Estamos ya en un enésimo intento municipal de reordenar la vialidad en la siempre conflictiva ciudad de La Paz. Y no es ninguna novedad que uno de los problemas cruciales de la vialidad es el espantoso número de vehículos que ruedan por las estrechas calles de la sede de gobierno.
Claro que el problema vial en La Paz —que no solo es insoluble sino cada vez mayor— no se debe a la imposibilidad técnica de terminar con el caos que encierra la principal ciudad de Bolivia (no en términos de su mancha urbana, sino de su representación sociopolítica en el ámbito nacional), sino que obedece a intereses políticos de quienes a su turno ocupan la silla edil y/o a la falta de iniciativas que bien podrían erradicar la anarquía de un parque automotor que de por sí sobrepasa la capacidad física de una ciudad irremediablemente mal planificada y a una incultura ciudadana en este ámbito, factores que sumados hacen insufrible caminar o trasladarse en un vehículo por la ciudad de La Paz. Es decir, la inadecuada infraestructura, el crecimiento poblacional, el número de vehículos y la conducción imprudente, desde hace muchos años dan como resultado congestión y demoras, contaminación ambiental, deterioro de la calidad de vida e inseguridad vial.
A ese diagnóstico, desolador para una ciudad que pretende recuperar el sitial que le corresponde como sede de gobierno, es inevitable ignorar que La Paz cuenta con un sistema de servicio de transporte público casi provinciano. Así es, los miles y miles de minibuses, que además vienen de la ciudad de El Alto, ocasionan accidentes y particularmente en el año que cursa, casi a diario, lo cual no puede atribuirse en sentido estricto a hechos fortuitos o accidentales, porque el servicio de esos pequeños buses, que son una antesala de la tragedia, carecen de las más básicas medidas de seguridad: en ellos nadie usa cinturones de seguridad y tienen asientos que, si están en su sitio, son una falta de consideración al usuario que paga un pasaje que desde hace unos meses se ha fijado a capricho de los choferes.
El aumento de todos esos fenómenos, muchos causados por los minibuses —que estéticamente son una afrenta y desde la perspectiva de su garantía de seguridad, una tómbola sujeta únicamente a la fortuna—, ha implementado el sistema de estacionamiento tarifado, el cual no sé si solucionará el tráfico vial o solo complacerá intereses que siempre hubo en asuntos que tienen que ver con el ámbito de aplicación municipal.
Recuerdo que hace muchísimos años —aunque no con la seguridad de que haya sido el primer intento en ese sentido— se implementaron los parquímetros, que, como todo lo que forma parte de la propiedad fiscal que está al alcance físico de la gente, más tardaron en su instalación que en su desaparición. Al poco tiempo, los coquetos parquímetros quedaron hechos añicos en todas las arterias donde se los plantó.
Hasta hace un año más o menos se habilitaron espacios o cajones de estacionamiento en algunas zonas como Sopocachi, cuyo pago se hacía a guardias municipales que estaban vigilando el tiempo a los vehículos hacían uso de ellos. El pago del importe se lo hacía en el acto, contra un recibo de constancia. El método tampoco funcionó…
Hoy nos encontramos ante 6.000 cajones demarcados casi indiscriminadamente, con pintura que no guarda los estándares internacionales para ese fin y tampoco con las medidas de cada uno de ellos ni las distancias que deben guardar respecto a las esquinas, de manera que esas líneas más pronto que tarde desaparecerán como toda la señalización horizontal. En consecuencia, los vehículos compactos de mayores dimensiones difícilmente podrían estacionarse en esos espacios; por otro lado, vehículos como los Puma Katari tampoco podrían virar con la seguridad que una arteria debe ofrecer.
Por último, cobrar Bs 5 la hora de estacionamiento es un atentado al bolsillo del ciudadano, si tenemos en cuenta que el GAMLP no garantiza la seguridad del vehículo y que este fácilmente puede ser robado, hecho que en un parqueo privado y techado no ocurre, pues en él, si bien no se garantiza la pérdida de los objetos que guarezca el motorizado, cuando menos sí se garantiza que el carro no sea robado, ya que no puede ser retirado si no es con la exhibición del comprobante de pago correspondiente.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
