La investigación penal abierta contra Carlos Mesa por haber ocasionado el pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax – Non Metallic Minerals (Q-NMM) es uno de los hechos que ocupa la atención de la población estos días. Por su parte, el ex-Presidente respondió con fuerza presentando una denuncia en contra de Héctor Arce Zaconeta, ex-Procurador General del Estado, Elizabeth Arismendi, ex-Ministra de Defensa Legal del Estado, César Navarro Miranda, Ministro de Minería, y Pablo Menacho, actual Procurador General, responsabilizándolos por la millonaria indemnización a dicha empresa. Gran parte de la población debe estarse preguntando: ¿quién tiene la razón?, ¿el gobierno o Carlos Mesa? Veamos una apretada síntesis de los hechos.
En diciembre de 2003 Carlos Mesa promulgó la Ley 2.564, declarando al salar de Uyuni reserva fiscal y autorizando la realización de auditorías completas sobre las concesiones existentes en el salar y, en función de los resultados, declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros de las personas que estén incumpliendo las leyes. En ejecución de esa ley, en junio de 2004 Carlos Mesa emitió el D. S. 27.589 disponiendo “la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Q-NMM. Decreto este con dos delicados errores jurídicos: el Código de Minería vigente por entonces (Ley 1.777) no preveía la revocación como modalidad de finalización de la relación jurídica entre el Estado y los titulares de las concesiones y no le correspondía al Presidente adoptar semejante decisión. No obstante, en el curso de las siguientes semanas la empresa fue desalojada de sus concesiones.
En octubre de ese año, el Superintendente de Minas, autoridad competente para decidir en la materia, declaró la anulación de las pertenencias mineras de Q-NMM conforme a los artículos 156 y 158 del Código Minero. Finalmente, en diciembre de 2005, Eduardo Rodríguez Veltzé, al finalizar su mandato, abrogó la errada norma legal de Carlos Mesa mediante el D. S. 28.527. La decisión del Estado boliviano se había reencausado legalmente.
Para enervar la acusación en su contra y basado en la documentación publicada por un matutino cruceño, el ex-Presidente denunció la comisión de graves irregularidades por parte de los citados altos funcionarios masistas en este conflicto:
a) en marzo de 2008 Q-NMM ofertó retirar el proceso arbitral ante el CIADI a cambio de tres millones de dólares, transacción rechazada por Héctor Arce Zaconeta, Ministro de Defensa Legal del Estado, por la existencia de una deuda impositiva de Bs. 9,1 millones, que bien pudieron ser descontados del pago, después de firmar el contrato transaccional,
b) meses más adelante, en el marco de la acción penal abierta por el Ministerio Público, gracias a la confesión del abogado boliviano David Moscoso, se descubrió que personeros de Q-NMM falsificaron documentos para, así, cumplir las formalidades exigidas por el CIADI en el inicio de los procesos arbitrales. A pesar de esa confesión, la entonces Ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, no fue capaz de proteger los derechos de Bolivia, y
c) en agosto de 2016, siendo Procurador General Héctor Arce, sospechosamente, se sostuvo una reunión entre representantes de Q-NMM y la Subprocuradora General del Estado, Carmiña Llorenti, en las oficinas de ésta, en la que se acordó cerrar el juicio penal contra los personeros de la empresa y se redactó un proyecto de sentencia de sobreseimiento, confirmando de ese modo la absoluta sumisión de los órganos de justicia al poder político. Por todo ello, sostiene Carlos Mesa, los responsables del pago de 42,6 millones de dólares a Q-NMM son los mencionados miembros del gobierno de Evo Morales.
Conocidos los antecedentes de este delicado caso, todo hace ver que sólo se necesita esclarecer tres hechos: 1. que Elizabeth Arismendi, en efecto, no defendió adecuadamente los intereses del Estado, 2. ¿cuándo y a solicitud de quién se cerró el proceso penal contra los personeros de Q-NMM, y 3. ¿a cambio de qué finiquitaron ese juicio? Conclusión final: ¡¡el Fiscal General está obligado a abrir la investigación criminal contra Héctor Arce, Elizabeth Arismendi, César Navarro y Pablo Menacho!!
