Es característico que, a principios de año, las universidades públicas apliquen exámenes de ingreso. Pero esta actividad se ha convertido en un derroche de “creatividad” para hacer trampa y de negocio para quienes lucran con la educación.
Cinco estudiantes que rendían su Prueba de Suficiencia Académica (PSA) en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), fueron encontrados, in fraganti, con audífonos del tamaño de un grano de arroz, una cámara oculta detrás de un botón y celulares prendidos en el pecho.
Pero si eso no le parece suficiente, un estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UMSS fue aprehendido por la Policía tras intentar suplantar a una postulante en el examen de ingreso a la Facultad de Tecnología. El impostor se había disfrazado de mujer.
Este tipo de hechos desnuda la calidad de estudiantes que se forman en los colegios, pero también la precariedad con la que las universidades aún aplican los exámenes de ingreso, exentos de herramientas tecnológicas para evitar estas penosas situaciones.
A ellos se suman los “negociantes” que brindan sus servicios para realizar cobros por resolver las pruebas y todo un aparato que involucra, incluso, a gente que trabaja en las mismas universidades. Según los testimonios de los padres de familia, se realizaron pagos de hasta 2.500 dólares para “aprobar” esos exámenes de ingreso.
Es necesario volcar la mirada a esta situación. No olvidemos que de estos espacios salen los futuros profesionales que supuestamente están preparados para resolver las necesidades de la sociedad.
Editora de Economía de Los Tiempos
