El país, históricamente marcado por su capacidad de resistir adversidades, se encuentra en un momento crítico que refleja las tensiones acumuladas tras años de incertidumbre y desgaste institucional, enfrentando grandes desafíos en los ámbitos económico, político y social.
La economía boliviana, que en la última década experimentó un auge impulsado por la exportación de gas y minerales, atraviesa un periodo de desaceleración. Las reservas internacionales han caído a niveles alarmantes, lo que pone en riesgo la estabilidad cambiaria y limita la capacidad del gobierno para financiar políticas públicas. Según el Banco Central de Bolivia, las reservas internacionales netas a finales de agosto de 2024 eran de 1.905 millones de dólares, de los cuales solo 153 millones de dólares eran divisas.
Además, la inflación ha comenzado a afectar el poder adquisitivo de las familias, especialmente en sectores rurales y urbanos populares. Los precios de alimentos básicos, como el arroz, el azúcar y el aceite, han aumentado significativamente, generando malestar social. En este contexto, el sector informal, que representa más del 60% de la economía, se convierte en un paliativo para muchas familias, pero no ofrece estabilidad ni seguridad social.
El gobierno de Luis Arce ha intentado implementar medidas paliativas, como subsidios y bonos sociales, pero estas han sido limitadas por la falta de recursos. La dependencia de Bolivia de la exportación de materias primas, combinada con la caída de los precios internacionales del gas, ha dejado al país en una situación económica precaria.
En el ámbito político, la situación no es menos compleja. El Movimiento al Socialismo (MAS), partido gobernante, atraviesa una de sus mayores crisis internas. La pugna entre el presidente Arce y el exmandatario Evo Morales ha fragmentado al partido y generado incertidumbre sobre su capacidad para mantenerse como una fuerza unificada de cara a las elecciones de 2025. Morales, que aún cuenta con una base de apoyo significativa, ha criticado abiertamente la gestión de Arce, mientras que sectores del MAS más afines al presidente han intentado distanciarse del liderazgo histórico de Evo.
Esta división ha debilitado al gobierno, que enfrenta una creciente oposición no solo desde sectores tradicionales de derecha, sino también desde grupos disidentes dentro del MAS. La pérdida de cohesión política ha dificultado la implementación de políticas públicas efectivas y ha incrementado la percepción de inestabilidad.
Por otro lado, la desconfianza en las instituciones continúa siendo un problema estructural. Escándalos de corrupción, como el desvío de fondos en proyectos estatales, han erosionado aún más la credibilidad del gobierno. La falta de independencia judicial y el uso político de las instituciones han generado un clima de frustración en la ciudadanía.
En el ámbito social, Bolivia sufre un malestar creciente debido a las desigualdades económicas y las demandas insatisfechas de diversos sectores. Los conflictos sociales han resurgido con fuerza, incluyendo protestas de sectores laborales, comunidades indígenas y movimientos urbanos.
Uno de los puntos más críticos ha sido el descontento en los sectores rurales, donde l@s productor@s agrícolas se quejan de la falta de acceso a mercados y políticas de apoyo insuficientes. A esto se suman las demandas de los gremios de salud y educación, que denuncian la precariedad de los servicios públicos y exigen mejoras salariales y laborales.
Las demandas de los movimientos indígenas también han ganado protagonismo, con reclamos que van desde el reconocimiento de sus derechos territoriales hasta la participación en decisiones políticas. Estos sectores, que alguna vez fueron la base de apoyo del MAS, ahora expresan su desilusión con el partido gobernante, acusándolo de no cumplir con la agenda de transformación social que prometió.
Además, la inseguridad ciudadana ha aumentado significativamente, alimentada por el narcotráfico y el crimen organizado. Este problema ha exacerbado la percepción de un Estado incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
La combinación de crisis económica, tensiones políticas y conflictos sociales plantea un desafío multidimensional que requiere liderazgo, diálogo y visión estratégica. Sin embargo, la fragmentación política y la falta de confianza en las instituciones hacen que estas soluciones parezcan distantes.
El país necesita un gobierno que implemente políticas que no solo estabilicen la economía, sino que también respondan a las demandas sociales y reduzcan las tensiones políticas. Esto incluye medidas para diversificar la economía, combatir la corrupción y garantizar la inclusión de todos los sectores en la toma de decisiones.
Por su parte, la sociedad civil y los movimientos sociales tienen un papel fundamental en la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. La movilización ciudadana, si bien es un síntoma de descontento, también puede ser una herramienta para exigir transparencia y justicia.
Las elecciones de 2025 serán un momento decisivo para Bolivia. El país enfrenta no solo una competencia política intensa, sino también la necesidad de resolver problemas estructurales que han sido postergados durante décadas. La fragmentación política, el descontento social y la fragilidad económica conforman un panorama complejo que requerirá liderazgo, diálogo y visión estratégica. El éxito de las próximas elecciones dependerá de la capacidad de l@s actor@s polític@s para ofrecer soluciones concretas y garantizar un proceso electoral transparente y legítimo. Bolivia, una vez más, se encuentra al borde de una encrucijada histórica. ¿Logrará superar sus tensiones internas y avanzar hacia un futuro más estable y próspero? La respuesta se definirá en las urnas y en las calles durante los próximos meses.
