El caso de Fernando Cerimedo no solo se resolverá en los tribunales. También se está librando una batalla paralela en el espacio digital, donde la estrategia consiste en instalar una versión de los hechos antes de que concluya la investigación judicial.
Como corresponde en un Estado democrático, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. La investigación debe determinar si las acusaciones formuladas por Nadia Beller son ciertas y si existen pruebas suficientes para establecer responsabilidades penales. Tampoco puede ignorarse que, hasta este momento, buena parte de las denuncias públicas de la víctima aún deben ser corroboradas por la Fiscalía y por los jueces. Ese principio debe respetarse sin excepciones.
Sin embargo, una cosa es la presunción de inocencia y otra muy distinta es convertir la comunicación política en una herramienta para desacreditar preventivamente cualquier investigación.
La defensa pública de Cerimedo ha intentado instalar la narrativa de que todo responde a un «show de la izquierda» destinado a favorecer el retorno político de Evo Morales. Esa afirmación, hasta ahora, constituye una interpretación política, no un hecho probado. Su objetivo parece ser desplazar el debate desde las evidencias hacia la confrontación ideológica.
Esta estrategia no resulta novedosa, Fernando Cerimedo ha construido su carrera precisamente como especialista en marketing político digital. Diversas investigaciones periodísticas han documentado su participación en campañas de comunicación altamente polarizadas y el uso de redes de cuentas automatizadas, perfiles falsos y operaciones digitales destinadas a influir en la conversación pública. Incluso el propio Cerimedo reconoció en entrevistas haber utilizado miles de cuentas para monitorear e impulsar tendencias en redes sociales.
La lógica de estas operaciones aparece cuando surge una denuncia potencialmente dañina, el objetivo deja de ser demostrar la verdad. El propósito consiste en sembrar dudas, dividir a la opinión pública y construir una explicación alternativa suficientemente atractiva para que una parte de la sociedad deje de preguntarse por las pruebas. No importa si la narrativa es verdadera; basta con que sea emocionalmente poderosa.
La estrategia comunicacional desplegada en Bolivia no aparece en un vacío. En Brasil, Fernando Cerimedo fue investigado por la Policía Federal como parte de la denominada estructura de «milicias digitales», acusada de difundir desinformación para desacreditar las elecciones presidenciales de 2022 e incentivar acciones contra el orden democrático. Aunque su situación procesal ha tenido distintas etapas y no existe una condena en su contra por esos hechos, su nombre quedó asociado internacionalmente a una investigación sobre operaciones digitales de gran escala.
En Argentina, además de un antecedente penal por estafa inmobiliaria ajeno a la actividad política, ha sido mencionado en otras investigaciones vinculadas a su entorno político, mientras que en Chile su consultora fue relacionada con campañas de desinformación durante el plebiscito constitucional.
Este contexto explica por qué resulta legítimo analizar con especial atención las estrategias de comunicación desplegadas hoy en Bolivia y que comiencen a reproducirse los mismos patrones comunicacionales, sin prejuzgar el resultado de las investigaciones judiciales en curso.
No corresponde condenar a una persona antes de que exista una sentencia. Pero tampoco corresponde permitir que una maquinaria de manipulación digital sustituya el trabajo de la justicia. Las investigaciones deben avanzar con independencia, sin presiones políticas y sin campañas de desinformación que busquen intimidar a testigos, desacreditar a las víctimas o convertir cualquier proceso judicial en una guerra ideológica.
El debate democrático exige distinguir entre hechos y narrativas. Los primeros se prueban con evidencias, las segundas se construyen con emociones, algoritmos y repetición.
La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia y que la Fiscalía presente pruebas sólidas y que quienes poseen un enorme poder para moldear la conversación pública no utilicen ese poder para reemplazar la verdad por propaganda.
Porque cuando la opinión pública deja de discutir hechos y empieza a consumir únicamente relatos diseñados para polarizar, el mayor perjudicado ya no es una víctima, un acusado o un gobierno, es la propia democracia.
El caso Cerimedo debe investigarse con rigor, sin prejuicios y sin impunidad. Pero también debe servir como una advertencia sobre un fenómeno más profundo: en el siglo XXI, la justicia ya no enfrenta únicamente a los delitos tradicionales; también debe enfrentar las operaciones digitales que buscan moldear la percepción pública antes de que los tribunales puedan establecer la verdad.
