La Universidad Pública de El Alto (UPEA) se creó tras un parto difícil. Ocurrió durante el turbulento año 2000. La movilización de El Alto fue tan contundente que resultó imposible persuadir la creación de un brazo académico descentralizado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
El departamento de La Paz pagó un alto precio por la visión “hoyadacentrista” de la UMSA que, al contrario que otras universidades públicas, no expandió oportunamente su presencia en una metrópoli cada vez más exigente, ni en las provincias de su vasto territorio.
18 años después, la UPEA no sorprende al arrinconar al Gobierno central y generar un conflicto que bien pudo resolverse más allá del regateo y la poco convincente ley que dispone el subsidio de 70 millones de bolivianos de los 250 demandados.
Es verdad, la revisión de la Ley de Coparticipación hubiera provocado un sismo en el seno mismo del sistema público de educación superior. La modificación de una ley distributiva de transferencias fiscales debiera darse en el marco del tratamiento integral de un pacto fiscal, al que el Gobierno da largas sin convicción. El pacto es el cuento del nunca jamás.
La insurgencia alteña ocurre a la par de que el Gobierno se empeña en asfixiar financieramente a los municipios y gobernaciones, predominantemente liderados por autoridades opositoras. Entretanto, los gobiernos autónomos pro MAS se resignan con las transferencias generosas y compensatorias del programa Bolivia cambia Evo cumple y no temen la aplicación de la inconstitucional cláusula de suspensión de alcaldes abrumados por la inclemente maquinaria de una justicia domesticada.
El conflicto de la UPEA y el colapso de servicios de salud ocurre cuando suma la evidencia del despilfarro, de obras fallidas, de mini y mega elefantes azules de mala calidad o en desuso, financiados por el programa Bolivia cambia Evo cumple a lo largo y ancho del país. Cortar la cinta es su oficio preferido y poco le importa a Evo inaugurar un coliseo en una comunidad carente de agua potable y alcantarillado, ni la impotencia de gobernaciones materialmente imposibilitadas de bancar sus obligaciones con los hospitales de tercer nivel y servicios especializados que debieran contar con el apoyo concurrente de un vigoroso Ministerio de Salud.
El presupuesto asignado al programa presidencial escandaliza. Los años 2015 y 2016 alcanzó 3.511 millones y 2.144 millones de bolivianos, respectivamente. El 2018, de acuerdo al SIGEP, el Ministerio de la Presidencia reporta un presupuesto que orilla los 4.000 millones de bolivianos. Ya en su momento la Fundación Jubileo alertó que los recursos de la Presidencia superaban a los destinados a 14 carteras del gabinete de ministros y que sus inversiones se equiparaban al monto de nueve gobernaciones juntas.
El programa es el lubricante de un inédito y exitoso mecanismo clientelar. Los recursos del Evo cumple son intocables aún cuando la ola de conflictos y carencias obligan a raspar la olla y priorizar inversiones de mayor calidad y relevancia.
Insisto: llegó la hora de interpelar la discrecionalidad e improvisación que caracteriza el uso de los millonarios fondos destinados a municipios, sedes sindicales y un largo etcétera que plantea más preguntas que respuestas. Urge desmontar un dispositivo que plataforma el culto a la personalidad de un ilegal candidato presidencial que aspira perpetuarse en el poder.
Resulta anacrónico, más aún cuando se inicia la discusión del proyecto de ley de organizaciones políticas, con miras a generar condiciones de funcionamiento y de competencia electoral igualitaria y plural. Administrado bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia y la infaltable presencia de Su Excelencia, convertido en alcalde supremo y benefactor, el programa trastoca los principios autonómicos. Diluye la institucionalidad y entroniza al monarca.
¡Ironía e impostura del proceso de cambio! ¡Un programa convertido en legado para la perpetuación del caudillismo prebendal y cuyo tufillo facistoide hoy resulta imposible disimular!
