroguen hagan un excelente uso de su aplicación formal y reglamentaria.
Esto hace indudable que prácticamente todos los países hayan producido cambios importantes en la manera de concebir los derechos de las personas menores de edad, por lo que tal transformación se conoce como la sustitución de la llamada doctrina de la situación irregular por la llamada doctrina de la protección integral, que en otros términos, significa pasar de una concepción de los menores como objeto de tutela y compasión, además de la represión a una concepción que considera a niños y jóvenes como sujetos de derechos, por lo que dicho sistema se articula alrededor de ciertos principios generales, cuya aplicabilidad permite determinar la distancia existente entre el modelo ideal y el real.
Sin embargo, no es posible ocultar que todavía muchos sistemas legales desconocen esta situación crítica y esencial de la sociedad de hoy en día o prefieren ignorarla, por lo que todavía los principales entes creadores de estas nuevas reformas legales en los diferentes países, no tienen cabal conciencia, observación, ni mucho menos visión de este proceso, a tal punto que genera perplejidad dicha situación comparativa en la que estrictamente en el plano teórico y legal, se encuentran algunos países de Europa continental, por lo que se trata de llegar a dar accesibilidad de confianza al ciudadano, donde la imparcialidad, eficiencia y transparencia, en el ámbito jurídico-legal, se utilice con límites dogmáticos, además de éticos, recurriéndose a él únicamente cuando se hayan agotado la vía jurisdiccional que sean menos complejos para resolver los conflictos de los ciudadanos, siendo contemplado y analizado como un conjunto orgánico y no como un conglomerado más o menos acertado de normas, instituciones y personas.
