El 16 de abril de 2009, una madrugada que quedó grabada a fuego en la memoria de nuestra tierra, fuerzas del Estado irrumpieron de forma violenta en el Hotel Las Américas de Santa Cruz. La versión oficial habló entonces de desarticular una conspiración, de un supuesto plan separatista y de una amenaza contra la institucionalidad. Pero la realidad fue mucho más oscura y dolorosa: aquella operación no fue más que el inicio de una feroz persecución política orquestada desde las más altas esferas del poder central, cuyo verdadero propósito era acallar el reclamo autonómico cruceño y someter cualquier voz que se alzara contra el modelo imperante en aquel entonces.
Lo que no siempre se recuerda con toda su crudeza es que entre las víctimas hubo también ciudadanos extranjeros: personas que se encontraban en nuestro país y que fueron arrastradas a la misma pesadilla, pagando con su libertad, su integridad física y hasta con su vida un montaje del que eran totalmente ajenos. Algunos perdieron la existencia en circunstancias que jamás fueron esclarecidas, hechos que hoy se señalan como presuntas ejecuciones extrajudiciales; otros fueron sometidos a brutales sesiones de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el único fin de forzar confesiones inventadas, fabricar culpables y dar apariencia de legalidad a una mentira construida desde los despachos de poder. No hubo respeto por su condición de extranjeros, ni consideración humanitaria alguna: para los responsables de aquel operativo, todos eran enemigos que debían ser destruidos.
Sin embargo, el tiempo y la perseverancia terminaron abriendo camino a la verdad. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe concluyente que determinó la responsabilidad del Estado boliviano por la violación de derechos fundamentales —a la vida, a la integridad personal, a la libertad y al debido proceso— de todas las víctimas del caso. El organismo internacional no dejó lugar a dudas: lo ocurrido fue una persecución política planificada desde la cúpula del poder, y quienes encabezaron el gobierno en aquel momento fueron señalados como los principales responsables intelectuales de toda la estrategia represiva.
Recientemente, además, las víctimas del llamado caso Terrorismo presentaron una denuncia ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra más de un centenar de personas vinculadas al gobierno del MAS, entre ellas el expresidente Evo Morales. Esta presentación se suma a la iniciativa del denunciante David Sejas, quien también acudió a la justicia local con una denuncia contra 153 personas involucradas en el operativo y el montaje judicial que le siguió. Al preguntarse por qué las máximas autoridades de aquel periodo aparecen en procesos distintos, la explicación es clara: no han quedado impunes, sino que la naturaleza de su responsabilidad y el avance de las investigaciones definen los caminos legales que corresponden.
Como explicó el propio denunciante: «Ellos ya tienen un proceso en la CIDH». Tras las pesquisas realizadas, el caso contra quienes ocuparon la presidencia y la vicepresidencia avanzó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH fue precisa: la investigación y sanción de los responsables debe comenzar precisamente por quienes estaban en la cúpula del Estado, pues fueron ellos quienes impulsaron, autorizaron y sostuvieron toda la estructura de persecución política bajo la cual se cometieron los excesos contra bolivianos y extranjeros por igual.
Mientras el proceso internacional sigue su curso, la denuncia presentada en Santa Cruz señala a quienes ejecutaron, respaldaron o encubrieron los hechos: el exvicepresidente David Choquehuanca; Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente; los exfiscales generales Juan Lanchipa y Ramiro Guerrero; así como los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Betty Yañíquez, entre otras autoridades que ocuparon cargos decisivos y que ahora deben rendir cuentas por su participación.
No se trata de que unos queden libres de culpa y otros carguen con todo. Se trata de que la justicia avance por los cauces que corresponden, según la responsabilidad y el rango de cada quien. Los autores intelectuales principales —señalados expresamente por la instancia internacional— enfrentan su proceso ante la Corte Interamericana; quienes ejecutaron, encubrieron o abusaron de su poder para consumar la injusticia lo hacen ante la justicia ordinaria. Y en todos los casos, se debe dar cuenta también del sufrimiento de aquellos extranjeros que pagaron un precio tan alto por una causa que no era suya.
El caso del Hotel Las Américas nos enseña que la impunidad tiene los días contados. Que aunque pasen los años, los hechos no se borran ni se pueden ocultar para siempre. Que la vida arrebatada, la integridad pisoteada y la dignidad ultrajada de bolivianos y extranjeros exigen una sola cosa: que se conozca toda la verdad, que se juzgue a todos los responsables y que en suelo boliviano nadie intente jamás repetir algo parecido. Nadie está por encima de la ley, y mucho menos por encima de una justicia que, tarde o temprano, llega para todos.
