Los medios de información se han llenado en días recientes de opiniones y notas especiales recordando los 40 años de “recuperación de la democracia”. Aunque con palabras diferentes todos terminemos expresando lo mismo: nuestra democracia ha sido malversada por el MAS.
Frente a esa saludable abundancia de expresiones sobre el estado calamitoso de la democracia en tiempos del autoritarismo, el gobierno no ha tenido la capacidad de reclamar ningún espacio propio, aunque haya emitido algún comunicado para no quedar atrás en la conmemoración.
Lo cierto es que ninguno de los principales impostores que gobiernan ahora puede decir “yo luché por la democracia”. Uno tocaba trompeta y pateaba pelotas en el Chapare, otro medraba en una ONG que hoy ataca, y el tercero era un oscuro burócrata en gobiernos neoliberales. Esos tres y muchos otros se beneficiaron de la lucha de ciudadanos que se enfrentaron a las dictaduras, esas mismas que ahora son protegidas por el secreto cómplice del régimen y por la reserva de los archivos militares.
La profusión de recordatorios sobre las luchas por la democracia y los reconocimientos (incluso del órgano electoral) que hoy reciben algunos luchadores de larga data, irrita a los oportunistas que gobiernan. Lamentablemente, nada de esto le importa mucho al 99% de los jóvenes que son incapaces de determinar (sin ayuda de sus celulares) si el Che Guevara fue un guerrillero, un futbolista o un narcotraficante. No exagero: esa ignorancia supina salta a la vista en las aulas de nuestras mejores universidades, entre estudiantes que pronto serán flamantes profesionales y quizás (el diablo nos lleve) funcionarios del Estado, pero desconocen quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz o Luis Espinal, dos de las víctimas de 1980.
Los que hemos vivido exilios, represión o censura durante las dictaduras militares, y los pocos jóvenes (apenas el 1%) que se han informado sobre nuestra historia reciente, sabemos lo que representa vivir en democracia y luchar por las libertades y los derechos.
Eso no aprenden los funcionarios del gobierno del MAS, partido nacido con el virus del autoritarismo (¿será por la sigla comprada a la Falange?), que en 16 años ha hecho retroceder al país alineándose vergonzosamente detrás de las peores dictaduras del mundo (Rusia, Irán) y de América Latina (Venezuela, Nicaragua), e implantando en Bolivia un régimen impostor, corrupto y depredador, y por supuesto un sistema de judicialización de la política y represión de la protesta social.
La democracia de partido hegemónico que controla todos los poderes del Estado es en realidad una “demorragia”, porque desangra lentamente y letalmente los fundamentos de la democracia participativa, sustituyéndola por la prepotencia del autoritarismo, sin contrapesos en el Estado, solamente en la sociedad civil que se encuentra acorralada por disposiciones burocráticas tanto como por presiones directas que mellan la independencia de sus organizaciones.
¿Qué clase de Estado democrático es aquel que pone como requisito a todos sus funcionarios hacerse militantes del partido de gobierno? Esto parece una reedición criolla del nacional socialismo de Hitler. Aquí también los funcionarios públicos son obligados a asistir a las concentraciones convocadas en apoyo al gobierno, agitan banderas azul y negro, pagan cuotas para uniformes, ceden parte de su salario para el partido, recogen fichas para certificar que estuvieron con el puño en alto, aunque en su pecho sientan la humillación de ser obligados a hacerlo para conservar su puesto.
El avasallamiento del Estado por el MAS es abierto y descarado. La repartición (y venta) de cargos en el poder judicial da la medida de la inexistente independencia del sistema de justicia en el país. Solo las pugnas internas marcan los resquicios entre los que se filtra a veces alguna decisión justa.
Entonces, a 40 años de la recuperación de la democracia, menos los 16 años de autoritarismo masista de partido único en el Estado, solo podemos conmemorar 24 años de libertades y juego democrático, que acabaron en 2006 cuando comenzó la demorragia de los valores y de los derechos humanos.
