Los parlamentarios no terminan de comprender la gravedad de la crisis terminal del estado plurinacional, obran como sí todo fuese normal y que las cuasi instituciones funcionan sin mayor tribulación.
Las pocas iniciativas que surgen de su seno, se asientan en terreno pantanoso que les impide vislumbrar salidas, están entrampados en un laberinto enrevesado del que no pueden salir, de este modo prolongan la vida del estado derruido, lo que políticamente, tiene consecuencias y responsabilidades severas.
El proyecto de ley excepcional para la preselección de magistrados del tribunal supremo y del tribunal constitucional no es viable, porque insistir en aplicar el método constitucional fallido, encima vulnerándolo, profundizará la crisis del sistema judicial que no es coyuntural ni reciente.
En el estado nacional, el sistema judicial había caído en manos de las élites partidarias que se cuoteaban los espacios, afectando el principio de independencia, que en democracia es la piedra angular de la relación entre los órganos de poder.
La Asamblea Constituyente del 2006, sirvió para que asesores españoles usaran a Bolivia como a su conejillo de indias e impusieron la aventurada idea de elegir a los magistrados por la vía del voto ciudadano bajo el argumento de que una elección directa transparentaría la justicia y eliminaría el sistema de cuotas partidarias que afectaban la imparcialidad de los jueces, para ello, era necesario implementar un nuevo sistema de elección y una separación flexible de órganos e incluyeron el principio de cooperación, que en los hechos sirvió para justificar la intervención de uno de ellos sobre los otros.
En los hechos el remedio resulto peor que la enfermedad, sirvió para instalar un régimen autoritario electoralizado que contribuyó al control del órgano ejecutivo sobre el resto y a la intervención de los movimientos sociales como factores políticos monopólicos que influyeron en la voluntad de los administradores de justicia.
El principio de independencia y separación, quedó en la pura declaración, la sola existencia de presos políticos del régimen anterior, es una muestra de ello, la presencia de la dictadura aún pesa.
Esto devela que, si no se llega al fondo y solo se toman medidas parche, la crisis persistirá y sea quien sea gobierno no cambiará el clima de injusticia, caos y abuso por parte del poder político, es necesario superar la costumbre de ir a las ramas y no a las raíces.
Dejar intocable lo pluri y eludir el fracaso de la constitución, induce a los políticos a no romper con el pasado cuando lo que corresponde es superarlo afectando su andamiaje jurídico, cuya base es la constitución política que debe ser reformada en su totalidad.
Este es el punto de partida liminar de la nueva era que debe estar basada en principios y valores democráticos como fundamento del manejo de los órganos de poder y de los sistemas político y judicial.
Insistir en la activación de procedimientos infructuosos en la selección y elección parcial de magistrados, anuncia la reiteración de prácticas en la linea abierta por el anterior gobierno y sus nefastos operadores, los auto prorrogados. La sola presencia aislada de profesionales meritorios sin cambiar el sistema perverso no es garantía de que no serán absorbidos y sometidos, lo que perpetuará la instrumentalización de la justicia.
Los defensores de las soluciones parciales indican que el país no puede estar con un órgano que funcione a medias y un tribunal constitucional que apenas subsiste, que es necesario tomar medidas así sean de dudoso apego a la constitución y prolongar el estado de cosas por más tiempo perjudica, en particular, al mundo litigante.
Este razonamiento sería atendible si la crisis fuese solo del órgano judicial y del tribunal constitucional y no del conjunto del estado, el inadecuado o escaso funcionamiento de dichas entidades viene de años atrás, por lo que, en un extremo, podría ser mejor que no funcionen por un tiempo prudencial a que lo hagan mal, esto serviría para que el texto constitucional sea reformado a profundidad.
Un cierre temporal, no sería extraño, sucedió en el pasado cuando se declaró la vacatio legis por casi un año sin despacho de causas en el Tribunal Constitucional y permitió iniciar sus actividades con certidumbre, sin necesidad de dictar normas alocadas.
Alternativamente existe otra salida que está normada y evitaría la vulneración del artículo 182 constitucional que prescribe que la elección de magistrados será en un proceso electoral único y exclusivo, lo que significa que no pueden haber eventos electorales parciales porque el periodo de funciones es colectivo por seis años, no existen plazos personales, de tal manera que todos los magistrados son elegidos en un mismo acto electoral y ejercerán y concluirán sus funciones en un mismo tiempo. Pretender elegirlos de manera fragmentada es inconstitucional, empero si solo y únicamente para este fin, quieren reformarla es prolongar en el tiempo el conflicto y anclar todo un sistema en el statu quo.
Repetir una ilegalidad no es solución, no se debe olvidar que los actuales magistrados fueron elegidos el año 2024 en una elección parcial que vulneró la constitución con las consecuencias que hoy se sufren, ese fue el momento en el que se fracturó una de las reglas de juego por el órgano encargado de velar el cumplimiento de la constitución y, ahora, pretenden incurrir en una nueva infracción.
El artículo 197-II a la letra dice “Las Magistradas y los Magistrados suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional no recibirán remuneración, y asumirán funciones exclusivamente en caso de ausencia del titular, o por otros motivos establecidos en la ley” En cumplimiento de este mandato los suplentes que obtuvieron la mejor calificación podrían asumir el cargo sin mayores objeciones, al haber sido elegidos en el mismo acto los magistrados titulares y suplentes cumplirían su mandato todos ellos al mismo tiempo, una convocatoria parcial esencialmente inconstitucional obligaría a efectuar gastos onerosos de varios millones y, finalmente, esta forma de designación no sería afectada por el factor tiempo en la medida de que los suplentes habilitados podrían asumir sus funciones de inmediato.
Se tienen que dar respuestas con seriedad y certidumbre, evitando abrir debates interminables y sin destino, la solución al entuerto está ahí, corresponde a las fuerzas políticas con representación parlamentaria decidir.
Mantener el estado actual de cosas es criminal, se deben transitar por caminos diferentes a los que usaron los auto prorrogados, es el momento de romper comportamientos delincuenciales y dar pasos legales sin miedo alguno.
