El 1 de julio de este año, 97 trabajadores del periódico “La Razón” fueron despedidos de sus fuentes de ingreso. El promedio de antigüedad laboral entre sus filas, a decir de Claudia Benavente, la ejecutora de esa “masacre blanca”, es de 15 años. Pública e ilegalmente dicha empresa ha decidido no pagarles su desahucio. ¿Para eso sirve entonces el coronavirus?, ¿para despachar con una “patada en el poto” (palabras de ella) a colegas que han invertido media vida en un medio impreso tan importante?
Aún quedan 143 trabajadores en ese diario. Ahora que achicaron, ¿les toca esperar al juramento de Lucho Arce como presidente constitucional electo?, ¿es ese el plan de salvamento de la gerencia? Disculpen las preguntas cargadas de cinismo y es que no nos han dejado alternativa. Sin embargo, la duda es pertinente. En los últimos diez años, Carlos Gill, dueño y magnate de tres nacionalidades, dejó que Benavente transformara ese diario en el patrio trasero de su cuate, el entonces Vicepresidente del Estado. El retorno al poder de los compadres de García Linera, ¿le devolverá salud financiera al matutito de Auquisamaña?
La profusión de datos de los últimos días otorga este timbre de voz. Y es que ser mudo no es una opción a considerar cuando los datos retratan la ignominia inferida a nuestro periodismo. El directorio de “La Razón” estuvo y está conformado por íntimos allegados de García Linera, sus perfectos “lacayos intelectuales” para abusar de un término acuñado por el fallecido Guillermo Bedregal.
¿Casualidad? Los brazos comerciales e ideológicos del ex vicepresidente lo succionaban todo, mientras Evo subía y bajaba con su pelota del helicóptero rojo. Desde 2006 el hombre de las canas reclutó y cohesionó una nueva clase gobernante sobre la que imperaba con pésimo disimulo. Sin embargo porfiaba en decirnos que aquel era “el gobierno de los movimientos sociales”, una mentira tan gigante como perversa. Era, a lo sumo, el gobierno del Bachiller en Jefe.
Quien no crea en que García Linera montó una “Business-presidencia”, que por favor no enmudezca ante los siguientes cuestionamientos: ¿Qué hacía el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni,en el rol de secretario de Carlos Gill el 25 de abril del año pasado?, ¿por qué ninguno de los miembros del Directorio de “La Razón”, ni Armando Ortuño ni Sandra Aliaga ni Ernesto Pérez de Rada ni el citado Exeni, presumió jamás aquel nombramiento en sus hojas de vida o cuando menos en alguna pachanga sabatina?, ¿tenían vergüenza acaso de que se supiera? No, no fue pudor ni modestia, fue nomás la intima certeza de que cooperaban con la opacidad y la pantomima, artes consagradosante la platea de los medios de comunicación bajo la larga administración del MAS.
Carlos Gill perpetró primero en “La Razón” lo que el hermano de su principal amanuense, el venezolano Jesús Abreu Anselmi, hizo en 2014 con “El Universal” de Caracas. El modus operandi que también terminó por destruir aquel sello periodístico, parece calcado de lo conseguido en La Paz: compra subrepticia, captura gradual y sostenida y cambio de la línea editorial. Una vez que el diario muda de color, viene la recompensa: contratos sin licitación con el Estado, ventas e intermediaciones. Para estos operadores extranjeros, los medios de comunicación fueron meros botines para influir y juntar billetes. “No soy una ONG”, le decía Gill a Carlos Valverde a fines del año pasado.
Aunque el daño ya está hecho (¿quién puede creer hoy en “La Razón”?) imploro desde este rincón, el alzamiento de un coro de voces, incluidas las de los columnistas no solo mudos, sino también ciegos de aquel periódico, para que los trabajadores despedidos reciban la indemnización legal y justa por sus años de servicio. Si se consideran de izquierda, es lo esperable, muchachos.
Si les da pavor, no lo escriban, pero al menos murmúrenlo. Si de pronto sienten que les faltan argumentos, acá les dono un par: Gill recibió 105 millones de dólares por las obras civiles de oneroso Teleférico de La Paz y El Alto, también ha lucrado transportando dos millones de toneladas anuales de bienes por las vías férreas y si con eso no le alcanza para hacer justicia con este país que no conoce, que eche mano de su caja de caudales off shore afincada en Barbados desde 2008.
Rafael Archondo es periodista.