Evo Morales, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño, junto a su equipo, siguen empecinados en no aceptar que se equivocaron y que algún rato pagarán las consecuencias de haber impulsado la redacción, aprobación y promulgación del nuevo Código del Sistema Penal (CSP-Ley 1005).
La apuesta de estos dignatarios se basó en la presunción de estupidez de los ciudadanos y de que el régimen sigue tan fuerte como en 2009. Aparte de esta jactancia, estaban seguros que la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo les ayudarían a que, la ahora denominada “Ley maldita 1005”, pasaría los reclamos iniciales y se la asumiría sin mucho lío, como ocurrió con otras leyes similares (p.e. Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz).
La protesta de los médicos los tuvo sin cuidado, no le dieron importancia porque los mandiles blancos siempre se han caracterizado por su apoliticismo y comodismo. Por eso, a los reclamos médicos, el gobierno, por respuesta, les dio desprecio y ninguneo.
Pero todo les salió mal. La protesta en vez de disminuir, creció. La demanda sectorial de los médicos, con el pasar de los días y las semanas, se amplió y convirtió en demanda nacional, pues, al conocerse ya el texto íntegro de la “ley maldita”, otros sectores sociales se dieron cuenta que no sólo criminalizaba a la práctica de los médicos, sino a toda la ciudadanía honesta.
Los médicos empezaron solos su pelea. Recuerdo que para el 3D los médicos evitaban a toda costa “contaminar” sus reivindicaciones con la propuesta ciudadana del voto nulo. Sin embargo, después del 3D, conforme avanzaban los días, aceptaron reforzar su lucha con la incorporación de las plataformas ciudadanas a lo largo y ancho del país. Mientras tanto, el régimen gastaba millones en propaganda contra los médicos y en la venta de sus “revolucionarios logros en salud”.
Los médicos, acostumbrados a los turnos y a las alertas de 24 horas, adaptaron su práctica profesional a su incursión en la protesta social. Por otro lado, las plataformas ciudadanas, que les aportaban sangre nueva y fogueada en las luchas por el 21F, el 10 de octubre y el 3D, amalgamaron con los profesionales de la salud una suma de fuerzas, resistencia e ingenio.
La estupidez represiva de las fuerzas policiales, al mando de Carlos Romero, despertaron al sistema universitario y miles de jóvenes se sumaron a las protestas médicas. Por ello, en vez de tener fiestas de fin de año, tuvimos protestas de fin de año presentes en la agenda personal y colectiva. Y la respuesta del Gobierno: desprecio, acusaciones y persecución.
La ciudadanía ya no sólo vio las marchas sino que sumó: vigilias, bloqueos y huelgas de hambre. La heroica huelga de hambre seca de la maestra Willma Plata conmocionó a los bolivianos.
Para el 3 de enero el conflicto estaba en su cresta de crecimiento, porque maestros, gremiales, transportistas, obreros, religiones, comités cívicos y otras fuerzas fueron ampliando la red de alianzas.
Los del Gobierno presionaron a los médicos para llegar a un acuerdo y así buscar desinflar el conflicto. Lograron el acuerdo, pero la pradera ya estaba encendida y ni el Dakar pudo sofocar este fuego que está rodeando al régimen.
Multitudinarias y combativas marchas en los nueve departamentos del país le están dando un mensaje muy claro al régimen: ¡respete el 21F y abrogue el Código Penal! La cereza del estado social que vivimos la puso el piloto campeón del Dakar Leonardo Martínez, que sin miedo, como el que ya demuestran millones de ciudadanos, les dijo, desde el podio, a los poderosos en su cara: “Yo me someto a las reglas del Dakar… y quiero que usted se someta a la Constitución… el 21F la mayoría votamos No”.
Si los gobernantes del MAS siguen con la cantaleta que no hay ninguna convulsión social, vayan poniendo sus barbas en remojo, como ya lo están haciendo varios que, hasta ayer, eran furibundos defensores del régimen y que hoy darían cualquier cosa por borrar su pasado azulado.
El contexto político les ha quitado su favorabilidad. El gobierno está cosechando lo que ha sembrado y esa cosecha es: desconfianza, irrespeto, bronca y frustración social. Por ello, el régimen está ante la siguiente disyuntiva: o abrogan por propia voluntad e inteligencia la Ley 1005 y su salida sería a fuego lento; o serán obligados a abrogarla, lo que llevaría a que su caída sea a fuego intenso, y rápido. La una les permite hasta reinventarse, la otra, escapar. A escoger bien, dejaron de ser esperanza y desperdiciaron la oportunidad.
